Respaldan en Brasil decreto presidencial sobre restricción del uso de armas por la policía
El decreto también subraya la importancia de evitar cualquier tipo de discriminación en las acciones policiales como una garantía para que las intervenciones no se basen en características como color, raza, etnia, orientación sexual, idioma, religión y opinión política.
Gobernadores del Consorcio Nordeste expresaron este domingo su apoyo al decreto emitido por el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en Nochebuena, el cual establece restricciones al uso de armas por parte de la policía en los controles de tránsito.
A través de una nota oficial, los líderes regionales destacaron que la medida no afecta la autonomía de los estados en esta materia ni las normativas ya vigentes.
El decreto presidencial tiene como objetivo limitar el uso de la fuerza en las intervenciones policiales. Además, establece que el empleo de armas de fuego debe ser considerado como un último recurso cuando “tácticas de menor intensidad no son suficientes para lograr los objetivos legales previstos”.
En ese sentido, los gobernadores del Nordeste indicaron que la medida “reafirma la centralidad de la prudencia, el equilibrio y el sentido común en el ejercicio de la vigilancia policial”, “promoviendo una mayor seguridad tanto para los profesionales como para la sociedad, siempre con la preservación de la vida como prioridad absoluta”.
Aunque la medida fue bien recibida en el Nordeste, generó controversia en estados gobernados por partidos de derecha, como São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná, donde los gobernadores criticaron el decreto y lo calificaron como una intromisión en los poderes estatales.
En respuesta a esas críticas, un grupo de exministros defendieron el contenido del decreto y alegaron que las reacciones negativas podrían ser el producto de disputas políticas o falta de conocimiento sobre el alcance de la normativa.
Resaltaron que el decreto representa una evolución significativa en la construcción de una sociedad más segura y justa, al tiempo que asegura que su objetivo es fortalecer la credibilidad de las instituciones, especialmente de la policía, promoviendo una seguridad pública respetuosa de los derechos humanos.
“Por eso, más allá del discurso puramente ideológico, es difícil no darse cuenta de que el decreto representa una evolución significativa en la credibilidad de las instituciones, especialmente la policía, sin la cual la confianza se erosiona, en detrimento de la construcción de una sociedad más segura, más justa y más pacífica”, afirmaron.
En los próximos 90 días, el Ministerio de Justicia emitirá una ordenanza con los detalles específicos de los procedimientos que deben seguirse en las intervenciones policiales. Además, está previsto que se lleven a cabo capacitaciones para los profesionales de la seguridad pública.
Fuente: teleSUR
Foto: EFE
