Argentina: Crisis en la salud pública: ¿El gobierno quiere privatizar los hospitales nacionales?
Por Laura Bogado.
Despidos en el Hospital Posadas, amenazas de cierre en el Laura Bonaparte, apertura de las prácticas de alta complejidad para “ofrecerlas al mercado” en el Garrahan. En todos: bajos salarios, precarización y desfinanciamiento. Desde el Gobierno dicen querer avanzar con un modelo de “gestión privada”: qué experiencias hay y porqué hay que enfrentarlo.
Desde la cartera de Salud de la Nación, el gobierno nacional dejó trascender que quiere finalizar el trabajo que había comenzado la dictadura y que se continuó en los ´90. ¿A qué nos referimos? A terminar de transferir todos los hospitales nacionales a las provincias, cediendo la gestión estatal pero sin recursos para su sostenimiento. “Ahorro fiscal”, que pone en peligro la vida de millones. Hasta el momento, la noticia es que ni del gobierno de la Ciudad ni de Buenos Aires estarían en condiciones de “absorber” hospitales de alta complejidad. En ese caso, la opción que propone el gobierno, según los medios de comunicación, es pasar a “gestión privada” los hospitales en cuestión.
Más del 95% de los establecimientos de salud en nuestro país dependen de presupuestos provinciales o municipales, según los relevamientos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. La jurisdicción nacional aún cuenta con 11 establecimientos bajo su órbita.
Los que dependen por completo del presupuesto de nación son: el de salud mental Laura Bonaparte, que resistió el intento de cierre en CABA; el Hospital Posadas que es de alta complejidad y combina los tres niveles de atención, ubicado en Morón; el Baldomero Sommer en General Rodríguez; el de discapacidad intelectual Ramón Carrillo en Luján. Además están los SAMIC que dependen en un 70% u 80% del presupuesto nacional que son: el Garrahan, en Parque Patricios; El Cruce, en Florencio Varela; el Cuenca Alta, en Cañuelas; el de El Calafate; el de Esteban Echeverría; el de agudos Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo y el Presidente Néstor Kirchner, en La Matanza.
En Argentina, hay alrededor de 16 millones de personas que dependen del sistema publico de salud, un 36% de la población. Como denuncian los trabajadores del Hospital Posadas (que tiene un radio de población de 6 millones de personas en el conurbano), en ese hospital hay cada vez más demanda, debido al aumento del trabajo no registrado, los valores de las cuotas de las prepagas, pérdida de empleo formal, etc. Este aumento de demanda es imposible de absorber en las condiciones actuales. “En nuestra guardia la gente tiene 8, 10, 12 horas de demora y a veces se van sin ser atendidas”, dice Juan Pablo, residente de cuarto año de emergentología del Hospital Posadas.
La realidad es que el ajuste en salud con la reducción de los presupuestos destinados viene siendo constante en los últimos años, con gobiernos de cualquier color. Esto se tradujo en magros salarios, falta de insumos, falta de reemplazo de aparatología de alta complejidad. En el caso del Hospital Posadas, con el despido de más de 120 profesionales que garantizaban prácticas claves para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alta complejidad.
El ultimo 21 de noviembre trabajadores de los hospitales nacionales, junto a enfermeria y distintos sectores de salud se movilizaron contra el ajuste y los recortes que se preveen, teniendo en cuenta incluso que por el momento el año que viene los hospitales nacionales deberán funcionar con el presupuesto 2022.
Los antecedentes de hacer de la salud un negocio de empresarios
En el Hospital Garrahan, según las fuentes citadas por los medios, no avanzarán en la privatización, pero los trabajadores vienen denunciando “el plan de trabajo”, que presentó la dirección junto al gobierno que implica ofrecer a empresas privadas gestionar las prácticas de alta complejidad (o sea la lógica es según el costo y no según la necesidad del paciente), incrementar la productividad, sin tomar nuevos trabajadores (o sea trabajar más, siendo menos), avance en la tercerización del personal, entre otras medidas que solo perjudican a los trabajadores y la atención de los pacientes.
