Cuba

Los fondos buitres: Una agresión más contra Cuba (I)

Por José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Desde el año 2020, en medio de la brutal pandemia de la cual el país salió básicamente por medio de sus propios esfuerzos y durante todo el año 2022, aún tras los impactos diversos de sus enormes secuelas se estuvo fraguando una nueva agresión contra Cuba, esta vez con el empleo de los llamados fondos buitres, tan empleados para devorar economías no solo en desarrollo, sino otras más sólidas como la de Argentina, por ejemplo.

La “aparición” de esta fraudulenta deuda, cuando la crisis económica cubana está en uno de sus pináculos como resultado de la sostenida guerra de Estados Unidos contra la Isla, los efectos acumulativos de más sesenta años de bloqueo generalizado, codificado, diversificado y que se expresa de manera negativa en toda la sociedad cubana, más el impacto de las 243 medidas aplicadas por la administración de Donald J. Trump y la política oportunista de “máxima presión” utilizada por la actual administración estadounidense para estrangular la ya debilitada capacidad de evadir el acoso a las exiguas finanzas cubanas, hace de las referidas exigencias de pago, el clásico “tiro de gracia” para la irredenta e insumisa Isla.

Es conveniente recordar: ¿Qué son los fondos buitres? Es una firma inversora que se dedica a adquirir, por lo general, títulos de deuda de empresas o Estados, constituyéndose así en un prestamista secundario de éstos, recordado el método, comentaremos como se desarrolló el lance contra Cuba, aún pendiente de conclusión.

El reclamo, estructurado sobre bases de fraude, evidencia la mala fe de los reclamantes, se muestra como un arma escondida presta a ser utilizada en el momento más letal para la economía cubana, así quedó demostrado en el dilatado proceso en Londres. El objetivo era bicéfalo, obtener resultados punitivos y desacreditar la política pública cubana de honrar las deudas contraídas, lo cual no solo tiene un efecto ético, sino que privaría al país de nuevos créditos ante la incertidumbre de poder cumplir con sus obligaciones.

Las partes en litigio fueron convocadas a una audiencia debido a la  demanda interpuesta por un fondo buitre contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, en la Alta Corte de Inglaterra y Gales, con sede en Londres, Reino Unido. El proceso está concentrado en una declinatoria de jurisdicción. Es decir, el tribunal inglés determinará si el demandante es acreedor legítimo de la Mayor de las Antillas o no. El proceso no termina en el cese de las vistas, todo lo actuado, documentado y debatido es objeto de análisis para al final dictar sentencia.

El Estado antillano no reconoce a la otra parte como acreedor legítimo de Cuba, pues violó las normas nacionales e internacionales para la cesión de créditos. Los actos jurídicos realizados mediante el quebrantamiento de estas reglas son universalmente repudiados en términos legales, no éticos, y carecen de valor legal.

En el contrato entre Cuba y el acreedor original quedó estipulado que cualquier conflicto debía dirimirse en la Alta Corte de Inglaterra y Gales, por el prestigio de la institución en asuntos de materia económica.

Este juicio, normal entre partes, fue empleado por la contrarrevolución cubana radicada en el exterior para provocar incidentes dentro de la instancia jurídica y en sus inmediaciones, aunque el acto judicial transcurrió de la manera prevista. Tanto el tribunal como la defensa cumplieron su labor de forma certera, guardando el respeto a las regulaciones correspondientes.

Declararon como parte del proceso la presidenta del Banco Nacional de Cuba, Joscelín Río Álvarez, y por el Gobierno cubano, el viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, en el mismo asiento de las vistas.

Además, comparecieron a propuesta de la institución bancaria isleña Raúl Olivera, María Teresa Compte, René Lazo, Melissa Pérez y Odalys del Nodal, en videoconferencia, en tiempo real desde La Habana.

