La mortalidad y la natalidad de las empresas

Por Agustín Lage Dávila.

En un programa televisivo reciente se discutía sobre las “empresas estatales con pérdidas”, de las que tenemos unas cuantas, y se reclamaban acciones concretas para enfrentar esta realidad.

Pues bien, la primera acción concreta es el análisis diferenciado de cada situación, pues ni todas las empresas son iguales, ni las causas que las ponen en pérdida son las mismas.

Asumiendo el riesgo de la simplificación (peligrosa pero imprescindible para no paralizar el pensamiento), se pueden identificar al menos tres situaciones:

  • Hay empresas que caen en pérdida por razones coyunturales (logística, roturas, pérdida transitoria de mercados, u otras), y en las que se puede esperar una recuperación cuando pase la coyuntura adversa.
  • Hay otras empresas que caen en pérdida por incompetencia, negligencia y mala administración, en cualquiera de sus variantes, y en las que se debe esperar una recuperación si se hacen los cambios necesarios en la dirección.
  • Pero hay otras empresas que están en pérdida durante cierto tiempo (es decir, no por una situación “coyuntural”) y en las que, sin embargo, no podemos identificar evidentes negligencias o errores de los directivos. En esas el modelo de negocios dejó de ser viable (si es que alguna vez lo fue), y habrá que cerrarlas. Con las debidas protecciones y consideraciones de casos especiales, pero en su mayoría, habría que cerrarlas.
    Hay que aceptar que ese tercer tipo de empresa, en perdida “estructural”, siempre va a existir. No vamos a llevar “a cero” el porcentaje de empresas en pérdida, por mucho que hagamos. No lo logra ningún país.

Podemos conocer algo de esto quienes hayamos estudiado los sectores de alta tecnología en el mundo (biotecnología, por ejemplo), en los que más de la mitad de las empresas que se fundan nunca llega a la rentabilidad por sus ventas (le dicen a esto “el valle de la muerte” de las empresas), y esa mortalidad empresarial hay que verla como normal, pues es inherente al riesgo que siempre tienen los negocios basados en productos novedosos. En esos sectores de alta tecnología y de riesgos técnicos, además de riesgos comerciales, la mortalidad empresarial es mayor, pero el fenómeno se da en cualquier sector.

Estudios publicados en los últimos años indican que la mortalidad empresarial en diferentes países (todos los sectores) anda alrededor de un 10 %, unos más y otros menos: España (10%), Francia (12%), Reino Unido (15%), Canadá (8%), y así sucesivamente.[1]

El sistema empresarial se mantiene estable (diríamos en equilibrio dinámico) porque simultáneamente se incorpora un número de “nacimientos” (empresas nuevas) cada año, aproximadamente igual.

Así, el sistema empresarial “evoluciona” por una dinámica de selección adaptativa, similar a la evolución de las especies en la biología, o a la evolución del repertorio de anticuerpos en la inmunología. Surgen nuevas especies en un proceso con importantes componentes de azar, y después progresan (se seleccionan) aquellas que son viables en un contexto concreto y desaparecen las otras. El proceso es esencialmente “selectivo”, no instructivo (al menos en la biología, nadie sabe a priori los cambios que van a funcionar).

Por supuesto que la política económica, que es algo más complejo que la biología, puede modificar el contexto siguiendo estrategias escogidas, pero siempre existirá ese componente de diversidad y selección adaptativa.

La verdad de los hechos es que no hay desarrollo económico sin intervención estatal”.

En Cuba tenemos un poco más de 1.700 empresas estatales; si estuviésemos cerrando 170 empresas al año, no estaríamos presenciando ninguna tragedia, sino simplemente acercándonos al comportamiento medio mundial.

Entonces tendríamos que cambiar la pregunta inicial de nuestro análisis: El problema no es ¿Por qué hay determinadas empresas que se hacen inviables? El problema sería más bien ¿Por qué no surgen nuevas empresas (estatales) a la dinámica suficiente para remplazarlas? Hay que ver también esta otra cara del problema.

Estamos hablando aquí de empresas “propiedad del Estado”, es decir, propiedad socialista de todo el pueblo. No estamos hablando necesariamente de empresas administradas por organismos del Estado; y este razonamiento nos lleva a otro tema igualmente complejo, que es el de la separación entre propiedad y gestión.

La trampa principal de las doctrinas neoliberales está en el intento de reducir (los más fundamentalistas dicen “eliminar”) el papel del Estado en la economía. Pero todas las experiencias conocidas de desarrollo económico partieron de una fuerte intervención estatal. Es una regularidad que se repite, en diferentes momentos históricos, en Francia, Singapur, Japón, Corea, China, incluso en los Estados Unidos, principal defensor actual de la desregulación y la economía de mercado.

El Estado tiene diferentes mecanismos de intervención en la economía, al actuar como regulador, como fisco, como cliente de determinadas empresas, como proveedor de educación y otros servicios sociales, pero también frecuentemente como dueño. Estas funciones se combinan en proporciones diferentes según el país y el momento histórico, pero la verdad de los hechos es que no hay desarrollo económico sin intervención estatal.

La diferencia entre un sistema social y otro está en a favor de quién interviene el Estado, si a favor de las clases dominantes o a favor de todo el pueblo; pero para el crecimiento de la economía, el Estado moderno interviene siempre.

Las figuras empresariales que separan propiedad y gestión son una consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, y son anteriores al socialismo. La socialización de la producción comenzó desde el siglo XIX a requerir mayores y más complejos medios de producción, y eso demandó en los países industrializados una transformación de las instituciones en las que se expresa la propiedad privada. A partir de determinado tamaño, surgieron las sociedades anónimas “por acciones” en las que la propiedad de la empresa se comparte entre muchos “accionistas” que ponen en ella su dinero al comprar las acciones, pero que no participan de la administración cotidiana de la empresa, la cual se confía a un “administrador profesional”, un director ejecutivo (en el lenguaje actual, un CEO, Chief Excecutive Officer). El director ejecutivo es esencialmente un asalariado.

