Miami, el tráfico de drogas y otras alertas (I)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La llamada “capital del sol”, también conocida por ser la meca de la contrarrevolución cubana, además de exhibir elevados índices de criminalidad, violencia pública y doméstica, brutalidad policial endémica, con abundante  presencia de roedores, cucarachas, moscas en sus populosos restaurantes y cafeterías, presentar sonados casos de tráfico de influencias y corrupción administrativa, todo esto bajo la batuta, del bravucón Francis Suárez, quien se ha erigido en Dios al clamar que las bombas cercenen la vida de los cubanos, si fuera necesario para producir los cambios que de manera histórica han añorado administraciones estadounidenses, para apoderarse de Cuba y reinstalar en ella a un inmenso y jugoso lupanar.

Ahora, acapara titulares que tres hombres en Miami han sido condenados por tráfico de cocaína y violencia armada en una investigación titulada el  “Fantasma de La Habana”, así como en la década de los años ochenta un grupo de policías corruptos, la mayoría de origen cubano integró la investigación llamada “El turno de la medianoche”, por dedicarse en la madrugada a todo tipo de ilícitos, que involucró a jefes y subalternos en casos de tráfico de drogas, que tenía como escenario el Río de Miami. Los delitos incluyeron el exterminio extrajudicial de expendedores y traficantes, que simplemente desaparecían sin dejar rastros.

La investigación no tiene conexión con la capital de la Isla antillana, se refiere a la apodada “El fantasma de La Habana”, centrada en el tráfico de drogas y delitos violentos en La Pequeña Habana, zona donde se concentran emigrados cubanos que han hecho de esas calles su hábitat natural. El proceso condujo a la condena de tres hombres tras un largo juicio en la corte federal de Miami.

El trío de acusados, Ulysses Cabrera, alias “Big Cuz”, de 32 años; Bernardo Quiñonez, alias “Macho”, de 34, y Victor Smith, alias “OGP”, de 26, enfrenta una pena de cadena perpetua en la sentencia que se dictará por  la jueza de distrito Cecilia Altonaga. El juicio, que duró nueve semanas, terminó con varios veredictos de culpabilidad para los tres hombres. Antes del final, más de 20 acusados en el extenso caso se declararon culpables.

Los fiscales dijeron que los tres acusados desempeñaron papeles principales o de apoyo en una “empresa criminal continua” que distribuyó cocaína, crack y marihuana en las calles de La Pequeña Habana entre 2013 y 2018.

Cuando los traficantes de drogas rivales amenazaban el territorio que controlaban o cuestionaban su autoridad, una parte de estos sicarios enviaban a otros miembros armados de la red para que intimidaran, mutilaran y, en algunos casos, mataran a las personas, a sus competencias”, declaró la Fiscalía Federal. “A veces se disparaba y se hería a transeúntes inocentes. También lavaron dinero sucio de drogas de varias maneras, incluyendo la compra de bienes raíces en el barrio de Opa-locka. La maquinaria estaba aceitada, desde la recepción de la droga, su expendido, eliminar adversario, las ganancias y activos eran lustrados en una madeja de procedimientos que los dejaba limpios y listos para ser invertidos en una ciudad que lo tolera.

Los resultados de esta investigación, que duró años, resultan altamente sospechosos, el seguimiento cobró a los contribuyentes estadounidenses  millones de dólares, donde se involucraron fuerzas de todos los niveles desde las locales hasta las federales, también estatales, se incautó 1.5. kg. de cocaína, cantidad que puede ser la reserva de un consumidor habitual, además apenas varios gramos de crack, más de 26 libras de marihuana, cualquier proveedor principiante puede disponer de esas cantidades para explorar mercado. Además se ocuparon cuatro rifles de asalto, 10 pistolas, 10 cartuchos extendidos, 10 armas de fuego semiautomáticas, un rifle de cañón corto, un revólver y cientos de municiones. Ese minúsculo arsenal bien podría ser el de un escolar en preparativos para un asalto a su centro de estudio o de un coleccionista que al amparo de la Segunda Enmienda, se prepara para cuando lleguen los extraterrestres o los comunistas, que dicen tiene su presidente bajo la manga ocultos. Todo el resultado es ridículo y suspicaz.

