Un esclarecimiento histórico (II y final)
Por José Luis Méndez Méndez * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
La escalada del secuestro de embarcaciones y naves aéreas continuó. El 10 de abril de 2003, le es arrebatado un fusil a un soldado que custodiaba una instalación en la capital de la Isla de la Juventud, los ocho delincuentes complotados se dirigen al aeropuerto local en espera del arribo del avión procedente de La Habana para secuestrarlo. Ese mismo día se conoce que los secuestradores del mencionado avión raptado el 19 de marzo, con treinta y un pasajeros a bordo, habían sido liberados bajo fianza por orden de un juez estadounidense.
En menos de dos semanas se había producido el secuestro de dos aviones, detectado 29 planes similares en desarrollo, un intento frustrado con el empleo de un fusil de guerra y el secuestro de una embarcación. Más de cien personas de varias nacionalidades se habían expuesto al peligro de sus vidas, por delincuentes, que no serían elegibles para las prometidas visas estadounidenses de inmigrantes y sólo les quedaba servir de pretexto para poner en peligro a su país, con sucesos con implicaciones impredecibles.
El tráfico ilegal de personas se incrementó por medio de embarcaciones conducidas por delincuentes, que habían concebido el lucrativo negocio de buscar a emigrantes, desde Miami a las costas cubanas.
Había que cortar radicalmente esa ola de secuestros, constituía un imperativo detener lo que se gestaba al amparo de tales hechos. El estado de permanente necesidad para enfrentar la sistemática agresión imponía apelar a sanciones severas, disuasivas, que frenaran la conjura.
Una circunstancia similar se había creado en algunos meses de 1980, cuando emigrados cubanos salidos por un puerto cercano a la ciudad del Mariel en el occidente de la Isla, se había habilitado para recibir embarcaciones procedentes de Estados Unidos, que por las facilidades dadas por las autoridades cubanas podían llevar de regreso a emigrantes que desearan salir del país por esa vía ordenada, legal y segura.
Pero después algunos de los emigrados decidieron regresar y lo hicieron secuestrando aviones desde Estados Unidos hacía aeropuertos cubanos. Eran hechos insólitos, muy graves y Cuba apegada a su política responsable conminó públicamente a que no se cometieran tales delitos. La llegada de aviones secuestrados aumentó y las autoridades cubanas endurecieron las medidas, se devolvían los aviones, los secuestradores fueron admitidos, juzgados por tribunales locales, pero lejos de disminuir los secuestros se acrecentaron. El 16 de agosto de 1980, tres aviones secuestrados procedentes de Estados Unidos, aterrizaron en La Habana, con cientos de pasajeros. Entonces se advirtió, que no se toleraría un hecho más de ese tipo y que sus perpetradores serían extraditados de regreso al lugar de origen, pero continuaron y el 19 de septiembre de ese año, dos cubanos llegaron a Cuba, como secuestradores de un avión de la compañía Delta, procedente de Washington y tal como se había advertido, fueron expulsados del país, después de esa medida extrema se cortó el flujo de secuestros de raíz. Gracias a esa decisión con implicaciones políticas, se evitó que en esos intentos de secuestro se produjeran cientos de víctimas y pérdidas materiales.
Veintitrés años después en abril de 2003 las circunstancias se agravan. Ante el inminente peligro para la seguridad nacional cubana, las autoridades aconsejaron aplicar todos los recursos previstos en las leyes para contener la amenaza anunciada y la agresión que se gestaba.
En adición se declaró, que no se le suministraría, en adelante, combustible a ninguna nave aérea o marítima, que así lo exigiera para salir ilegalmente del país y a los secuestradores se los advirtió de que serían juzgados de manera sumaria y se impondrían las sanciones más severas, incluida la pena de muerte, que no se aplicaba desde enero de 1992 y desde el año 2000 no se ejecutaba tal sanción incluso para delitos comunes de elevada gravedad.
Los terroristas centroamericanos que colocaron bombas en la capital cubana en 1997, causaron muerte, heridas a personas y cuantiosos daños materiales y que fueron condenados a muerte, la aplicación quedó en suspensión y después se les conmutó por la de prisión perpetua.
