La voz de los pueblos ancestrales se oye por fin en Ecuador
Por Liset García / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
La noticia de que la Corte Constitucional ecuatoriana ratificó las decisiones de instancias inferiores en relación con las zonas amazónicas afectadas por el extractivismo, ha conmovido a Ecuador, señal de que los pueblos pueden y deben ser escuchados.
Organizaciones indígenas de Ecuador habían presentado más de 365.000 firmas ante la Corte Constitucional para exigir su derecho de que previo a autorizar cualquier tipo de extracción minera o petrolífera en la zona amazónica, la decisión les sea consultada. Ahora, la Corte Constitucional no solo ratificó las decisiones de las otras instancias, sino que dispuso la reparación integral en las zonas afectadas.
“El mundo tiene sus ojos sobre Ecuador debido a los históricos casos de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza, que vencieron al poder empresarial y al Estado ecuatoriano que entregó concesiones mineras y petroleras en sus territorios ancestrales, sin la debida consulta”, expresa un comunicado publicado por los firmantes de la reclamación ante la Corte.
El texto detalla que la petición se posiciona contra la intención del presidente Guillermo Lasso y su Ejecutivo “de aplicar políticas petroleras y mineras que plantean la expansión de estas actividades, poniendo en riesgo territorios indígenas de todo el país, en especial de la Amazonía”.
Varios líderes indígenas aplaudieron este viernes la reciente sentencia de la Corte que reconoce el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre su territorio como un paso en la lucha a favor de la Madre Tierra y contra el cambio climático. En comparecencia virtual, dirigentes nacionales y de la región amazónica, celebraron que el alto tribunal fallara a favor de la nacionalidad Cofán, en el conocido como Caso Sinangoe, y que el dictamen recoja que debían ser reparados por las afectaciones provocadas por decenas de concesiones mineras en sus tierras ancestrales.
Un líder de la comunidad de Sinangoe, Wider Guaramag, explicó que la sentencia de la Corte Constitucional en contra de las concesiones mineras en las riberas del río Aguarico, es un triunfo. “Nuestros abuelos han dejado un territorio libre de contaminación, eso hemos heredado y es lo que queremos pasar a las futuras generaciones”, dijo.
También el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, censuró que el Estado no haya garantizado los derechos de los pueblos nativos. Asimismo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, también encomió la sentencia sobre el caso Sinangoe como emblema de protección de esa región selvática frente al cambio climático.
El líder de la Confenaie resaltó el hecho de que ese fallo marca un importante precedente en cuanto al derecho de las comunidades autóctonas a la consulta y “el consentimiento previo, libre e informado”.
Voceros de @CofanesS, y organizaciones indígenas y de DDHH se pronunciaron sobre la sentencia de la @CorteConstEcu.
Alexandra Narváez: "Con esta sentencia ganaron todos los pueblos y nacionalidades indígenas que están en riesgo, porque van a poder defender sus territorios". pic.twitter.com/eMfFDbagCG— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 11, 2022
En un mensaje en la red social Twitter de CONAIE@CONAIE_Ecuador expresa que con esta sentencia en el caso Sinangoe, el presidente Lasso y su Ejecutivo están obligados a consultar las decisiones que involucren a territorios que pertenecen a los pueblos ancestrales.
Estos son los ecos que todavía se escuchan del expresidente Rafael Correa, quien junto a la premio Nobel Rigoberta Menchú, denunciara los derrames de petróleo en plena selva ecuatoriana y los daños que empresas extranjeras ocasionaron allí, mientras negaban que tales perjuicio existieran.
Al continuar las denuncias, y varios años después, cinco jueces de la Corte Constitucional de Ecuador (Daniela Salazar, Karla Andrade, Ramiro Ávila, Alí Lozada y Agustín Grijalva), realizaron una audiencia, por primera vez en una comunidad indígena.
Realizada el pasado 15 de noviembre, como parte del proceso de reclamación de esos pobladores ancestrales amazónicos, quedó demostrada la validez del reclamo contra la decisión del Gobierno de utilizar sus territorios para el extractivismo petrolero, que mediante contratos concesionarios a empresas transnacionales y corporaciones, comprometen no solo el futuro de la Amazonía, sino de la humanidad.
En un hecho sin precedentes en Ecuador, los magistrados llegaron a la comunidad A’I Cofán de Sinangoe, en Sucumbíos, donde vieron de cerca la realidad denunciada. La noticia que circula es que ahora su fallo es de obligatorio cumplimiento: las comunidades deben ser consultadas antes de cualquier contrato para el uso de los recursos naturales del mayor pulmón del planeta.
Foto de portada: Julio Estrella / El Comercio.
