Perú: El pueblo toma la palabra
Por Geraldina Colotti.
Crónica de un lawfare anunciado. Este podría ser el título de lo ocurrido en Perú con la destitución y detención del presidente Pedro Castillo. El último capítulo de un esquema ya visto, pero exitosamente reactivado y adaptado en varios escenarios latinoamericanos: el uso del poder judicial con fines políticos. Podemos reconducir el esquema a dos modelos con variantes, aplicados a presidentes incómodos, recalcitrantes a los deseos de Washington: el golpe parlamentario, construido desde dentro de la propia coalición de gobierno, hasta el empujón final, en el que los procesados acaban apareciendo ser artífices de su propio mal. El golpe institucional, desencadenado a raíz de una denuncia por fraude electoral, que lleva a la autoproclamación de un presidente títere, a la detención o fuga del legítimo.
El primer ejemplo híbrido se refiere a Honduras y a junio de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue destituido por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que lo acusaba de traición a la patria y otros delitos. Al moderado Zelaya, un empresario liberal, se le reprochó su cercanía con el Alba, la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, creada por Cuba y Venezuela.
El episodio detonante fue su intención de pedir a la población si en las elecciones de noviembre de 2009 se podría incluir una pregunta sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. En sus memorias, la exsecretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, admitió el papel que jugó Estados Unidos en la destitución de Zelaya, quien fue abrigado por los militares en la madrugada y obligado a abordar un avión en pijama. En su lugar, se puso como presidente de facto al empresario Roberto Micheletti, entonces al frente del Congreso.
En 2012 se produjo en Paraguay un golpe parlamentario contra Fernando Lugo. El ex «obispo de los pobres», de 61 años, elegido en 2008 también con los votos de las grandes familias «liberales» de la capital Asunción, fue destituido tras un juicio político. Su vicepresidente, Federico Franco, promovió la destitución de Lugo, un «forastero» por el sistema político, que de inmediato se había vuelto engorroso. El pretexto final fue el enfrentamiento entre policías y campesinos por la ocupación de una finca, en el marco de la lucha contra el latifundio.
En Paraguay, más del 85% de la tierra está concentrada en pocas manos y controlada por capital extranjero. Un juego demasiado grande que había que controlar, para evitar que la ira popular se organizara como alternativa. Lugo no había llevado a cabo una reforma agraria, sino que sólo había obstaculizado el negocio de las semillas transgénicas: una prohibición que fue revocada inmediatamente después de su destitución, favorecida por la ausencia de mayoría de gobierno en las dos cámaras del parlamento. Lugo fue destituido por haber «fomentado la inseguridad» en el país.
La oligarquía también en Brasil se apoyó en la fragmentación del marco político para orquestar el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, promovido por su vicepresidente Michel Temer, y para luego proceder, con el lawfare contra Lula y contra el partido gobernante, el Partido de los Trabajadores. La misma operación se desarrolla en Argentina contra el peronismo de Cristina Kirchner, expresidenta y ahora diputada del gobierno de Fernández, del que representa la parte más de izquierda. Cristina, que escapó milagrosamente de un atentado, fue condenada a seis años e inhabilitada para ejercer cargos públicos por «corrupción», y acusó al «Estado profundo» y a la «mafia judicial» de querer eliminarla del escenario político.
El golpe de Estado «legitimado» por un presunto fraude electoral, se ha visto en Bolivia contra Evo Morales en noviembre de 2019. Evo se vió obligado a dimitir ante la violencia desatada por la extrema derecha y a abandonar el país. Fue la Organización de Estados Americanos, dirigida por Luis Almagro, quien allanó el camino a los golpistas, avalando la autoproclamación de Janine Añez, luego de haber intentado la misma operación, en reiteradas ocasiones, pero sin éxito, con la Venezuela bolivariana y con el autoproclamado Juan Guaidó.
Muchos habían reprochado a Morales haberse puesto ingenuamente a merced de Almagro, invitando a la OEA entre los observadores electorales. Y ahora -como subrayó el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello desde Venezuela- el presidente peruano Pedro Castillo también ha «caído en la trampa» de la OEA, invitando a Almagro a Lima para monitorear las amenazas a la democracia por parte de la extrema derecha.
El golpe parlamentario contra Castillo se consumó con una última burla al ex maestro rural, elegido el año pasado con Perú Libre, partidario de una «economía popular, pero con el mercado»: fue detenido con la acusa de haber promovido un golpe, tras la proclamación del estado de emergencia (con la consiguiente disolución del parlamento y elecciones anticipadas), decidida en el último momento para evitar el juicio político, que luego se llevó a cabo en su contra.
Una paradoja, considerando el carácter golpista del fujimorismo que, luego de haber pretendido desprestigiar los resultados electorales, ha corroído sistemáticamente los frágiles equilibrios institucionales para imponer, también contra Castillo, el esquema implementado contra otros presidentes, víctimas del ajuste de cuentas dentro de la clase dominante: el de la “vacancia” por conducta amoral o corrupción.
De nada le sirvió, pues, a Castillo, carente de un partido sólido y consecuente, y abocado a una carrera hacia el centro con la esperanza de mantenerse en la silla, ceder al chantaje de la derecha y cambiar cinco primeros ministros y unos setenta ministros en quince meses.
La vicepresidenta, Dina Boluarte, militante de Perú Libre, luego expulsada del partido, es ahora la primera mujer jefa de Estado. Propuso un gobierno de unidad nacional e inmediatamente obtuvo el apoyo de Almagro, de Estados Unidos y de Keiko Fujimori. En cambio, los presidentes progresistas de América Latina han denunciado, con varios acentos, la detención de Castillo y pedido su liberación.
Desde hace tiempo, sin embargo, muchos reprochaban al ex sindicalista rural su escaso uso de las calles ante los embates de la extrema derecha que, con el apoyo de EEUU y Europa, se reorganiza en América Latina. El mes pasado, la internacional fascista hizo una demostración de fuerza al organizar una reunión en México, para contrarrestar la nueva ola progresista del continente.
Pero ahora, aunque los medios -parte de la campaña contra Castillo, antes y después de su elección- no lo cuentan, el pueblo ha tomado las calles en varias ciudades peruanas. Los medios alternativos están difundiendo imágenes de mujeres indígenas arengando a las multitudes al sacar a la luz la principal promesa de campaña del expresidente: una asamblea nacional constituyente.
Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: Reuters.
