El Gobierno de Argentina descarta privatización de YPF del proyecto de ley ómnibus
El proyecto de la denominada ley ómnibus que el Gobierno argentino envió al Congreso excluye la privatización de la petrolera YPF, entre otros cambios que fueron consensuados con una parte de la oposición.
“Se eliminó YPF del listado” de empresas a ser privatizadas, según consta en un documento de 112 páginas enviado este lunes [el 22 de enero de 2024] a ciertos bloques políticos, que aborda las principales modificaciones del proyecto de ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos'”.
YPF, una sociedad mixta en la que el Estado controla el 51% de las acciones, figuraba entre las 41 empresas públicas que eran susceptibles de ser privatizadas en el megaproyecto de ley enviado al Congreso a finales de diciembre.
El borrador de aquella norma habilitaba al Poder Ejecutivo a “enajenarse de las participaciones accionarias o de capital del Estado y/o sus entidades en toda empresa privada” que “no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”.
Entre las nuevas modificaciones aceptadas por el Ejecutivo, otras empresas públicas como Banco Nación, Nucleoeléctrica y la empresa de telecomunicaciones Arsat, solo podrán ser privatizadas de manera parcial, de manera que la compañía siga bajo el control del Estado.
El Gobierno mantuvo bajo el espectro privatizador otras empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, la empresa de agua AySA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, la agencia de noticias Télam y la televisión pública.
Otras revisiones
Entre los cambios aceptados, el Ejecutivo también accedió a reducir de dos a un año el plazo de emergencia pública que se declarará en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa, con la posibilidad de extenderlo por un año más si el Congreso así lo avala.
El borrador de la normativa, de 664 artículos, también modifica en su nueva versión un controvertido artículo que establecía la obligación de pedir permiso para las reuniones de tres o más personas en la vía pública.
Por otro lado, el Ejecutivo aceptó reducir a cero las retenciones de las economías regionales, otro reclamo de los gobernadores.
En paralelo, se eliminaron del nuevo borrador los artículos que modificaban de manera sustancial el Código Civil y el Comercial.
“Con cada uno de los sectores entendimos alguna de las propuestas que significaban una mejora en la ley y actuamos en consecuencia”, explicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa
“Con las mejoras propuestas y que convenimos entre todos los sectores, para nosotros es superadora la ley, así que estamos muy contentos con eso”, ratificó.
El presidente argentino extendió el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero para que los legisladores cuenten con más tiempo en el tratamiento del proyecto de ley, un ambicioso paquete de reformas del Estado para liberalizar la economía.
La principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo convocó una huelga general para este 24 de enero en rechazo a todas estas iniciativas.
Tomado de Sputnik/ Foto de portada: Juan Mabromata/ AFP
