El «Caracazo»: La primera revuelta popular contra el FMI cumple 33 años

Se cumple un nuevo aniversario del estallido social contra el paquete de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) conocido como el ‘Caracazo’, que fue masacrado por el ejército venezolano bajo el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez.

Sputnik reunió a un economista, un historiador y a militantes populares para analizar el significado de un acontecimiento que marcó una nueva época para Venezuela.

Fue 1989 un año convulso en el mundo, comenzando por la caída del Muro de Berlín, antesala del derrumbe -nada menos que- de la Unión Soviética y la consolidación de EEUU como potencia hegemónica.

Ese mismo año, 1989, mucho antes de las protestas antiglobalización de Seattle en EEUU (1998), previo incluso al surgimiento del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en México (1994), una explosión social sacudía a Venezuela, 25 días después de que Carlos Andrés Pérez asumiera su segundo gobierno.

El 27 de febrero de 1989 se inició en Guarenas, en las afueras de Caracas, una ola de protestas y saqueos que se extendió rápidamente a las principales ciudades de Venezuela. Dos semanas antes, el entonces presidente Pérez anunciaba un conjunto de medidas impuestas por el FMI, entre ellas un aumento en el costo de los servicios, liberación de precios, privatización de empresas del Estado y el detonante para el levantamiento popular en Guarenas: el alza en el precio de la gasolina.

Para este profesor universitario e investigador, las medidas de corte neoliberal anunciadas por Pérez tuvieron un impacto en las protestas, pero a su juicio el detonante fue otro.

«El primer factor fueron las medidas de ajuste económico tomadas por el recién estrenado gobierno de Pérez que, por supuesto, ocasionaron un shock, un deterioro mayor en las condiciones económicas de la población. Pero, sobre todo, el Caracazo ocurre porque es el mismo Pérez el que encabeza el ajuste, el que prometía regresar a la Venezuela de los años 70, del dame dos, a la bonanza económica. Esa contradicción, esas antítesis, entre lo que ofrecía la imagen de Pérez y lo que ejecuta en la práctica es lo que dispara la convulsión social», agrega Muñoz. 

Dada su condición monoproductora y monoexportadora, dependiente sobre todo de la actividad petrolera, la economía venezolana tuvo en la década de los 70, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), un crecimiento importante en sus ingresos, debido principalmente al repunte sustancial del mercado petrolero mundial, explica el diputado y ex ministro de Economía de Venezuela, Ramón Lobo.

«Los ingresos venezolanos en este período casi que se quintuplicaron, y aumentó de manera importante el gasto público. Pero luego vino una fase de descenso que afectó las finanzas públicas y la economía se fue agravando en los gobierno sucesivos, hasta la llegada del segundo gobierno de Pérez y su anuncio de un paquete de corte neoliberal. Esta situación económica, sumada a décadas de represión contra el movimiento popular, consiguió su expresión en ese 27 y 28 de febrero de 1989 que se conoce como el Caracazo», reseña Lobo.

El economista y parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela, señala que en esos años las protestas estaban en auge en varias zonas del país y recuerda que dos años antes del Caracazo se dió en el estado Mérida, un estallido social denominado el Meridazo.

«Ese Meridazo fue la expresión de una protesta popular por aproximadamente 15 días de manera continua, con toma de calles por los estudiantes y las comunidades en rechazo a la represión que terminó con un joven asesinado, y contra las injusticias y atropellos que ocurrían todos los días en aquellos años. Y ese asesinato generó el rechazo con focos de protesta en otras partes del país», agregó.

La revuelta masacrada

A 33 años del estallido se desconoce aún el número total de víctimas mortales que dejó como saldo la represión de la polícía y el ejército para sofocarlo. «La represión fue monstruosa, y creo que es una de las masacres en Latinoamérica más sentidas, hubo más de 3.000 muertos y hay quienes dicen que fueron hasta 5.000, entre muertos y desaparecidos», enfatiza Alexis Barnique, militante popular del barrio caraqueño 23 de Enero.

Este líder comunitario en 1989 no tenía aún militancia barrial, sin embargo el día 27 salió de su casa rumbo a una consulta médica sin conocer qué era lo que estaba ocurriendo en las calles de Caracas y terminó preso en un módulo de la policía, por primera vez en su vida.

Barnique relata en conversación con Sputnik cómo explotó el sentimiento de hartazgo generalizado que predominaba en los sectores populares por la exclusión, las continuas violaciones a los derechos humanos y la persecución contra los dirigentes políticos de la izquierda venezolana.

Alexis Barnique, militante popular del barrio 23 de Enero en Caracas

«Fue una explosión espontánea, nadie la organizó, pero que venía gestándose desde hace tiempo porque nuestra gente no aguantaba más el alto costo de la vida y cada vez que se salía a reclamar, a protestar por ejemplo por los servicios públicos, esas manifestaciones eran brutalmente reprimidas. Y en el ‘Caracazo’, la represión en el barrio fue una barbaridad, utilizaron francotiradores con fusiles FAL, disparaban contra los bloques que son de concreto armado y los destrozaban», agrega, indignado, Barnique.

Décadas de una «dictadura disfrazada de democracia»

En 2013, a instancias del Estado venezolano, se crea la Comisión por la Verdad y la Justicia con la finalidad de esclarecer y castigar la violación de los derechos humanos durante los años 1958 y 1998, décadas conocidas como la Cuarta República.

El período comprende los años de alternancia en el poder de los dos principales partidos de la derecha venezolana, Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), que gobernaron Venezuela entre la salida de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el primer triunfo electoral del líder bolivariano Hugo Chávez en 1998.