Esta situación no se da de un día para el otro. En ese hospital desde el 2015, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, los trabajadores denunciaban el avance en la tercerización de los servicios de limpieza. Según denuncian los propios trabajadores, esto no sólo fue un enorme negociado para las empresas, sino que garantizo salarios bajísimos, condiciones de trabajo humillantes, períodos de prueba permanentes, divisiones en el propio equipo de trabajo.
En el Posadas, bajo el gobierno de Macri se instaló la empresa tercerizada de limpieza en un sector, y luego terminó consolidándose en este gobierno. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires. Bajo el gobierno de Kicillof, las empresas tercerizadas son moneda corriente y, como denuncia Laura Cano, diputada provincial por el PTS en el FITU en el tratamiento de la ley para la creación de una empresa de emergencias en salud “que se habilite el ingreso de capitales privados al sistema público, es abrirle la puerta a la privatización de la salud”.
Pero además a esto se le suma, el recorte en programas nacionales de acceso a medicación de alto costo, como por ejemplo el recorte del 76% en el programa para la prevencion, deteccion y tratamiento de HIV, tuberculosis, e Infecciones de Transmisión Sexual para el año que viene, para pacientes oncológicos, el ajuste en discapacidad con la reducción brutal de los certificados de discapacidad. Un combo explosivo que deja en bandeja de plata una salud pública cada vez más deteriorada. Además deja sin atención a quienes más lo necesitan.
“Estábamos en la sede del Pami reclamando por los medicamentos que nos están quitando, los oncológicos por ejemplo. Reclamando también que seamos nosotros los que administremos el PAMI. Cuando nos atendieron se nos rieron en la cara y nos dijeron que los medicamentos no nos lo van a dar”, dice Guillermo, uno de los jubilados que estan protestando tambien todos los miercoles en el Congreso. Es un ejemplo del trato que reciben quienes mas necesitan de ayuda y asistencia para continuar tratamientos vitales.
En cambio el trato hacia los dueños de la salud privada es muy distinto. No paran de ganar con todos los gobiernos. Con Alberto Fernández, además de subsidiar durante la pandemia a las empresas prepagas con el programa ATP, autorizó aumentos de cuotas siempre por encima de la marca de la inflación. Con el gobierno de Milei, se desregularon los precios, lo que llevó a aumentos que superan el 200% en el año, se permitió limitar prácticas medicas y cobertura de medicamentos, entre otras medidas.
Otra vía de negocio que han venido utilizando las empresas de salud, es la “derivación”. Son las empresas que realizan practicas de diagnostico o tratamiento que no se realizan en el hospital, o centro de salud pública. Esa prestación al Estado le sale más caro, que garantizar por sí mismo, porque se tiene que calcular la ganancia del privado.
O sea el beneficio para los privados no significa una mejora en la atención de los afiliados, sino todo lo contrario: a mayor ganancia, más recorte de prestacion, menos derechos.
En estos párrafos explicamos cómo han allanado el camino para avanzar en privatizar la salud. Pero ¿Qué significa entregar la gestión de salud pública a empresas que tienen como fin, sacar su tajada en ganancias exorbitantes como lo vimos con los empresarios de las prepagas?
¿Hacia la “gestión privada” de los hospitales nacionales?
En un reciente artículo del diario de La Nacion, se menciona las intenciones del Gobierno de avanzar en aplicar en Argentina el “modelo español”.
Como cuentan los trabajadores de la salud del Estado Español, que hemos consultado desde este diario, en dicho país ya prácticamente se ha retirado el Estado Nacional de la gestión de centros especializados. Todo quedó en manos de las comunidades autónomas (algo así como las provincias) y la salud pública depende casi un 100% de los presupuestos votados en las comunidades autónomas. Los casos ejemplares para el Gobierno son Catalunya y Madrid. Allí han definido que la gestión de hospitales y centros de salud, pasen a manos privadas. Algo así como una “concesión”, similar a lo que sucede con las autopistas.
En algunos casos son hospitales enteros, en otros áreas específicas. El resultado fue una enorme transferencia de recursos desde el Estado hacia el sector privado, sin ningún beneficio a la población más desprotegida, con contrataciones que no contemplan las necesidades de los usuarios sin regulación o control por parte de sus trabajadores. “De esta forma, tratamientos contra el cáncer, los cuidados intensivos a bebés o los trasplantes son algunos ejemplos de cuestiones que la privada no cubre para mantener sus grandes beneficios”, explican los trabajadores donde avanzaron estas medidas.
