Sistema de gestión de la calidad en el servicio judicial cubano

Por Liliana Hernández Díaz

El carácter esencialmente popular que la Constitución de la República de Cuba atribuye a la función de impartir justicia requiere de una actuación independiente, imparcial, intachable y certera de los magistrados, jueces y demás integrantes de los tribunales, en la efectiva solución de los diversos asuntos que tramitan.

La visión actual de la impartición de justicia en nuestro país incorpora la perspectiva de la actividad judicial como servicio público al ciudadano, cuyo cometido es proporcionar, a las personas naturales y jurídicas, acceso a la justicia institucional, como vía para dirimir sus conflictos y procurar amparo efectivo en el ejercicio de sus derechos.

Ese servicio supone que la gestión judicial incorpore valores como sentido de justicia y responsabilidad pública, honestidad en el manejo de asuntos y recursos, transparencia, equidad y respeto a la legalidad, así como que los actos, los procedimientos y las decisiones judiciales se realicen, adopten y cumplan con calidad.

A partir de estos fundamentos, el Tribunal Supremo Popular (TSP) diseñó e implementó un Sistema de Gestión de la calidad (SGC), con la aplicación de la Norma NC ISO 9001:2015, y, para ello, cuenta con el asesoramiento técnico necesario del Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad, perteneciente a la Oficina Nacional de Normalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

El SGC que se desarrolla, a diferencia de los fomentados en tribunales de otros países, tiene la característica de que se concentra en la gestión de la actividad fundamental –la impartición de justicia– y, consecuentemente, la satisfacción del usuario del servicio que se presta en los procesos jurisdiccionales (las personas naturales y jurídicas que son parte en los procesos y otras interesadas que acuden a los tribunales), sustentado en el criterio de que el desempeño judicial puede ser objeto de planificación, aseguramiento, control, medición, evaluación y mejoramiento.

En los tribunales, se identificaron como procesos clave o fundamentales aquellos que son transversales a todas las materias e instancias, y enfocados a la satisfacción e intereses de los usuarios.

 En ese sentido, las premisas de la implementación del SGC son:

• Garantizar el acceso a la justicia, reconociendo que las personas (naturales y jurídicas) directamente implicadas en los procesos judiciales y otros intervinientes son los principales protagonistas y la razón de ser de la actividad.
• Satisfacer, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, las expectativas de los usuarios del servicio judicial.
• Reconocer, como centro de la gestión de la calidad, el aseguramiento del ejercicio de la actividad jurisdiccional con eficiencia y eficacia.
• Trabajar en los tribunales con un enfoque de procesos, que se integran y complementan, incluyendo las actividades administrativas o de apoyo.
• Estandarizar y documentar todos los procedimientos internos de la actividad fundamental y las áreas administrativas.
• Perfeccionar los métodos de control y supervisión de la actividad básica.
• Fomentar en los tribunales la cultura de la calidad en el servicio público-judicial y la responsabilidad.
• Avanzar hacia el enfoque integral y armonizado de la gestión de la calidad en las estructuras jurisdiccionales y administrativas.
• Implementar el SGC de forma integrada en los órganos judiciales que conforman el Sistema de Tribunales.
• Reconocer los recursos humanos como el elemento estratégico para el logro de los objetivos institucionales, y generar condiciones adecuadas y convenientes para asegurar su liderazgo, capacidad, motivación y compromiso.

En la Política de la calidad, aprobada por el Consejo de Gobierno del TSP, el 25 de enero de 2016, quedaron expresados los aspectos esenciales que determinan la calidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, que son:

• Desempeño diligente y ágil, y cumplimiento de los términos y plazos fijados para la tramitación y solución de los procesos.
• Apego a los procedimientos establecidos y respeto estricto a las garantías y los derechos de las partes y a todos los intervinientes en los asuntos.
• Adopción de decisiones y resoluciones acertadas, comprensibles, debidamente fundamentadas y argumentadas, caracterizadas por su racionalidad y sentido de lo justo.
• Cumplimiento efectivo y oportuno de las decisiones judiciales firmes.
• Comportamiento éticamente correcto de magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás trabajadores en el cumplimiento de sus funciones y en su vida personal y familiar.

En este empeño, el Sistema de Tribunales no partió de cero, pues en los órganos judiciales se exige el permanente incremento de los aspectos cualitativos de la gestión y, para ello, se han elaborado y puesto en práctica procedimientos y metodologías que indican el desarrollo uniforme de la actividad fundamental y de las de apoyo, y se despliegan y fortalecen las acciones de supervisión y control; pero, con esta acción, se incorpora la ciencia a todo lo que se hace en esta esfera para ganar en organización, con métodos más eficaces.

Tomado de Granma / Imagen ilustrativa de portada: ACN