Tras 4 años de investigaciones, la comisión pudo establecer que en ese lapso se registraron más de 10.000 casos de desapariciones, asesinatos y torturas por razones políticas y más de 30.000 personas fueron afectadas directa e indirectamente por las políticas represivas aplicadas por estos gobiernos.
«Se habla sobre esta época como los años de la democracia representativa, pero en realidad no fueron gobiernos democráticos, fueron décadas de una dictadura disfrazada de democracia», opina Frank León, militante popular en el combativo 23 de Enero, quien recuerda que en aquellos años la lucha contra los gobiernos de AD y COPEI debía hacerse desde la clandestinidad para evitar los allanamientos, la detención y hasta la muerte.

Frank León, militante popular en el barrio 23 de Enero en Caracas

León integra una de las organizaciones sociales con más tradición de lucha en el barrio, la Coordinadora Simón Bolívar, y le dice a Sputnik que los horrores cometidos por las dictaduras de Pinochet en Chile o Videla en Argentina ya eran una práctica en Venezuela durante estos gobiernos «democráticos», como lanzar gente de los helicópteros al mar o la figura del desaparecido por razones políticas.
 

«El terror fue total»

El 27 de febrero de 1989 lo encuentra a Frank en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde estudiaba Trabajo Social. Desde tempranas horas, una protesta estudiantil era reprimida por las fuerzas policiales, algo que era frecuente en esos días. Recién en la noche, cuando consiguió salir de la casa de estudios junto a dos compañeros de militancia, comenzó a ver el paisaje desolador en las calles, con autobuses quemados, corridas, saqueos en negocios, y cayó finalmente en cuenta de que algo diferente y más graves estaba ocurriendo.

Comenta el militante que en el barrio 23 de Enero “el terror fue total” y resultó ser el corolario de años de «brutal represión«, acentuada por la cantidad de protestas y manifestaciones que hubo previo al Caracazo.

«Hubo una estrategia de guerra psicológica, de terror en el barrio. Hubo apartamentos totalmente destrozados por los disparos del ejército, había que dormir en los pasillos de los edificios o en el baño. Y eso ocurrió varios días, porque el sacudón no duró sólo dos días. Las garantías constitucionales estuvieron suspendidas durante semanas y ahí se incrementaron las persecuciones, los allanamientos y las torturas», narra el militante popular Frank León.

Memoria, pasado y futuro

El día 28 de febrero, el gobierno de Carlos Andrés Pérez suspendió las garantías constitucionales, estableció un toque de queda desde las 6 de la tarde y las calles fueron militarizadas y convertidas en un baño de sangre.

Durante estas dramáticas jornadas, papel fundamental tuvo la documentalista venezolana Liliane Blaser, quien cámara al hombro hizo el mayor registro documental que se tenga sobre este acontecimiento. Blaser, quien ha documentado historias sobre la lucha de los pueblos en distintas partes del mundo, realizó varios documentales sobre la rebelión popular -como prefiere llamar al Caracazo- de 1989. 

Liliane Blaser presenta en el barrio 23 de Enero su documental “27: Yo me acuerdo”

En entrevista con Sputnik, Liliane Blaser caracteriza como un «hito importante» lo ocurrido hace 33 años, pero «que no lo sería si no hubiera un pasado y un futuro a ese 27″. Piensa la documentalista que el 27 de febrero debe verse como parte destacada de un proceso de liberación en estas tierras, cuyo origen podría ubicarse con Guaicaipuro, líder indio que opuso una heroica resistencia a la conquista española hace casi 5 siglos.

«La rebelión popular del 27 de febrero fue un despertar, finalmente galvanizó una cantidad de sentimientos, de emociones, pensamientos, conciencias, comenzando por un sentimiento de rechazo e indignación total contra el estado de cosas existente. Luego vinieron algunos años de repliegue de la fuerza tras la masacre, hasta la rebelión militar encabezada por Chávez el 4 de febrero de 1992, que se fue imbricando con luchas anteriores y fue produciendo lo que tenemos ahora», sostiene Liliane Blaser.

Consultada sobre qué cosas nos dice hoy el Caracazo, que la motiva aún a continuar haciendo trabajos documentales sobre esta rebelión, Blaser señala que es muy importante mantener viva la memoria.

«No sólo sobre el hecho de que un candidato presidencial prometió villas y castillos y al llegar al poder dijo «ahora vienen las medidas del FMI’, sino que a la rebelión popular le sucedió una masacre impensable. Y la juventud de hoy puede no tener recuerdo de eso y pensar que el estado actual es el estado natural de las cosas, y que da lo mismo si gobiernan la derecha o la izquierda. Así como la memoria individual es importante para la identidad de una persona y para sus planes a futuro, también la memoria de los pueblos es importante para la identidad y para la consecución de un proyecto que aún no ha sido llenado», finalizó la documentalista.

10 años después del Caracazo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia que ordenaba al Estado venezolano indemnizar sólo a los familiares de 45 personas víctimas de la represión, fallo que se cumplió durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. Años más tarde, el estado venezolano amplió las indemnizaciones a más familiares de víctimas que no habían sido incluidas en el fallo de la CIDH.

Desde 2007, Venezuela conmemora esta fecha como el Día Nacional por el Respeto a los Derechos Humanos y el Poder Popular, como forma de honrar la memoria de las víctimas de la mayor violación a los derechos humanos ocurrida en Venezuela.

 

Tomado de Sputnik/ Fotos: Patricia Lee.

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