Mercurio en la sangre: El precio del oro para los pueblos indígenas de la Amazonía

Por Sebastían Ochoa.

Decenas de familias indígenas que viven en los márgenes del río Beni tienen en la sangre hasta 27 veces más mercurio del recomendable, lo cual les ocasiona múltiples enfermedades. Las comunidades piden la intervención del Gobierno para evitar la pérdida de vidas y ecosistemas.

El parque nacional Madidi, en la Amazonía, es uno de los paraísos que tiene Bolivia. Pero para las comunidades indígenas que viven allí y alrededores, su propio hogar se convirtió en un territorio hostil y envenenado, donde los peces vienen rellenos de mercurio a causa de la explotación ilegal de oro en los ríos.

Más de 60 organizaciones sociales y de la sociedad civil local exigieron al Gobierno de Luis Arce que regularice esta actividad minera, que amenaza los medios de vida de varios pueblos originarios amazónicos.

En su pronunciamiento destacaron que desde hace varios años, y cada vez con mayor intensidad, «cooperativas auríferas, aliadas a ambiciosos intereses privados y extranjeros explotan oro en la región, actividad que incluye desmontes, presencia amenazante de personas foráneas, con algunos colaboradores locales, para explotar el metal con dragas y uso de mercurio», el cual contamina ríos, aire y tierra, con riesgos para la salud humana y de otras especies.

Recientemente, un estudio de la Universidad de Cartagena, Colombia, determinó que «las concentraciones de mercurio en los organismos de los indígenas de la cuenca amazónica del río Beni, en Bolivia, tienen entre siete y hasta 27 veces más de lo tolerable por el organismo humano», se lee en el documento de las organizaciones. El pescado está en la cima de la pirámide alimentaria de las familias indígenas. Al comer carne contaminada, en varios comunarios «detectaron pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales, sobre todo en aquellas personas con elevada contaminación por mercurio».

Explotación al margen de la ley

Alex Villca Limaco es de la comunidad de San José de Uchupiamonas, en el parque Madidi. En diálogo con Sputnik, aseguró que las cooperativas mineras que actualmente explotan oro de los ríos amazónicos «son una fachada para el interés de las grandes transnacionales en esta región».Villca explicó que la ley 535, de Minería, «prohíbe la alianza de cooperativas mineras con empresas privadas, ya sean nacionales o transnacionales. Sin embargo eso está ocurriendo, a la vez se han ido masificando las cooperativas».

En cambio, pagan el 2,5% de regalías al Estado por los minerales que venden. «Vemos que los pasivos ambientales no pueden ser compensados con los irrisorios beneficios que deja la actividad minera», dijo Villca, quien es vocero de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. La explotación minera en los ríos amazónicos «no compensa en absoluto los daños irreversibles que causa esta actividad al contaminar nuestros medios de vida», comentó.

Y agregó: «Muchas poblaciones no tienen acceso al agua potable, por ello se ven obligados a usar las aguas envenenadas de ríos, arroyos y lagos».Villca evidenció que se requieren más estudios para conocer el nivel de contaminación en la cuenca del Beni, ante la sospecha de que hay otros metales pesados, aparte del mercurio.Además, «áreas que eran usadas para otras alternativas económicas, como la producción de plátano, de yuca, o de cítricos, han sido destruidas totalmente por las maquinarias que usan las cooperativas mineras», denunció.

La propuesta del ecoturismo

Tres décadas atrás, en varias comunidades indígenas de la región comenzaron a desarrollar emprendimientos de ecoturismo. Recibían turistas de todo el mundo, a quienes alojaban en cabañas construidas en sus territorios y a quienes guiaban durante días por la asombrosa selva amazónica.Con mucho esfuerzo personal, Villca se licenció en Turismo en la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y creó varios emprendimientos comunitarios, como Chalalán y Madidi Jungle.

Además, desde agosto de 2021 está cerrado el aeropuerto de Rurrenabaque, que es la población desde la cual se parte hacia diversos rumbos amazónicos en el departamento de Beni y el norte de La Paz.

Ante la paralización del turismo, «en su desesperación, muchos hermanos están optando por trabajar en estas cooperativas», contó Villca. Para él, sumar mano de obra local «es una estrategia de los actores mineros para justificar que el aprovechamiento de estos recursos es una necesidad de la gente que vive en esos territorios».De esta manera, «están prácticamente saqueando nuestros recursos naturales. Y están destruyendo nuestros medios de vida».

El rol del Estado

Para Villca, un principio de solución requeriría que el Estado boliviano haga cumplir las leyes vigentes. «En nuestro país, al menos un 85% de actividad minera, sobre todo aquella cooperativizada, no cumple con los procedimientos o las normas vigentes en nuestro país». Y aseguró que «si el Estado boliviano hiciera cumplir las normas nacionales e internacionales, gran parte de los actores mineros dejarían de explotar oro, porque no están enmarcados en nuestra normativa vigente».

También consideró importante «que el pueblo boliviano conozca esta grave problemática, porque no es una cuestión que afecta a los pueblos indígenas, sino a todo el país».

Por este motivo, el Estado Plurinacional es el segundo mayor importador de mercurio en el mundo, con 220.000 toneladas anuales. Esta situación motivó que dos relatores especiales de las Naciones Unidas enviaran una carta al presidente Arce para recibir más información al respecto.

Otros problemas en el paraíso

Estas no son las únicas dificultades y amenazas que enfrentan a diario las comunidades de los pueblos Esse Ejja, Tacana y Uchupiamona, entre otras. El río Beni pasa por el estrecho de El Bala, donde años atrás el Gobierno proyectó construir una represa para una hidroeléctrica, que habría cubierto con agua a varias comunidades indígenas. Este conflicto, con otros que transcurrían en el país, motivó la conformación de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), cuyo vocero también es Villca.

«Sufrimos una presión fuerte de militares navales, quienes nos exigen matricular nuestras canoas peque-peque. Exigen un pago de cabotaje o derecho de zarpe. Para nosotros es algo ilógico, que vulnera nuestros derechos, porque los pueblos de esta región siempre hemos hecho uso de nuestros ríos», contó Villca. »Pareciera que las fuerzas del orden no reconocen que nuestro país, a partir de 2009, reconoce fundamentalmente los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza», agregó.

Los hermanos indígenas esse ejja, tacana, chimán, mosetén y todos los pueblos de la región somos altamente vulnerables. No tenemos los fondos para que los militares nos permitan entrar a nuestra propia casa. Además, no corresponde y es una vulneración a nuestros derechos fundamentales», sostuvo Villca.

Tomado de Sputnik/ Foto de portada: Juan Karita/ AP.