Irán, Ucrania, Venezuela: El negocio del sabotaje en la guerra multifactorial

El sabotaje ha sido parte inherente a la guerra no convencional que se ha instrumentado desde el Norte Global para alinear a los países que no se pliegan al supremacismo con el que ellos han concebido la geopolítica. Se trata de grupos de avanzada cuya misión es generar el caos y desestabilizar para incubar o intensificar crisis sociales.

Son múltiples y diversos los casos en los que estos grupos han logrado torcer situaciones y escenarios en favor de los intereses de las corporaciones que dirigen a los Estados Unidos y Europa, así como a sus satélites en los distintos continentes.

No es noticia: Sabotaje en contra del «eje del mal»

Tan solo el pasado lunes 14 de marzo la Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán declaró que desmanteló una red que planeaba llevar a cabo un acto de sabotaje en la planta nuclear de Fordo, al suroeste del país, en favor del régimen de Israel que ha estado tratando durante años de perpetrar actos de sabotaje en las instalaciones.

Se trataba de un agente de la inteligencia de la entidad sionista que actuaba como gerente de una empresa con sede en Hong Kong e intentó acercarse a un empleado a través de uno de sus vecinos para detener los diálogos en Viena pagándole en efectivo o criptomonedas para realizar el sabotaje en la planta.

Por otra parte, antes y después del inicio de las operaciones militares por parte de la Federación Rusa la acción de saboteadores vinculados a la inteligencia ucraniana se hizo notar al punto de ser catalizador de la confrontación. El pasado 18 de febrero las milicias del Donbas, específicamente de la República Popular de Donestk, interceptaron un comando de ciudadanos que, al parecer, intentaban volar una planta química, dos de ellos fueron neutralizados y otros tres fueron detenidos.

Días antes habían explotado varios coches bomba dirigidos contra funcionarios del gobierno, todo en el marco de bombardeos con artillería pesada violatorios de los Acuerdos de Minsk y la evacuación de civiles, estos hechos fueron detonantes de las posteriores acciones militares dirigidas desde Moscú a partir del 24 de febrero. Pocos días después del frustrado atentado, el 21 de febrero, un comunicado del Ejército ruso precisaba que abatió a «cinco saboteadores» que entraron en su territorio desde Ucrania, los hechos ocurrieron cerca de la localidad de Mityakinskaya, en la región de Rostov.

El Departamento de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia afirmó que una unidad suya, junto con destacamentos del Distrito Militar Sur, descubrieron «un grupo desconocido de dos vehículos de infantería que violaron la frontera ucraniana con Rusia», lo cual fue rotundamente negado desde el gobierno ucraniano.

Ese mismo día en Donetsk otro saboteador murió al explotar una bomba puesta por él en la entrada de un mercado cercano a la estación de trenes de Donetsk. En el lugar se encontró una bolsa con un segundo artefacto explosivo.

Zaporiyia, la central nuclear más grande de Europa y tercera en el mundo, fue centro de atención el pasado 4 de marzo cuando fueron atacadas algunas de sus instalaciones. Luego de haber sido tomada por 400 militares rusos el 28 de febrero, y hallado «gran cantidad de armas y municiones, particularmente armas pesadas» como anunciara la Guardia Nacional rusa, saboteadores del estamento militar ucraniano dispararon un proyectil que provocó un incendio en una construcción cercana, no en uno de los reactores, como señalaran los medios occidentales en medio del cerco mediático.

La campaña de desinformación fue revertida por el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien denunció el incendio en la planta nuclear y a sus autores reales. Entretanto titulares alrededor del mundo acusaban a Rusia de atacar la planta y de provocar una catástrofe «hasta 10 veces mayor que la de Chernobil» en sintonía total con los representantes de Kiev en la ONU que acusaban al ejército ruso de «terrorismo nuclear».

Un informante de Sputnik Mundo reveló que un grupo paramilitar llamado «Legión Nacional Georgiana», compuesto de unos 25 georgianos, se dedican al sabotaje y reconocimiento en la República Popular de Lugansk. Son voluntarios nacionalistas captados en Georgia que tienen experiencia en operaciones militares contra Rusia y en misiones en Afganistán e Irak.

Según el reportaje el expresidente de Georgia y exgobernador de la región ucraniana de Odesa, Mijail Saakashvili, coordinaba el financiamiento del grupo a partir de varios fondos de Estados Unidos mientras que Mamulashvili Ushangui, un mercenario con experiencia de guerra en Georgia, Abjasia y Chechenia, comanda las actividades en coordinación con las tropas y los servicios secretos de Ucrania.

La interminable saga del sabotaje en Venezuela

Muchos han sido los actos de sabotaje experimentados en territorio venezolano desde hace más de 10 años, sin embargo tuvieron su época intensa luego de que se desarrollara la llamada «Operación Guaidó» que buscó, sin éxito, el cambio de régimen en la República Bolivariana mediante la violencia y el caos.

