El Acuerdo de Escazú entre avances y riesgos

Por Patricia María Guerra Soriano / Colaboración especial para Resumen Latinoamericano

Mientras este 22 de abril se celebraba el Día Internacional de la Madre Tierra, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú sirvió como un homenaje a la fecha y como un respaldo jurídico a los defensores del medioambiente en América Latina y el Caribe.

Denominado oficialmente “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, fue firmado por 24 países y ratificado por 12 de ellos para constituir el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medioambiente en la región.

Además de contar con esa distinción, se trata del acuerdo multilateral más reciente que se ha negociado y adoptado bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esa condición fue reconocida por el secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien lo catalogó como un “logro histórico” para Latinoamérica y el Caribe y para el mundo, “al adoptar un enfoque basado en los derechos, fomentar la creación de capacidad y la cooperación y centrarse en los más vulnerables”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha promovido desde su condición de secretaría, la entrada en vigor del tratado que formalmente propone: “garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Han pasado seis años desde que el Acuerdo se originara como resultado de las propuestas presentadas en la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro y tres de su adopción en la ciudad costarricense de Escazú cuando el nombre de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 tras enfrentarse al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en territorios indígenas, se erigía como estandarte del proyecto ambiental más importante del continente.

La urgencia de concretar un pacto de este tipo entre las naciones de la región lleva a cuestas muchos nombres de líderes ambientales asesinados. En el 2017, la organización Global Witness registró el asesinado de 201 ambientalistas a nivel global, cifra de la cual el 60 por ciento perteneció a América Latina y donde Brasil reportó la mayor parte, con 57 muertes, el 80 por ciento de las cuales ocurrieron mientras los activistas protegían los recursos naturales en el Amazonas. En 2018, fueron notificados más de 80 asesinatos en la región, siendo Colombia el segundo país más mortífero del mundo, detrás de Filipinas. Para 2019, las cifras continuaron siendo decepcionantes. Un reporte reciente identificó más de 140 muertes, ratificándose Colombia como la nación más mortífera del área con 64 líderes asesinados.

De ahí que, desde el inicio de las publicaciones de Global Witness, en 2012, América Latina se confirma como el continente más afectado en el mundo. La aplicación real del tratado depende de la voluntad de las naciones que lo ratificaron y el esfuerzo de los demás países de la región por sumarse al proyecto. La reconocida apicultora maya Leydy Pech, quien encabezó la oposición a la siembra de la soja transgénica de la empresa Monsato en su tierra Hopelchén, en la península de Yucatán, teme por el cumplimiento del pacto. En 2017, logró la revocación de los permisos otorgados por el Gobierno mexicano a la multinacional en siete Estados; no obstante la soja se siguió sembrando en su territorio. Sobre esas contradicciones y violaciones a la ley, levanta sus dudas.

El hecho de que países como Brasil, Colombia y Perú, los tres dentro de la clasificación de las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un informe de Global Forest Watch, no aparezcan entre los países que ratificaron el Acuerdo, ya es un mal comienzo.

Al respecto, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que le preocupa la existencia de un lobby empresarial “que está pensando que este Acuerdo les va a impedir seguir adelante con sus actividades”.

Mika Kanervavuori, representante de la ONU Derechos Humanos coincidió con la funcionaria y argumentó que las amenazas y estigmatización hacia las personas que defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales, además de poner en riesgo su vida, “tienen un efecto amedrentador que busca desalentar la legítima defensa de los derechos humanos”.

Naciones Unidas enfatiza la importancia del Acuerdo de Escazú en un contexto mediado por la pandemia de la COVID-19 que ha limitado la participación de los activistas ambientales y ha restringido el acceso efectivo a la información y a la justicia. Como consecuencia se ha observado la reducida capacidad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales y proteger los territorios indígenas.

A pesar de la incuestionable responsabilidad de los Gobiernos para que el tratado se cumpla, sus principios deben ser tenidos en cuenta por la empresas . Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo dijo: “su acción en esta materia es fundamental para alcanzar el objetivo que se plantea en el Acuerdo, tener un modelo de desarrollo respetuoso con los derechos del ambiente y los demás derechos humanos relacionados”.

Foto de portada: melisalut

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