Una enfermera del Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se vienen privatizando distintos sectores, explica: “Si tú metes a una empresa a hacer un trabajo que hacíamos antes nosotros, esa empresa se tiene que llevar dinero, con lo cual ese dinero se deja de invertir en el beneficio directo del proceso (…) Ellos tienen que ganar algo de dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, el enfoque es distinto. No es lo mismo los objetivos que tenemos nosotros como cuidadores o dadores de salud o de resolución de problemas a un paciente, que los objetivos que tiene una empresa que esteriliza el instrumental o que hace cualquier otro tipo de procesos”.
La gestión privada de las instituciones de salud tampoco resultó en una mejora de condiciones de trabajo de quienes la sostienen: los y las trabajadoras. Se profundizó la precarización laboral, por ejemplo. Esto ha generado durante la pandemia, no solo un colapso del que aún se ven las consecuencias políticas en Madrid, sino también una fatiga muy grande en los y las trabajadoras de la salud y una creciente conflictividad.
¿Cómo enfrentar esta amenaza?
Frente a las versiones que deja trascender el Gobierno los gremios mayoritarios de los centros de salud nacional no se pronunciaron ni convocaron asambleas y medidas de deliberación de los trabajadores. Es más, más bien funcionan como oficinas de difusión de la política del gobierno, como ahora sucede con los exámenes que el Gobierno quiere implementar a los trabajadores estatales.
Ni UPCN, ni ATE, menos que menos las centrales sindicales llaman a medidas para enfrentar el ajuste. Pero aquí no sólo tenemos historia en la defensa de la salud pública. Tenemos presente. Las y los trabajadores despedidos del Hospital Posadas, se están uniendo en las calles con quienes lo enfrentan. Por ejemplo los trabajadores del Hospital Bonaparte, que organizados en asambleas desde abajo, lograron frenar el cierre que intentó hacer el gobierno. También con los trabajadores del Hospital Garrahan, que están enfrentando el ajuste del gobierno y peleando por un aumento salarial acorde al costo de vida. Apoyaron a los estudiantes universitarios que salieron a luchar por el presupuesto, a los jubilados. En todas esas luchas encuentran solidaridad y ganas de unirse. Ahí está la fuerza.
“Llamamos a toda la comunidad a acompañar esta tenaz y ejemplar lucha que vienen dando los trabajadores, a rodearlos de solidaridad, a unir las peleas que se están dando. (…) llamamos a todo el pueblo trabajador a ir coordinando las luchas para preparar una verdadera huelga general para derrotar a este gobierno y sus cómplices que vienen ajustando a las mayorías trabajadoras.” dijo Nicolas Del Caño en una de las sesiones del Congreso Nacional, donde se refirió a los constantes ataques del Gobierno a la salud pública.
En esa unidad entre trabajadores junto a los usuarios, radica la fuerza para enfrentar los despidos, el ajuste y cualquier ataque, como la privatización, que quiera llevar adelante el gobierno en el Hospital Posadas y los demás hospitales nacionales. También para pelear por mayor presupuesto para la salud pública en base al no pago de la deuda fraudulenta del FMI; reforzando los programas de prevención, el pase a planta permanente para todos los trabajadores y salarios acordes, como mínimo, al valor de la canasta básica.
Es importante defender la salud pública, porque es la salud del pueblo. Pero tenemos que terminar con esta decadencia a la que llevaron todos los Gobiernos, y Milei quiere profundizar. Por eso, desde La Marron planteamos que el derecho a la salud tiene que ser universal: peleamos por un sistema de salud único, estatal, gratuito y universal controlado por los trabajadores y usuarios, nacionalizando los grandes laboratorios para la producción nacional de medicamentos, y los sanatorios y recursos privados, que hoy solo sirven a unos pocos que lo pueden pagar y se pueden utilizar según las necesidades de la población en una red integrada entre todas las instituciones y recursos disponibles.
Fuente: La Izquierda Diario.