La mayoría de estos planes contaron con apoyo internacional antes de la autoproclamación del exdiputado, sin embargo la narrativa del «gobierno interino» le ha servido a gobiernos satélites de Estados Unidos para invisibilizar su complicidad en el desarrollo y escalamiento de la agresión.

No se da por descontado el establecimiento de mafias a lo interno del Estado, redes colaboracionistas que agendan y ejecutan planes de ataque a puntos neurálgicos que causan intranquilidad y desasosiego en la colectividad nacional. ¿El objetivo? La confrontación social y el caos que justifique la intervención.

Entre los hechos más recientes destacan los ataques informáticos al sistema financiero nacional que incluyeron al Banco de Venezuela, principal entidad bancaria que es propiedad del Estado y cuyas operaciones quedaron fuera de servicio por cinco días. Ello ocurrió en días previos al proceso de reconversión monetaria que se llevó a cabo el 1 de octubre pasado buscando afianzar el desarrollo de la economía digital.

El presidente Nicolás Maduro declaró que sectores privados de la banca intentaban sabotear la implementación de la economía digital, para impedir el acceso de los usuarios a instrumentos de pago directo y obligar así al uso de moneda extranjera en efectivo, tácticas con las que lograron perturbar la economía nacional en acción coordinada con las sanciones instrumentadas desde el Norte Global y sus países satélites.

Asimismo han sido recurrentes las fallas en el suministro de electricidad, agua potable y gas doméstico, en particular en fechas cercanas a los procesos electorales, el mandatario denunció que en Venezuela hay una «guerrilla interna y colombiana» que se encarga de sabotear los servicios públicos.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró que el deterioro en los servicios públicos del país se ha debido a las sanciones impuestas aclarando que:

«Nosotros hemos mostrado y vamos a seguir mostrando cada prueba de cómo el bloqueo criminal ha impedido que Venezuela acceda a las bombas de agua. Por escrito lo dicen no podemos suministrarles piezas para el mecanismo eléctrico del sistema de bombeo de agua por las sanciones de la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos)».

En marzo de 2019 la caída del servicio eléctrico afectó al menos a 15 de los 23 estados del territorio nacional, incluyendo la capital, llegando a registrarse dos apagones nacionales. Según informó el gobierno, el primero fue producto de un ataque cibernético y de pulso electromagnético al control automatizado de regulación del sistema de la central hidroléctrica Guri, que abastece el 80 por ciento de la energía eléctrica al país. El segundo apagón fue producto de un incendio provocado en el área de generación de energía.

En ese entonces el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que los actos de sabotaje al sistema eléctrico buscaban generar enfrentamientos para justificar una intervención extranjera.

El diputado William Gil, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Poder Legislativo, declaró el año pasado que:

«Más del 64% de los equipos que están en Venezuela son de tecnología alemana y norteamericana, es decir, totalmente dependiente de la tecnología importada, que son los países que nos están bloqueando. En ciudades como Caracas, por ejemplo, tenemos que bombear agua por tuberías hasta 1 mil 900 metros de altitud, lo que requiere un gran esfuerzo en bombas y tableros eléctricos».

El ataque a la ciudadanía se afinca en una debilidad de nuestra infraestructura nacional como la dependencia tecnológica y, a partir de esta, se producen cascadas de problemas que impactan desde el abastecimiento alimentario hasta la salud pública.

En 2017, en medio de la escalada violenta (guarimbas) orquestada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos fueron múltiples las acciones de sabotaje que afectaron represas en varios del país, ello incluyó la extracción de material estratégico a partir del robo de cables y tuberías. Más de 40 personas fallecieron o resultaron con quemaduras producto de explosiones, electrocuciones o incendios de equipos eléctricos ocasionadas al intentar causar daños y conmoción en la población.

Es clara la participación del estamento político de Estados Unidos, ya en 2013, recién asumiendo el mandato presidencial y en tiempos de la administración Obama, el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de tres diplomáticos estadounidenses que habrían participado en el financiamiento de grupos de sabotaje, «especialmente activos en el estado Bolívar» en donde el sector siderúrgico enfrentaba una larga huelga de sus obreros. El mandatario denunciaba que los sectores antichavistas, afectos a Washington, preparaban un plan de «Colapso Total» que consistía en intensificar la escasez, la inflación, los repetidos cortes en el servicio eléctrico y diversas intentonas, siempre frustradas, de magnicidio.

El circuito transnacional y extractivista del sabotaje

El intento de desarticulación del Estado y de desaparición del chavismo al mando del mismo comenzó a avanzar a pasos agigantados desde el momento en que se convirtió en un negocio rentable, no solo para intereses «nacionales» sino transnacionales. La participación de actores geopolíticos, como los países vecinos y los intereses económicos a su cargo, comenzó a generar daños importantes, y hasta extraordinarios, en la infraestructura venezolana.

Uno de los muchos ejemplos lo constituye el contrabando de extracción de bienes producidos o importados para Venezuela, para ello los operadores contaron con la «tolerancia», cuando no cooperación, de los gobiernos colombianos tanto de Juan Manuel Santos como de Iván Duque. También de algunas islas del Caribe cercanas como Aruba.