Los testimonios y documentos presentados confirmaron procedimientos ilegales llevados a cabo durante la cesión de la deuda que, según regulaciones nacionales e internacionales, invalidan el traspaso. Entre las irregularidades descritas figuran que los instrumentos reglamentarios contaban con menos firmas que las establecidas para aprobar trámites de este tipo y el uso de un registro ordinario, no de seguridad, para la expedición de los documentos.

Por negligencia o de manera deliberada, funcionarios del Banco Nacional de Cuba con responsabilidad en el manejo de la deuda externa actuaron de forma ajena a la legalidad, por lo cual han sido juzgados pertinentemente por las autoridades cubanas. El uso de procedimientos corruptos, de acuerdo a convenios de alcance global, hace nula de pleno derecho la cesión al fondo buitre. Si en la sesión de la deuda medió el dolo, los demandantes fueron estafados por los funcionarios corruptos y por lo tanto los efectos deseados de emplazar a la parte cubana carecen de base jurídica.

En caso de darse un fallo favorable a la parte cubana, la entidad radicada en Islas Caimán no sería reconocida como destinatario del pago de la deuda. De acontecer lo contrario, iniciaría otro proceso judicial, donde el tribunal conocería las interioridades del asunto. Independientemente de la decisión tomada, las finanzas nacionales no deben encontrarse comprometidas, con apego a lo estrictamente jurídico, sin interferencia de valoraciones políticas, frecuentemente presentes cuando de Cuba se trata.

El perito designado por el BNC y Cuba para comparecer ante el tribunal como experto en Derecho cubano fue el doctor Juan Mendoza Díaz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, árbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional y director de la Revista Cubana de Derecho.

Conformaron el equipo legal de la Mayor de las Antillas abogados de un prestigioso bufete español y profesionales británicos. El doctor Rodolfo Dávalos Fernández, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Habana y presidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, también integra la comisión. La presentación de los informes finales de las partes estuvo prevista para los días 1ro y 2 de enero.

Desde el anuncio del inicio del juicio, los enemigos de Cuba comenzaron a articular una campaña de descrédito contra el proceso, no solo en Londres sino en capitales de países latinoamericanos y europeos. Usando información falsa y tergiversada del mismo, pretenden inculcar prejuicios a la opinión pública internacional sobre una supuesta “culpabilidad” de Cuba en el proceso. Ojo: Nótese que el objetivo de la audiencia no es “condenar” o “buscar culpables”. De manera deliberada manipulan los datos. Mienten, una vez más, lo cual pareciera fue inducido y formar parte de un plan más vasto dirigido al descredito.

Aparecen nuevos personajes de poca trascendencia tratando de montar un espectáculo en las inmediaciones de la corte. Y, para coronar el show, llegó un agitador anticubano para dirigir el espectáculo de los corifeos provocadores. Tras mostrarse con gran histrionismo histérico por un rato, desapareció. Qué raro. ¿Será porque la jueza lo requirió, so pena de consecuencias penales, por publicar imágenes de la sala del juicio?

Como de costumbre, la contrarrevolución se expresó de manera provocadora ante los flemáticos transeúntes apegados a la disciplina asociada a un proceso judicial. Con total irrespeto rompieron las reglas al penetrar en la Alta Corte y firmar a través de un cristal lo que allí acontecía con gran intoxicación política, no relacionada con lo que acontecía. Más tarde, las imágenes aparecieron en Internet. Por esa razón, la jueza Sara Cockerill de la división comercial del Tribunal Superior, determinó que debían presentarse en la instancia a pedir disculpas y borrar todas las publicaciones con información no autorizada. Si no, se abriría una investigación.

Los integrantes de la delegación cubana fueron acosados en su tránsito por la ciudad, en medio de la encerrona mediática que intentaron montar. Toda su actuación no es sino otro capítulo del historial que ya conocemos: escándalo, dinero sucio e ilegalidad.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Imagen de portada: Razones de Cuba.

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