Falta de respuesta gubernamental pone en riesgo a los uruguayos
Por Liset García* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
La falta de presupuesto y de atención del Ejecutivo nacional al déficit en la atención de la salud de los uruguayos los lleva a la incertidumbre y la inseguridad, aún más en tiempos de pandemia que todavía azota al país y ha dejado secuelas mentales en muchos pacientes.
Entre los temas pendientes de solución está el limbo en que se encuentra la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, que venía funcionando desde 2018 para velar por el cumplimiento de la Ley de Salud Mental, pero no se han cubierto sus vacantes desde septiembre de 2021 y por tanto no puede ejercer esa función en defensa de los pacientes.
El período de mandato de esa comisión es de tres años, y según su expresidente, el siquiatra Ángel Valmaggia, el Poder Ejecutivo no ha dado respuesta a la petición de cubrir las vacantes de los representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), de la Universidad de la República, de las organizaciones de los trabajadores de la salud mental y de familiares con padecimiento mental que, entre otros, integran ese ente de manera honoraria.
De acuerdo con la ley, por cada representante titular se designa un alterno, en cuyo nombramiento tiene la última palabra el Poder Ejecutivo. Cada organización propone y el gobierno dispone.
“La comisión está establecida por ley, con obligaciones específicas que no se están cumpliendo, y eso es una falta de garantía para las personas que tienen un trastorno de enfermedad mental”, aseguró el doctor Valmaggia, por lo que considera nada banal que la comisión no esté conformada.
De acuerdo con lo que establece la ley, la comisión mencionada supervisa e inspecciona las condiciones y los sitios donde se hospitalizan los pacientes de salud mental, controla que el internamiento no sobrepase los días permitidos, así como que las internaciones involuntarias estén correctamente justificadas. Además, recibe y tramita denuncias de los usuarios, familiares o actores asistenciales, e interviene de ser necesario en soluciones por vía judicial, entre otras tareas.
El doctor explicó que durante los tres años de su mandato realizaron múltiples inspecciones y desencadenaron el cierre de tres instituciones “por las malas condiciones en que se encontraban los pacientes”.
Por su parte, la psicóloga Cecilia Baroni, integrante de esa organización, narró a La Diaria que hace un año “está trancado” el expediente de solicitud de dos representantes –incluida ella– para cubrir las vacantes de quienes salieron aquel mes. Denunció que desde entonces hasta septiembre, aun con la comisión actuando, el Frente Antimanicomial no contó con representación en la Comisión.
También Valmaggia subrayó la relevancia de que la comisión esté integrada por diversas instituciones y organizaciones, para tener una visión de cada caso que requiera atención especializada. Pero al dedicarse apenas un mínimo presupuesto para esta actividad en varias ocasiones los traslados de sus integrantes para estudiar la situación de los pacientes deben hacerlo en vehículos particulares.
Tampoco las sociedades científicas completaron su representación en la comisión. Así lo confirmó el presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Artigas Pouy, quien explicó que escogieron a su titular a finales del pasado año y el Ministerio de Salud no ha dado respuesta.
Pouy dijo que le preocupa la tardanza en la conformación de un nuevo equipo para que la comisión vuelva a funcionar. Su función es vital para proteger los derechos de los pacientes, como señala la ley. Y no solo es para los casos de internaciones compulsivas, sino también con los que padecen discapacidades y otras enfermedades graves, crónicas y persistentes, además de velar por la atención que reciben en instituciones de permanencia prolongada.
La mencionada ley también encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo defender y promover los derechos de las personas con trastornos mentales. Una de sus integrantes, la psicóloga Mónica Giordano, también está a la espera de lo que dictamine el Ministerio de Salud.
Pero la espera no podrá ser eterna porque proteger la vida de los pacientes es deber del Estado. En caso de maltratos, procedimientos inadecuados e injustificados, los familiares no tienen a quién pedir cuentas.
(*) Periodista cubana. Colabora con Resumen Latinoamericano.
Foto de portada: DL.