Para aderezar a esta urbe, que se precia de ser una de las siete más encumbradas de Estados Unidos, a diario llama la atención de propios y extraños. La prensa destaca: “Acusan a hombre de violar a adolescente en el patio de una casa y amenazarla con un cuchillo”, “ Una mujer dijo que mató a un hombre. La Policía encontró una tumba poco profunda en una casa de Miami Gardens” y “Siete personas de Miami que intentaron un fraude médico de $17 millones están en prisión. Uno está prófugo”.

Cuando el belicoso Francis Suarez, despidió a su profesional jefe de policía, lo que trató fue de tapar los frecuentes casos de corrupción que inundan ese cuerpo, tildado como uno de los más violentos de la Unión. Circula en estos días la decisión de un Detective de Miami, separado,  quien planea demandar a sus jefes, porque alega haber sido  obligado a salir por delatar a un policía corrupto.

Un exdetective de la policía de Miami tiene la intención de demandar a la ciudad, diciendo que fue despedido dos veces, ridiculizado por los supervisores y acosado por otros oficiales, quienes le han dejado notas amenazantes e incluso han pegado condones en su coche, como mensajes intimidatorios.

La razón, según una notificación de demanda de delator presentada por el veterano de 24 años de servicio Al Matías, quien alega haber sido tratado como un infeliz durante la mayor parte de una década por cooperar en una operación encubierta que envió a un policía corrupto a la cárcel en un caso de dinero robado y tráfico de cocaína. Si estimado lector, una década, a costa de los contribuyentes, para sacar de las calles a un uniformado cuya ética es dudosa. El abogado del vilipendiado, estima que su cliente ha sido acosado en la ciudad desde hace varios años”, “Es un despido vengativo y de represalia”. Diez años de su vida asumiendo riesgos, en esas lides la muerte siempre está presente, y el pago es el acoso.

La destitución más reciente y ambos despidos, según su abogado, estuvieron relacionados con su papel en una investigación encubierta desde el 2012 del ex sargento Raúl Iglesias. Trabajando con los investigadores, Matías llevó en un momento dado a Iglesias –entonces su supervisor– hacia una caja de zapatos llena de dinero dentro de un vehículo con una cámara oculta. Y al parecer nada aconteció.

Al año siguiente, el gobierno federal acusó a Iglesias de violar los derechos civiles de un sospechoso, de intentar vender cocaína y de obstruir la justicia haciendo declaraciones falsas a los investigadores. Tras un juicio de dos semanas, fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos violación de los derechos civiles y posesión de cocaína con intención de venderla. Finalmente pasó cuatro años en prisión.

Aunque Matías no declaró durante el juicio, su compañero Luis Valdés sí lo hizo. Valdés afirmó posteriormente que ambos agentes fueron acosados y amenazados durante el juicio y que su despido en 2015 por supuestamente mentir en un informe de arresto fue simplemente una represalia por haber delatado a otro policía. Matías también perdió su empleo ese mismo año, y la ciudad dijo que mintió sobre una compra de drogas encubierta en una declaración jurada.

El purgado volvió a trabajar a principios de 2016 después de que el árbitro James Reynolds encontrara que asuntos internos no tenía suficientes hechos para despedirlo y calificara su despido como “injusto”.

“La ciudad no ha asumido su carga de persuasión de que es culpable de los cargos en su contra. Es probable que la ciudad pueda haber sufrido una reacción pública adversa por las revelaciones relacionadas con la mala conducta del sargento Iglesias”, escribió Reynolds. “Esa reacción, sin embargo, no puede ser una base para imponer disciplina al detective colaborador, quien tuvo la desafortunada circunstancia de ser asignado a la misma unidad que el sargento Iglesias y ser arrastrado a esa investigación y a los cargos federales que siguieron”.

Valdés nunca recuperó su empleo. En 2020 demandó a la ciudad, alegando corrupción, conspiración y amiguismo en el departamento de policía. Su demanda afirmaba que los supervisores de la policía conspiraron contra él por su testimonio contra Iglesias, que según él era cercano al dúo.

La demanda de Valdés conduciría al segundo despido de Matías hace cuatro meses. Como parte de la demanda, presentó una declaración jurada en la que describía a los supervisores restando importancia a las preocupaciones sobre Iglesias y la decisión de él y de Valdés de escribir una queja anónima a Asuntos Internos, que finalmente atrajo al FBI.

Así van las cosas en uno de los cuerpos especializados de Miami encargados de velar por la seguridad y tranquilidad ciudadana, de preservar la ley y el orden en la opacada “capital del sol”.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Gallardo lawyers.

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