Los 11 ejecutores del secuestro de la lancha Baraguá y la toma de 29 rehenes, con violencia en las personas y fuerza material, constituía de un delito de traición a la nación, terrorismo y piratería previstos en la Ley 93 del 24 de diciembre de 2001. Fueron juzgados con todas las garantías previstas en los procesos sumarísimos presentidos en los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal y sentenciados tomando en cuenta la alta peligrosidad social, así como la responsabilidad individual, el grado de participación y los antecedentes de conducta de los acusados, tres de ellos a la pena capital, cuatro a prisión perpetua, uno a 30 años y otros a penas menores de pocos años.
El principal encartado había estado incoado en 15 procesos judiciales por delitos comunes, era un reincidente, había cumplido prisión en varias cárceles, en 28 ocasiones recibió advertencias policiales por asediar a los turistas y en 119 momentos fue conducido a unidades del orden por eventos menores de escándalo público, matonismo y lesiones.
El otro había sido procesado en cinco ocasiones y sentenciado a años de cárcel en cuatro delitos y el tercero participó en siete procesos penales, uno de ellos por lesión con arma blanca que derivó en homicidio al morir la víctima.
La propaganda hipócrita internacional calificó a los criminales de “disidentes”, el documental citado, veinte años después, los anuncia como “muchachos que querían viajar” y retoma este suceso ya esclarecido, que causó un daño político internacional, cuando incluso amigos de la Revolución intoxicados por la manipulación de los hechos, protestaron, algunos se distanciaron y en respuesta decenas de intelectuales cubanos elaboraron y firmaron el Mensaje desde La Habana, para los amigos que están lejos, con un contenido amistoso, explicativo, dirigido a eliminar dudas y desmontar las falacias que se propalaban, por todos los medios.
Voceros de la administración Bush, se pronunciaron sobre la supuesta preocupación del gobierno por el éxodo de emigrantes cubanos por vías ilegales, no se podía ser más falaz e hipócrita, la situación era consecuencia de la agresividad de esa regencia republicana que impuso nuevas sanciones, estranguló la economía cubana hasta la asfixia, no cumplió los acuerdos migratorios, dio cobija a secuestradores de aviones y embarcaciones, los liberó y los admitió en su territorio, estimulando nuevos intentos y para colmo, amenazaba con tomar todas las medidas requeridas para eliminar la supuesta amenaza a su seguridad nacional, asumiendo como pretexto para una agresión militar a Cuba.
En la comparecencia ante la televisión del 24 de abril de 2003 el líder histórico de la Revolución, con la claridad singular que lo caracterizó, su sensibilidad y la ética acostumbrada, Fidel expresó: “La dirección revolucionaria de Cuba estaba plenamente consciente del costo político de las medidas que se vio obligada a adoptar. Nadie piense que esto no fue bien analizado, en todos sus aspectos. Nos dolía de antemano lastimar a muchos de nuestros amigos y a un gran número de personas en el mundo cuya sensibilidad que por motivos de carácter religioso, humanista o filosófico con relación a la pena de muerte, conocemos perfectamente bien, y que en muchos aspectos nosotros mismos compartimos”.
La pena de muerte como sanción está prevista en el código penal cubano, no existe una moratoria permanente, es un recurso necesario reservado para delitos muy graves, con implicaciones tanto en el orden común como político. Mientras el acoso y el acecho contra la Revolución persistan, cuando con insistencia se clama desde sectores políticos estadounidenses y de la emigración cubana que se emplee la fuerza militar para derrocar al gobierno de la Isla, se agudiza y amplían las sanciones económicas, se trata de aislar al país y se le incluye en cuanta lista elabora Estados Unidos, para desacreditar y hacer vulnerable a la nación, en particular la inclusión en la infame lista de países que supuestamente patrocinan al terrorismo, la pena máxima será un recurso para la defensa.
En la muestra seleccionada por el programa Espectador Critico, se escucha una expresión sobre el líder histórico, que hiere la sensibilidad de cualquier cubano, y que él mismo aclara en la referida intervención televisiva del 25 de abril de 2003, expresó: “Pienso que avanzamos hacia un futuro en nuestro país en que estemos en condiciones de abolir la pena capital a partir no de cuestiones simplemente filosóficas sino de un sentido profundo de justicia y humanismo”.
Veinte años después ha sido necesario volver a esclarecer este suceso histórico, no solo desde la visión de sus efectos, sino con el análisis de las causas y condiciones que lo impusieron, para que la probable intención de dañar la relación entrañable del pueblo cubano, admirador del reconocido artista argentino, no prospere por ningún medio, incluido el documental de Juan Pin Vilar.
(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.
