Colombia, a un mes del Paro Nacional
Por Patricia María Guerra Soriano / Colaboración especial para Resumen Latinoamericano
“A partir de esta noche (28 de mayo) empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia, y con instrucciones mías y del comando general”. Ese es el mensaje que, a un mes de iniciado el Paro Nacional en Colombia, ofrece el presidente de la nación, Iván Duque, una muestra más de que la represión por parte de las fuerzas del orden es totalmente legítima en el país sudamericano.
La violación de los derechos humanos ha sido una constante durante las manifestaciones, que a pesar de haber tenido como detonante la oposición a la reforma tributaria planteada por el Gobierno de Duque, en estos momentos es la denuncia más viva de la violencia, el narcotráfico y la corrupción destilada desde los órganos políticos que representan al país.
Duque ha dicho que acelerar la judicialización será “la vía para que el pueblo conozca los vínculos con supuestos grupos organizados, en muchas de esas actividades” a las que catalogó como “vandálicas” . Si hay algo convincente en esas declaraciones es la impunidad con la que actúa el Gobierno paramilitar bajo la sombra de una prostituida seguridad democrática, que legitima el genocidio, y el terrorismo de Estado.
En 2021-según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)-han sido asesinados 66 líderes sociales y defensores de los derechos humanos y 25 firmantes de los acuerdos de paz en 2016. En un mes de protestas, otras cifras impactantes son las pruebas más fehacientes del odio gubernamental hacia el pueblo.
La campaña “Defender la libertad un asunto de todas”, red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, informó que han sido registrados 59 homicidios, de los cuales, 32 “fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, mientras los demás fueron realizados por ´civiles´ sin identificar” o sobre los cuales no se presenta información.
Asimismo, se notifican 866 personas heridas “por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional”, particularmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incrementándose a más de 50 las lesiones oculares y a 70 el número de heridos con armas de fuego. En este sentido, se han recibido más de mil denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
Más de 2 000 personas fueron detenidas, muchas de “manera arbitraria, aplicando generalizada e indiscriminadamente” la figura del traslado por protección. “Defender la libertad…” también indicó la ocurrencia de 20 allanamientos, de los cuales ocho fueron declarados ilegales y los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
A este grave contexto se suma la escasa coordinación de las instituciones para documentar, atender y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada. Según la Defensoría del Pueblo, se registran 89 personas desaparecidas en medio del Paro Nacional, una cifra que asciende a 129, según la Fiscalía y que para organizaciones sociales y de derechos humanos es de 346 personas.
La represión ha sido particularmente brutal contra las mujeres, develándose un alto índice de acoso y abuso sexual. Se han notificado más de 460 mujeres víctimas de violencia policial, de las cuales, 319 fueron detenidas de manera arbitraria, 75 heridas y dos asesinadas, agregando la muerte de una menor que decidió suicidarse luego de sufrir agresiones sexuales por parte de los agentes del orden.
Desde el 28 de abril, las demandas de los manifestantes se han ampliado conforme han transcurrido las semanas, tras el propósito de incluir un ingreso básico para los más pobres, oportunidades laborales y de educación para los jóvenes y el fin de la violencia policial, acentuando los llamados para eliminar el Esmad.
El sociólogo, académico y analista político, Marcos Roitman Rosenmann escribió en La Jornada que, en Colombia, “no hablamos de militarismo, sino de necropolítica y militarización del Estado”, teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado por las fuerzas armadas en el siglo XXI, las cuales han incrementado sus tropas “situándose por encima de los 480 mil efectivos, con un gasto militar equivalente a 16 por ciento del total del presupuesto”, una realidad que se comprende mejor al tener en cuenta el apoyo financiero constante recibido por el Gobierno de Estados Unidos.
“No es únicamente Iván Duque o su mentor Álvaro Uribe quienes definen las estrategias y apoyan las acciones genocidas-escribió Rosenmann. Ellos son hombres de paja, sus decisiones no les pertenecen”. Y mientras tanto, Colombia sigue padeciendo.
Foto de portada: El país
