El mundo académico no puede ser indiferente ante un crimen. El bloqueo a Cuba es genocidio

En este segundo cuarto del siglo XXI, la humanidad atraviesa una serie de desafíos y amenazas existenciales. La no superada posibilidad de un enfrentamiento nuclear, la crisis climática, la obscena desigualdad y la desatada disrupción tecnológica deterioran la convivencia humana y nos alejan del ideal de la construcción de una sociedad más justa.

Todas y todos hemos sido testigos inmediatos del genocidio que sufre el pueblo palestino. Al mismo tiempo, hemos visto cómo la arquitectura institucional y de derecho internacional, construidas por décadas, fue incapaz de detener crímenes que pensábamos no se repetirían. Se trata de un tiempo histórico profundamente peligroso y violento.

En medio de esas circunstancias, desde el 29 de enero de 2026, también somos testigos de la imposición de un cerco energético contra el pueblo cubano. Este hecho significa el recrudecimiento del más largo y cruel bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la más grande potencia militar de la historia de la humanidad en contra de un pueblo.

En realidad, es la continuación, con recrudecida crueldad, de la política expresada en 1960 por el memorando del vicesecretario de Estado estadounidense, Lester d. Mallory:

(…) hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica en Cuba (…) una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances posibles en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.

Desde entonces, esa política ha consistido en una guerra económica, intentos de aislamiento diplomático internacional, acciones encubiertas de desestabilización, incluso actos terroristas, organizados y financiados desde el territorio de Estados Unidos.

El cerco energético contra Cuba es parte de una sistemática asfixia que lo precede. En su más reciente etapa, durante el primer gobierno de Donald Trump, éste impuso 243 medidas coercitivas unilaterales. Como un ejemplo, durante la pandemia, esa administración estadounidense bloqueó el ingreso de oxígeno a la Isla. Cabe recordar los avances que se registraron sobre todo en los años 2015-2016 y 2017, en especial, la normalización de las relaciones bilaterales. Lo que cambió después no fue al interior de Cuba, sino por la derechización de la política estadounidense.

Producto de todas esas medidas, el pueblo cubano atraviesa una angustiosa situación en todos los planos de la vida. Un resultado dramático de la perversidad de las mismas es que la mortalidad infantil se incrementó en un 148%, de 4 por cada mil nacidos en 2018 a 9,9 en 2025.

El cerco energético, aplicado desde enero, profundizó gravemente la precariedad de las condiciones de vida del pueblo cubano. En mayo de 2026, el Consejo de Derechos Humanos concluyó que esa medida es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que estas restricciones ponen en riesgo servicios esenciales tales como los sistemas sanitarios, alimentarios e hídricos.

En realidad, el mundo está presenciando la aplicación sistemática y generalizada de un castigo colectivo claramente prohibido por el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que establece que las penas colectivas están prohibidas. La conducta del gobierno de los Estados Unidos está tipificada en las normas que regulan a la Corte Penal Internacional que lo califica como un crimen de lesa humanidad.

Tampoco podemos dejar de mencionar que desde 1992 en adelante, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado 33 resoluciones sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Al cerco energético se suman una serie de acciones extorsivas contra quienes tengan inversiones en Cuba u operen distinto tipo de servicios. Como producto de ello, las empresas navieras cortaron el traslado de productos vitales a la Isla y empresas que invertían en el estratégico sector del turismo han abandonado el país. Se trata de un sistema de medidas extorsivas con alcance extraterritorial que carece de toda legitimidad desde el derecho internacional.  

Se ha montado un aparato de persecusión contra Cuba que el Secretario de Estado, Marco Rubio, describió el 9 de septiembre de 2026, con las siguientes palabras:

Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape (…) cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse de la soga, simplemente lo bloqueamos.

Si bien es consenso entre académicos y especialistas que la actual situación de Cuba no solo se debe a factores externos, estamos convencidos de que las transformaciones que Cuba necesita deben ser decididas exclusivamente por el pueblo cubano, en el marco del respeto a su independencia y soberanía, y nunca bajo la amenaza del uso de la fuerza y la imposición de medidas de asfixia a ese mismo pueblo. Para ese efecto, Cuba ha comenzado la aplicación urgente de cambios estructurales.

En este contexto, hemos visto con mucha esperanza el surgimiento de voces de académicos en Estados Unidos y otros países que, con rigor y valentía, denuncian estos crímenes. Es el caso del recientemente foro realizado en Washington, bajo el título: “Resolving the U.S. provoked crisis in Cuba – normalizing relations with our neighbor”. Estamos conscientes de que lo hacen en un conexo en el que la ciencia y la academia sufren ataques por su mismo gobierno.

Lamentablemente, están también los académicos que, utilizando el nombre de Universidades con prestigio, se suman al coro del Departamento de Estado y cuya producción no enriquece el debate académico y es material que se instrumentaliza para la comisión de los crímenes que exponemos en estas líneas.

En ese sentido, quienes suscribimos este pronunciamiento, entendemos que el rigor académico, la evidencia verificable y nuestro deber ético nos obliga a hacer un llamado público a nuestras y nuestros colegas en América Latina y el Caribe y en todo el planeta a:

– No guardar un silencio cómplice ante los crímenes que, de manera sistemática y generalizada, perpetra el gobierno de los Estados Unidos en contra del pueblo de Cuba.

– Tener siempre presente que no es éticamente posible poner en la misma balanza a agresores y agredidos.

– Hacer de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas un faro que nos permita sortear los difíciles momentos de atraviesa no solo el pueblo cubano, sino toda la humanidad.

– Reconocer los enormes aportes de Cuba en materia de la salud, la educación, la solidaridad internacional y la cooperación Sur – Sur.

– Realzar los lazos históricos entre las universidades y la academia cubana, latinoamericana y estadounidense.

– Estrechar esos vínculos académicos entre nuestras universidades, centros de estudios e investigación y nuestros pares en Cuba con el añadido propósito de que contribuyan a servir de vías de comunicación e información sobre nuestras realidades.

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