La carnicera de Lima (I)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

El bien ganado sobre nombre de la “Carnicera de Lima”, le corresponde a la impresentable culpable Dina Boluarte, quien ya tiene sobre su conciencia más de medio centenar de asesinados y sigue en ascenso como consecuencia del terrorismo de Estado ordenado por ella a las fuerzas represivas, que intentan someter por la fuerza al clamor popular que exige su salida del poder, la disolución del Congreso, anticipar las elecciones, una nueva constituyente que elimine a la impuesta por el corrupto y asesino Alberto Fujimori, además la liberación del depuesto Raúl Castillo y correligionario de la bárbara. El pueblo ha tomado Lima y la culpable presidenta ha aumentado la represión en respuesta, que califica a los miles de protestantes como una minoría narcotraficante, alborotadores y crápula de la sociedad, que ella dice representar.

Se proyecta internacionalmente como una inocua pacifista, que no entiende el porqué de las protestas, que ya llevan cerca de dos meses, y a las que intenta aplacar por medio del terror, además de apelar a todo tipo de ardides para desvirtuar el clamor popular, al atribuir a las más de sesenta muertes, por las que tendrá que responder y asumir las consecuencias de sus actos criminales en algún momento, como producidas por causas ajenas a su represión.

Los policías y militares involucrados apelaran a la obediencia debida para exonerarse de los cargos, dirán que ellos solo cumplieron las ordenes de sus jefes y estos expondrán que la entonces Presidente así lo dispuso.

La ola de protestas en Perú llegó el 19 de enero  a su capital, que no había  visto hasta ahora los incidentes tan intensos y violentos como los que se han vivido en otros lugares del país, donde ya suman 52 los muertos y más de un millar los heridos. En el sur murieron 18 personas durante las protestas para exigir nuevas elecciones  y la liberación de Pedro Castillo. El clima en la ciudad fue de tensión y se produjeron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en el centro.

Pero eso pudo cambiar con la convocatoria a “la toma de Lima”, lanzada por las diversas organizaciones y colectivos que exigen la renuncia de la presidenta recalada tras la detención y encarcelamiento del presidente constitucional y la convocatoria inmediata de elecciones para renovar el Ejecutivo y el Congreso.

Manifestantes llegados de diferentes puntos del país se congregaron en diferentes puntos de Lima, principalmente, en la plaza San Martín, la plaza Dos de Mayo y el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se les da cobijo, alimentos y otra asistencia.

Numerosas clases universitarias han sido suspendidas y el gobierno ha recomendado a las empresas que faciliten el teletrabajo durante todo el día. Además el Ministerio de Salud declaró en alerta roja a todos los centros sanitarios en todo el país, ante la previsión de que las protestas en la capital se repliquen en otros lugares. La crisis comenzó con la detención y destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

El entonces presidente fue detenido y luego destituido por el Congreso tras anunciar por televisión la disolución del mismo y el establecimiento de un gobierno de emergencia en Perú. De acuerdo con la Constitución, asumió entonces el cargo su vicepresidenta, Dina Boluarte, y pronto surgieron manifestaciones de protesta.

Varios departamentos del país, principalmente en el sur, se llenaron de bloqueos de carreteras y se produjeron ataques a edificios públicos e intentos de tomar aeropuertos.

La violencia se desbordó en el sur, especialmente en el departamento de Puno, donde 19 personas murieron en la ciudad de Juliaca el 10 de enero. Las denuncias de que la policía utilizó munición letal indiscriminadamente contra los manifestantes desbordaron la indignación y resolvió a muchos a trasladar la protesta a la capital, pese a que las autoridades aseguraron haber actuado en defensa propia y de una manera proporcional. La presidenta ha llamado a la “paz de los sepulcros”, para aterrorizar a los manifestantes con una represión sin límites.

Las protestas y la violenta represión que las acompaña, ha causado pérdidas millonarias al enlutado Perú, el panorama es desolador en el legendario Cusco por la cancelación del 90% de reservas turísticas por cierre de Machu Picchu. En Puno, más de 300 conductores varados desde hace dos semanas por bloqueo de carreteras piden intervención de las autoridades para poder llegar a su destino. En Lima se anuncian más manifestaciones y la llegada de delegaciones de otras regiones. Asía se caracteriza la situación por la obstinación de la mandataria, que no puede o no quiere encausar lo que acontece por vías pacíficas.

La indagación sobre esta vicepresidente de Pedro Castillo, que no se inmuta ante las muertes de sus gobernados, para proyectarse como una ejecutiva de “mano dura”, que ya muchos la equipara a la política inglesa Margaret Hilda Thatcher, a quien apodaban “La Dama de Hierro”, ofrece algunos datos pocos conocidos de esta soberbia peruana. El 24 de enero, fue el más reprimido en todo el país.

El ser la primera jefa de Estado en la historia del Perú, pero también una incógnita política, la dores en el obnubiló, se ha metido en el personaje, que en realidad le queda grande e indica su poca experiencia y visión de estadista, su limitada visión de cómo lidiar con la crisis, debe tener preocupados a sus seguidores en el Gobierno y Congreso, quienes caerán junto con ella. La renuncia sucesiva de sus ministros, resume la insostenibilidad de este ensayo de poder, sostenido solo con la violencia estatal.

Algunos aspectos pocos difundidos de su trayectoria explican su mediocre proceder, que apela solo a la fuerza para mantenerse esta abogada de 60 años:

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, nació el 31 de mayo de 1962, en el minúsculo pueblo de Chalhuanca, de casi 28 mil habitantes en la actualidad, Se convirtió, al igual que la vecina usurpadora boliviana Jeanine Áñez Chávez, ingresó al reducido grupo de mujeres que han llegado al poder en Latinoamérica y el Caribe, en muchos casos, como el suyo, en medio de circunstancias turbulentas o especiales. La hoy presa Áñez, resultado de un golpe de Estado y Boluarte por medio de un fracasado lance político de Pedro Castillo, que terminó en vacancia y prisión para el desplazado Mandatario.

La encimada, de profesión abogada y sesenta años de edad, era hasta hace poco más de un mes una oscura y desconocida figura en la escena política peruana, hizo su debut decretando masacrar a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.

El triunfo de Castillo, la sacó del anonimato, casi un año y medio después, devino en la primera jefa de Estado de Perú, tras la destitución del maestro rural, quien ahora permanece detenido por rebelión. La mandataria paradójicamente fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por “permanente incapacidad moral”.

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado. El confinado desde su nombramiento, fue atado de pies y mano, condenado de antemano a su revocación, sin poder alguno y víctima de constantes presiones externa y externas, pasará a la historia peruana como Pedro Castillo “El Frágil”.

La presidenta peruana, quien hace apenas unos días antes de ser elegida, se salvó de ser inhabilitada a ejercer cargos públicos por 10 años luego que una comisión del Congreso desestimó y archivó una denuncia que buscaba destituirla del cargo de vicepresidenta por una supuesta infracción constitucional. Había sido denunciada ante el Congreso por la Contraloría por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que el de funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe.

Según la Contraloría, firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del gobierno. Ella admite que firmó los documentos, pero alegó una serie de razones burocráticas para ello. Este club lo integran quienes, como ella, residen en Lima y son oriundos de Apurímac.

Este asunto está momentáneamente en pausa, mientras se mantenga en el cargo por ahora, que se mantiene bajo los Estados de excepción y la represión.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Reuters.