Una investigación de la página web Insightcrime.org de 2017, analiza cómo Venezuela decomisó toneladas de cable de contrabando como parte de «la fuga de suministros básicos en el país mientras la crisis económica se agudiza» y lo atribuye a que «los ciudadanos toman medidas desesperadas para ganar algo de dinero extra».

En el planteamiento de este medio, que es abiertamente antichavista, se ha tratado de una serie de hechos fortuitos atribuidos a una «crisis económica severa, inflación crónica y desabastecimiento» que no se corresponden con un plan estructurado de manera quirúrgica y altamente financiado.

Refiere al decomiso de hasta 7,5 toneladas de tuberías de cobre extraídas de Caracas, Aragua y Carabobo, principalmente, y al arresto de más de 100 personas en varios operativos contra el contrabando, además de la captura de un barco que se dirigía desde el estado costero de Falcón hacia las islas del Caribe.

Además describe el «análisis» los precios de metales como el cobre que rondaban un dólar en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, desde donde se orquestó la devaluación acelerada del bolívar, la moneda oficial venezolana. Es inevitable destacar los efectos de esa cadena criminal sobre los servicios públicos y la infraestructura pública y privada, incluyendo escuelas, centros de salud, fábricas de briquetas de carbón, semáforos y postes de luz.

En particular el cobre, fundamental para las telecomunicaciones, fue uno de los metales más deseados por las redes de sabotaje y sus compradores internacionales, los efectos pueden verse al revisar las cifras de exportación de dicho metal para esos años (2015-2019) por parte de algunos países vecinos. En 2016 este metal, junto al aluminio, el hierro, el bronce, el acero y otros materiales ferrosos, fueron declarados materiales estratégicos y vitales para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones, agua, electricidad, industria y explotación petrolera, con lo cual se intentó regular su tráfico y extracción.

Según la base de datos COMTRADE de la ONU sobre comercio internacional, Colombia presentó un repunte de sus exportaciones de cobre entre 2015 y 2019, pero luego del comienzo de la pandemia de covid-19 han disminuido las cifras. Las exportaciones de aluminio no dejaron de crecer entre 2014 y 2019 hasta hacerlo cuatro veces en sus valores netos mientras que las de hierro y acero crecieron entre 2016 y 2018.

Sin embargo, un país vecino de Venezuela como Aruba sí mostró un comportamiento inusual y extraordinario de sus exportaciones de cobre y hierro-acero durante los años más intensos de agresión interna y externa.

Las exportaciones de cobre desde Aruba aumentaron 75 veces entre 2014 y 2015 para luego aumentar 238 veces entre 2014 y 2016, siendo este año en el que la pequeña isla alcanzó su máximo, en la siguiente figura se observa lo indicado.

En cuanto al aluminio, el comportamiento de las exportaciones por parte de Aruba es parecido, entre 2014 y 2016 se aprecia un aumento sostenido pero entre 2016 y 2017 el valor aumenta seis veces. Las exportaciones de hierro y acero de Aruba aumentaron 3,8 veces entre 2015 y 2016, pero en 2017 el valor fue también seis veces mayor.

Tal parece que Aruba ya no es un canal de extracción confiable, debido a que han disminuido las cifras de exportación de metales que en Venezuela son considerados estratégicos. Pudiera asumirse que algunos intereses han optado por el subregistro o reporte insuficiente de los datos debido a los llamativos aumentos que se evidencian.

El pasado 10 de marzo Saab reportó el desmantelamiento de mafias en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), todas son empresas del Estado. Agregó que en lo que va de 2022 se ha incautado 213 mil 547 kilos de chatarra conformada por hierro, aluminio y cobre que se ha intentado comercializar de manera ilegal, las acciones han derivado en la aprehensión de 439 personas (dentro y fuera de las empresas), de las cuales 326 han quedado privados de libertad, 96 recibido medidas cautelares y 17 en libertad plena.

Los circuitos de extracción y contrabando de materiales estratégicos cuentan con estrategias sofisticadas y triangulaciones complejas que van mutando e infiltrando instituciones. Causa curiosidad que ya no sean noticia los apagones en entidades regionales como el Zulia, donde el recién electo gobernador, Manuel Rosales, es antichavista. Hasta hace pocos meses, junto a la falta de agua, eran motivo de disrupción profunda de la cotidianidad.

Ciertamente las sanciones y sus efectos multiformes han afectado el funcionamiento de muchos servicios públicos, sin embargo la presión mediática, disfrazada de denuncia, ejerce un plus de desestabilización y angustia colectiva cuando determina a discreción cuáles problemas son importantes y cuáles no.

Finalmente, las preguntas sobre la dependencia tecnológica se han planteado en distintas empresas del Estado y se están buscando respuestas colectivas para evitar que se repitan escenarios complicados por problemas que pueden resolverse con audacia y determinación. Le toca hacerlo a una clase que sabe que la guerra en proceso se inventó para aplastarla, tenerlo claro ayuda a no tener un precio de compra.

Tomado de Misión Verdad/ Foto de portada: Archivo AFP.

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