Comunidades indígenas de Ecuador reclaman otra vez en Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por Liset García * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Con sus demandas bajo el brazo fueron recibidos nuevamente en audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), representantes de los Tagaeri y Taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en protesta por la vulneración de sus derechos y la explotación indiscriminada de los recursos de sus territorios ancestrales, ubicados en el Parque Nacional Yasuní de la selva amazónica ecuatoriana.

Larga ha sido la lucha en reclamo de derechos de las comunidades indígenas de ese país, muchos de los cuales llevan años acudiendo a la CorteIDH. Se recuerda aún que en la década de 1990 del siglo pasado, el Estado ecuatoriano concedió permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku  sin que se le hubiere consultado previamente y también sin su consentimiento.

Se inició la exploración petrolera incluso con explosivos de alto poder en varios puntos de ese territorio indígena, que limitó hasta sus movimientos por sus tierras. El caso duró años, pero al final la comisión investigadora concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana, en perjuicio de ese pueblo, y dictaminó que debían adoptarse medidas legislativas o de otra índole, con la participación de los indígenas para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.

También instó a reparar en el ámbito individual y comunitario las consecuencias de la violación de los derechos, y también a adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. No obstante, los hechos violatorios han proseguido y el respeto al medio sigue siendo una asignatura pendiente.

El pasado año tuvo lugar un fallo considerado histórico por la justicia en Ecuador, al reconocer derechos legales a animales silvestres, justo cuando otro fallo anterior de la Corte Constitucional ecuatoriana había reconocido los derechos de la naturaleza y también de los animales. Esa Corte estableció que las especies están protegidas por derecho propio.

Pero no actúan con igual fuerza cuando se trata de grupo de familias indígenas que habitan la amazonía, cuyos derechos continúan vulnerándose. Pese a ser tantas veces desoídos, prosiguen demandando protección. Los fallos judiciales favorables a ellos deberían sentar precedentes de respeto a sus territorios ancestrales, y a la vez al cuidado de los recursos naturales, en especial el agua, que en muchas áreas selváticas se ha contaminado por el descontrolado y voraz extractivismo de minerales, que lleva a destruir los bosques y el hábitat de comunidades y numerosas especies de la flora y la fauna silvestre.

Precisamente por la violación sostenida durante los últimos 17 años de los derechos humanos de los pueblos Tagaeri y Taromenane que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, en 2020 se elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ese tribunal internacional debía evaluar y dictaminar en un plazo de dos años las exigencias indígenas, cuyos derechos no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano pese a que es su responsabilidad. Por eso, se realiza desde el martes de esta semana una audiencia pública en esa Corte.

Para defender el reclamo de estos indígenas, el pasado año representantes de las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos y de la Naturaleza presentaron también una demanda de medidas cautelares contra el Ejecutivo del país, e instaron a detener la construcción de una carretera y plataformas a escasos metros de la franja de amortiguamiento de la zona intangible de Yasuní, un espacio de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, según señala la Constitución de la República.

 Sin embargo, madereros y colonos industriales siguen con el extractivismo en el corazón de ese Parque Nacional, lo que podría acarrear el exterminio de esos pueblos, situación por la que en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado ecuatoriano medidas cautelares para evitar perjuicios a esos indígenas. Pero un año después no se le dio más seguimiento al acatamiento de esas medidas, que en general han sido insuficientes.

El reclamo es por VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN! Se han violado los derechos de esas comunidades a ser consultadas, se han usado sus territorios sin control ni supervisión y sin tener en cuenta la importancia de esas naciones originarias y la riqueza de su cultura, su flora y su fauna. Ya son irreparables los daños por derrames de crudo, la tala y minería ilegales, la contaminación de ríos y especies, los bosques primarios destruidos para construir carreteras… y las muertes de sus pobladores al obstruirse su libre movimiento durante sus actividades de caza y recolección de frutos.

Los que están a favor de detener la voracidad de las transnacionales empeñadas en ganar a cualquier costo y a costa del futuro de esas áreas protegidas, desataron diversos comentarios en redes sociales, tras la audiencia de este martes que fue trasmitida en vivo. Como dijo uno de los internautas “el petróleo es para pocos años. El daño ambiental es para siempre”. Veremos qué dictaminan los expertos, y si el gobierno les hará algún caso.

(*) Periodista cubana. Colaboradora de Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Tomada de Latinamerican Science.

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