La experiencia de 1994 en el enfrentamiento a la crisis del periodo especial
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Este 2024 se cumplen 30 años de la implementación de un conjunto de medidas que comenzarían a revertir los efectos más graves de la crisis del periodo especial, que se registró entre 1993 y 1994.
Las ideas básicas sobre las medidas de fondo para enfrentar esta crisis serían esbozadas en el discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 26 de julio de 1993, y caracterizarían la política económica en ese periodo.
En ese discurso se señalaría cómo, en 1993, el país había dejado de percibir 450 millones de dólares por la caída de la producción azucarera, que solo alcanzaría 4 280 000 toneladas.
Adicionalmente, se analizaría hasta qué punto se habían reducido los precios de las exportaciones de níquel, camarones y langostas, y la grave escasez de divisas que se enfrentaba.
A lo anterior se sumaría, en marzo, el impacto de la llamada Tormenta del Siglo, que dejó más de mil millones de dólares en pérdidas.
Todo esto llevó a la necesidad de adoptar, inmediatamente, un conjunto de medidas audaces, a la vez que bien meditadas por la dirección del país.
Ese conjunto de decisiones dio paso a la despenalización de la tenencia y uso de la divisa en el país –incluyendo la recepción de remesas desde el extranjero–, y a su captación comercial mediante un sistema de tiendas de recaudación de divisas (trd), al tiempo que se ampliaron los permisos para visitas a Cuba por parte de la comunidad cubana en el exterior.
Igualmente, se informó sobre la necesidad de ampliar la inversión extranjera y adoptar medidas para reducir el exceso de liquidez en manos de la población.
Comenzó a materializarse así una estrategia económica dirigida a avanzar en la recuperación, y a resistir el impacto de la crisis al menor costo social posible, al tiempo que se dieron pasos para reinsertar la economía cubana en las nuevas condiciones, contando con el consenso político indispensable para ello.
Sin embargo, en el contexto de las medidas adoptadas resaltó, por su importancia y urgencia, la necesidad de frenar el desequilibrio financiero interno, en el que se reflejó una tasa de inflación que llegó a un estimado máximo de 183 % en 1993, que amenazó con avanzar hacia un proceso de desmonetización y desorganización total de la actividad económica.
Esa situación se abordó detalladamente en la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el día 28 de diciembre de 1993, en la cual se evaluó la crítica situación financiera interna y la necesidad de discutirla con toda la población.
Esta discusión masiva de las medidas que debieron adoptarse marcó una diferencia sustancial con los programas neoliberales que se venían implementando masivamente en los países subdesarrollados desde finales de la década de los años 80, y dieron un contenido real a la democracia socialista en nuestra patria, frente a las recetas del capitalismo.
Fue así como se desarrollaron los llamados Parlamentos Obreros, entre enero y marzo de 1994, proceso de discusión libre y abierta de los temas económicos, no solo entre los trabajadores, sino también con la participación de los campesinos, los estudiantes y –en general– de todas las organizaciones de masas existentes en nuestro país.
En estas discusiones se registraron más de 530 000 propuestas, en reuniones que abarcaron todas las provincias. A partir de estas, se seleccionaron aquellas que contaron con la mayor comprensión y apoyo por parte de la población, las que sirvieron para diseñar las medidas que se presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesiones extraordinarias, los días 1ro. y 2 de mayo de 1994.
En esa asamblea se aprobó un programa antinflacionario que adoptó el nombre de Programa de Saneamiento Financiero Interno, que incluía reducir, sistemáticamente, el subsidio por pérdidas de las empresas y otros gastos presupuestarios, e incrementar los ingresos fiscales; lograr la estabilidad de los ahorros; controlar la circulación de divisas en el país; introducir mecanismos de estímulo –en divisas– para los trabajadores que laboraban en las producciones estratégicas; valorar y decidir, puntualmente, la elevación de los precios y tarifas de productos y servicios seleccionados; implantar, gradualmente, un nuevo sistema impositivo; examinar la conveniencia de un cambio de moneda, como un elemento para tomar en consideración, en caso de que las medidas por aplicar no dieran los resultados esperados a corto plazo, y facultar al Gobierno a adoptar otras medidas que se consideraran para el saneamiento financiero del país.
Algo destacable de estas medidas –que implicaban aumentos de precios y tarifas, así como nuevos impuestos– fue que tuvieron un proceso político de apoyo que permitió contar con el consenso necesario para su aplicación, aun cuando fueran medidas duras, en medio de uno de los peores años del periodo especial.
Adicionalmente, en 1994 se aplicó la racionalización de gastos de la Administración Central del Estado, con la reducción de ministerios, que pasaron de 50 a 30, y también, entre 1995 y 1996, se puso en práctica un proceso de redimensionamiento empresarial, que permitió su reorganización gradual, y que contó con un seguro de desempleo que posibilitó mitigar el impacto que ese proceso tendría entre los trabajadores afectados.
Las medidas más importantes adoptadas a partir de entonces, y que completarían el impulso a la reanimación económica imprescindible, incluirían la aprobación, en el verano de 1994, de la Ley No. 73, que implementó un nuevo sistema impositivo; la creación del peso cubano convertible (cuc), en diciembre de 1994, y de las Casas de Cambio (Cadeca), en octubre de 1995; la aprobación, en septiembre de 1995, de la Ley No. 77, que brindaba un marco legal apropiado a la inversión extranjera; los decretos Ley No. 172 y 173, de 1997, que reestructuraron el sistema bancario nacional, y el No. 187, de 1998, que implementaría el proceso de perfeccionamiento empresarial, entre las decisiones de mayor peso.
La experiencia del enfrentamiento a la crisis en los años más duros del periodo especial puso de manifiesto la importancia de la integralidad de las medidas adoptadas, así como de su secuencia.
Fue así que se colocó, en primer plano, el enfrentamiento a la inflación; seguida del estímulo a las producciones más importantes; el ordenamiento de la dolarización parcial de la economía, con la creación del cuc, y finalmente la creación de Cadeca, para conectar y regular los flujos de las diferentes monedas en manos de la población.
En los momentos en que enfrentamos una situación compleja en nuestra economía, el estudio y valoración crítica de lo hecho en los años 90 tiene, sin dudas, una notable utilidad para el presente.
Tomado de Granma/ Foto de portada: Ahmed Velázquez