Este tipo de estructura empresarial se desarrolló en los Estados Unidos y otros países a partir de la masiva construcción de ferrocarriles en la década de 1840, inversión que por su tamaño no podía ser asumida por ningún capital privado aisladamente. El esquema se repitió en la construcción de los sistemas de distribución de electricidad y en todas las industrias caracterizadas por alta demanda inicial de capital y altos costos fijos.

En los sectores de alta tecnología y de riesgos técnicos, además de riesgos comerciales, la mortalidad empresarial es mayor, pero el fenómeno se da en cualquier sector.

A partir del año 1900, las grandes empresas adoptaron mayoritariamente la forma de sociedades anónimas, lo que le confirió a la propiedad capitalista cierto carácter colectivo (por supuesto, dentro de la clase propietaria) y consolidó la separación entre propiedad y gestión.

La propiedad es de los accionistas (cuando estos son muchos, son representados por una “junta de accionistas”); mientras que la gestión, la administración cotidiana de la empresa, es ejercida por un director ejecutivo contratado por la junta de accionistas.

La intervención del Estado, como dueño, comienza frecuentemente con la adquisición por este de una fracción de las acciones. En general se considera que cuando un Estado adquiere más del 10% de las acciones de una empresa, adquiere “posición controladora”.

La empresa completamente estatal es la consecuencia natural de dos procesos: la socialización de la producción, y la separación entre propiedad y gestión. La propiedad socialista de todo el pueblo es una continuación lógica de estos procesos, ya sin las trabas derivadas de la propiedad privada. Es lo que Marx previó al intuir que las formas básicas de un sistema socioeconómico comienzan a gestarse dentro del sistema que le precede.

En Cuba nuestras empresas estatales pudieran considerarse como empresas con 11 millones de accionistas, y esos “accionistas”, que son el pueblo todo, son representados por el Estado, que es quien nombra o revoca a los directores ejecutivos. Nuestro socialismo reside en la propiedad, que es de todo el pueblo, y en la defensa de la justicia social distributiva, lo cual es consecuencia de un proceso político que nos distingue del capitalismo. En la empresa estatal todos recibimos ingresos según nuestro trabajo; pero las rentas derivadas de la propiedad de la empresa pertenecen a los 11 millones de cubanos, a través del Estado. Las formas concretas de gestión administrativa son otra cosa, y esas son un proceso esencialmente técnico. No podemos confundir propiedad con gestión, ni propiedad social con gestión centralizada, ni mucho menos intentar dinamizar la gestión mediante la privatización de la propiedad. Ya en otros países se cometió ese error, y sabemos las consecuencias.

La privatización de nuestros medios fundamentales de producción, si fuésemos suficientemente ingenuos para caer en esa trampa, nos empujaría hacia el subdesarrollo, no hacia el desarrollo.

Si bien el tamaño y la complejidad de las inversiones fueron los factores que llevaron a la separación entre propiedad y gestión en los siglos XIX y XX, ahora en el siglo XXI hay un segundo factor que impulsa en la misma dirección, y es que en los sectores de alta tecnología las decisiones empresariales dependen mucho de las características técnicas de productos y procesos muy diversos, que son dominadas por los trabajadores especializados, en organizaciones empresariales usualmente pequeñas.

Esos pequeños colectivos que se constituyen en pequeñas y medianas empresas, pero de alta tecnología, pueden convertirse en pocos años en algo tan estratégico para el desarrollo de nuestra economía como pueden ser hoy las empresas estatales socialistas grandes.

“La privatización de nuestros medios fundamentales de producción, si fuésemos suficientemente ingenuos para caer en esa trampa, nos empujaría hacia el subdesarrollo, no hacia el desarrollo”.

“Estratégico” no quiere decir “grande”. Y tampoco el pequeño tamaño puede hacerse equivalente a sector “no estatal”. Los sectores estratégicos y las tecnologías habilitantes del futuro deben continuar siendo propiedad socialista de todo el pueblo, expresada como propiedad estatal, aunque eso no equivale a administración cotidiana directa por organismos del Estado.

Si ocurriese (y debe naturalmente ocurrir) en un cierto %, una mortalidad de empresas estatales, y el remplazo por nuevas empresas proviniese del sector no estatal, es fácil imaginar a qué situación llegaríamos dentro de algunos años.

Es por eso que necesitamos una dinámica superior a la que hoy tenemos en el surgimiento de mipymes estatales y en sectores de tecnología alta, vinculados más directamente con la ciencia.

Las complejidades y los desafíos son muchos, y no hay manuales escritos sobre cómo enfrentarlos. Habrá que explorar cómo se impulsa y cómo se protege el proceso de surgimiento de nuevas empresas estatales, especialmente aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías.

Todo esto hay que saberlo muy bien (por todo el pueblo, no solamente por especialistas), para evitar que racionalidades aparentes en fenómenos locales y concretos, nos alejen de las grandes verdades que defendemos: el socialismo, la justicia social y la soberanía nacional.

José Martí escribió en 1884: “Hay un cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí, y que son sin embargo la clave de la paz pública, la elevación espiritual y la grandeza patria”.

Continuemos abrazando esas verdades para partir de ellas hacia el camino de creatividad social que nos exige el siglo XXI cubano.

Tomado del blog De pensamiento es la guerra / Foto de portada: Pixabay.

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