El Salvador: Más detenciones masivas y violaciones de derechos
Luego de dos semanas de la guerra de las pandillas el presidente de ese país ha impuesto el estado de excepción, modificó de 72 horas a dos semanas las detenciones sin cargos, redujo raciones de comida e incurrió en degradaciones hacia los reos. Entidades de Derechos Humanos criticaron esta modalidad indiscriminada que también condiciona a los trabajadores de prensa.
En los últimos días de marzo El Salvador vivió enfrentamientos entre pandilleros que provocaron 62 asesinatos. Mientras, el Congreso de esa nación dio luz verde al estado de emergencia y comenzó una represión contra delincuentes que, en nombre de la seguridad y la justicia, vulnera derechos humanos básicos.
En dos semanas de abril, el presidente Nayib Bukele sacó a los policías y militares en una caza indiscriminada donde se produjeron detenciones a mansalva que superan los 11.000 casos, algunos sin denuncias de por medio.
La violencia contra los encarcelados se ha legitimado y el jefe de Estado ordenó la construcción de una nueva institución de máxima seguridad con capacidad para 20.000 reclusos.
En esta guerra declarada para terminar con las pandillas el mandatario dio lugar a medidas que llamaron la atención de organizaciones de los derechos humanos y al repudio de la comunidad internacional.
El estado de excepción restringe la libertad de asociación, el ser informado de los derechos en caso de detención y el acceso a un abogado. Incluso se establecieron penas de prisión de 10 a 15 años para los periodistas que difundan mensajes pandilleros que puedan generar temor en la población.
Como parte del estado de emergencia se modificaron o suspendieron derechos legales básicos como, por ejemplo, extender el periodo de detención sin pruebas el cual pasó de tres días a 15 y pinchar comunicaciones sin orden de un juez. Además, en el interior de las prisiones, se les confiscaron la ropa interior y colchones.
Con este contexto proliferaron las denuncias de derechos humanos. Son aproximadamente 67 las que llegaron a la oficina del fiscal de El Salvador, de las cuales 33 acusan que se produjeron arrestos arbitrarios.
En tanto que también se advirtió que congelar derechos fundamentales abre la puerta para incurrir en abusos. Liz Throssell, portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó el 5 de abril que estaban “profundamente preocupados” por las medidas establecidas desde San Salvador.
En aquel momento, Throssell expresó que “5 747 personas fueron detenidas sin orden de arresto y algunas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Sin embargo, Bukele ha minimizado las quejas de la comunidad internacional y entidades humanitarias. “No me importa lo que digan. Que vengan acá y protejan a nuestra gente. Pueden llevarse a los pandilleros si quieren, se los damos todos”, enfatizó.
No obstante, a pesar de la violencia explícita y la violación a los derechos humanos más básicos de un detenido, una parte importante de la ciudadanía está a favor de este accionar. Esta fracción, harta de la delincuencia, es la que más respalda la alta popularidad del presidente Bukele.
Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.
