Desplazados y violencia electoral en panorama colombiano

Por Orlando Oramas León * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

El desplazamiento forzado resulta un flagelo en aumento en Colombia, según consigna la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que deja otra vez mal parado al gobierno de ese país.

La diáspora humanitaria provocada por la violencia creció en 179 por ciento en 2021 respecto al año anterior, lo que de acuerdo a la oficina del organismo internacional afectó a más de 73 mil personas.

La OCHA considera que las víctimas resultaron obligadas a escapar de “sus territorios de origen” por los desmanes de grupos ilegales armados.

Buena parte de los desplazados abandonaron sus comunidades tras recibir amenazas “directas por medio de llamadas telefónicas, panfletos y mensajes”, indica la ONU.

Tales amenazas son tomadas muy en serio por los pobladores de un país donde líderes comunitarios y sociales mueren casi a diario sin que la fuerza pública y el gobierno del presidente Iván Duque consiga protegerlos.

Muchos pobladores optan por recoger sus bártulos y escapar a los choques armados entre bandas que buscan dominar territorios que antes controlaba la guerrilla de las FARC, cuyos miembros en su mayoría se acogieron a acuerdos de paz que la administración de Duque tampoco cumple.

La disputa por el mercado y las rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales ponen en el colimador a comunidades rurales, sin resguardo gubernamental y muchas veces rehenes de los grupos criminales.

Solo en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Nariño, en el Pacífico colombiano, al menos cinco grupos armados se disputan la hegemonía. No por gusto en esos territorios ocurre el grueso de los desplazamientos forzosos, afirma el informe de OCHA.


Esa oficina señala que las comunidades negras e indígenas resultan las más perjudicadas, incluido el 18 por ciento de menores de edad. También apunta que solo el 16 por ciento de los desplazados consiguió retornar a sus hogares.

Se trata de un fenómeno de vieja data por el cual más de ocho millones de colombianos se han visto obligados a abandonar sus lugares de origen en las últimas seis décadas.

Uno que no pudo escapar fue el exalcalde del municipio de Sevilla en el Valle del Cauca, quien se suma a la lista de asesinados políticos. Fue ultimado en el centro de esa localidad, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Con su muerte suman 24 los líderes sociales ultimados en Colombia desde el primer día del 2022.

Indepaz considera que el crimen pudiera estar enmarcado en los actos de violencia en el contexto de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos y presidenciales de marzo y mayo respectivamente.

Por su parte, la Fundación Paz & Reconciliación confirmó que cuando solo falta un mes para las elecciones al Congreso de Colombia, ya se registran 163 víctimas de violencia electoral y 124 hechos asociados, incluidos 19 asesinatos.

 

(*)  Periodista cubano, autor de los libros “Raúl Roa, periodismo y Revolución”, “Pohanohara, cubanos en Paraguay” y “Cuentos del Arañero”.

Foto de portada: Dejusticia.

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