Ecuador: Abogados del exvicepresidente Jorge Glass denuncian que es un «secuestrado político»

Por Liset García * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Un caso nítido de judicialización de la política y del llamado lawfare, que tiene como centro ahora en Ecuador a Jorge Glas, exvicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, no es ajeno a procesos similares que en nuestra región han tenido lugar ante la mirada atónita de muchos.

El mega proceso contra Lula da Silva en Brasil, que derivó en el golpe contra el gobierno de Dilma Rousseff, las causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que ahora tienen un remake, y las que el propio Correa ha enfrentado, son apenas un botón de muestra de lo que la derecha es capaz de hacer con el mayor desparpajo, con tal de provocar un reflujo de los gobiernos progresistas y hacer avanzar el neoliberalismo.

La persecución política por la vía judicial es la estrategia para eliminar a sus adversarios, aunque tengan para eso que violar la ley de modo descarado. Así lo han hecho en el caso de Correa, por ejemplo, que ha llegado al colmo del ridículo y del absurdo demencial, al juzgarlo por influjo psíquico sobre las personas que presuntamente cometieron delito.

Tan escandaloso ha sido el proceso de Jorge Glas, quien lleva en prisión casi cinco años, y se le han concedido dos hábeas corpus, que el gobierno se ha negado a acatar, en violación flagrante de principios del derecho internacional, las leyes y la Constitución del país.

Pero, además, es tan notorio su caso que no solo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la UNU dictaminó el pasado año que Glas debía ser puesto en libertad, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2019 que se están violando las garantías del exvicepresidente.

De ahí que este lunes, en una nueva acción legal de los abogados de la defensa de Glas denunciaron que su caso se trata de un secuestro político, tras el incumplimiento de los recursos de hábeas corpus concedidos por jueces del país, y afirman que se encuentra «sometido a la voluntad del Gobierno» de Guillermo Lasso, quien no tiene facultades para ello.

En abril pasado, a Glas se le concedió un primer hábeas corpus, que fue revocado luego de 40 días por la Corte de Justicia de la provincia de Santa Elena.

En un comunicado difundido por su defensa, de la firma belga Ius Cogens, los abogados condenaron la detención y denunciaron que «el Gobierno ecuatoriano no permite la liberación de Jorge Glas, a pesar de que la justicia ecuatoriana le concedió otro hábeas corpus el pasado 5 de agosto, y lleva 20 meses sin recibir beneficios penitenciarios».

Tal incumplimiento del segundo hábeas corpus es una prueba más de que como aseguran los letrados “Glas se ha convertido en una víctima de la judicialización de la política desde su detención en 2017”.

Alegando irregularidades en el segundo hábeas corpus, el gobierno introduce anomalías más que groseras, que ningún entendido en jurisprudencia podría ni siquiera entrar a considerar.

Ese recurso concedido por el juez de Portoviejo, Banny Molina, quien pidió ‘su inmediata puesta en libertad’ por considerar que no se está respetando el derecho a la integridad física de Glas, ha llevado a Molina a reclusión domiciliaria y a portar un grillete electrónico. Además de que fue sustituido el jefe de la prisión, donde aún no se ha recibido la boleta de excarcelación.

Pero el primero en emitir ese recurso, el juez de Manglaralto, Javier Moscoso, fue destituido por el Consejo de la Judicatura y no contentos con ese disparate, también fue rechazada la apelación de Glas sobre la anulación de ese hábeas corpus.

Hay más: dos jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no admitieron a trámite otros dos hábeas corpus solicitados por Glas contra el servicio penitenciario por el incumplimiento de la orden de excarcelación emitida por el juez Molina.

Otro pronunciamiento que no llega a los oídos del Gobierno es del Relator Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien ha reiterado que “una orden judicial firme tiene que ser cumplida”.

Mientras tanto, alertan los abogados, la salud física y mental de Jorge Glas se deteriora cada vez más, estado que se agrava por las condiciones carcelarias, el hacinamiento de reos y la violencia intronizada puertas adentro de la penitenciaría, donde son frecuentes los disturbios, conatos violentos, que ponen más en riesgo la vida del exvicepresidente de 52 años.

(*) Periodista cubana. Colaboradora de Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: CNN.

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