Brasil: La economía que recibirá Lula

Unos 125 millones de ciudadanos padecen inseguridad alimentaria; casi el 60 por ciento de su población. De ese total unos 33 millones sufren hambre diariamente. La desocupación es del 9,3 por ciento.

Expectativa de cambios / Por Mariano Kestelboim

La economía de Brasil, al igual que la nuestra, hasta el año pasado llevaba una década de estancamiento. Y en 2022 superará levemente también su máximo nivel de actividad de principios de la segunda década del siglo XXI, tras dos años consecutivos de alza de su PIB. Brasil había registrado una recesión del 4,1 por ciento en 2020 y acumulará un incremento bianual de su producto de alrededor del 7,4 por ciento (Argentina, tras haber perdido 9,9 por ciento en el primer año de la pandemia, crecerá más de 16 por ciento en el mismo lapso). No obstante, esos guarismos, en términos per cápita, aún distan bastante de los picos de actividad de principios de la segunda década del siglo XXI cuando gobernaban Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Kirchner en Argentina.

En línea con la recuperación, la elevada desocupación ha ido cediendo también en Brasil, al punto que desde el peor momento de 2021 registrado en el primer trimestre de 2021 (14,9 por ciento) ha bajado hasta el 9,3 por ciento en el segundo trimestre de 2022, último dato disponible. Esa rápida mejora del empleo se debe esencialmente a la superación de la pandemia que había afectado sobre todo a los servicios provistos por pequeñas empresas que, con baja necesidad de inversión para su reactivación, se recuperaron ágilmente con salarios mínimos de apenas 200 dólares.

Lamentablemente, esa recreación de puestos de trabajo está muy lejos de permitir superar el drama social de la mayor economía de América Latina. Según la Red Brasileña de Pesquisa en Soberanía y Seguridad Alimentaria, 125,2 millones de ciudadanos padecen inseguridad alimentaria; representan casi el 60 por ciento de su población. En tanto, de ese total unos 33 millones sufren hambre diariamente (15,4 por ciento de los habitantes). El mismo organismo señala que en 2018 (año anterior a la asunción presidencial de Jair Bolsonaro) la cantidad de personas hambrientas en Brasil era de 10 millones, menos de un tercio que en la actualidad.

Si bien las políticas de reducciones impositivas, tanto para combustibles como sobre los productos importados, las subas de tasas de interés aplicadas y la apreciación cambiaria mitigaron la reciente aceleración inflacionaria (en términos interanuales había llegado al 11,9 por ciento en junio pasado y, de acuerdo al último dato de septiembre pasado, cayó al 7,2 por ciento), hubo intensos aumentos de precios de alimentos que empeoraron el cuadro de desigualdad distributiva.

Esta triste dinámica se contrapone con la significativa recuperación macroeconómica, apoyada a su vez en un escenario internacional que ha impactado positivamente sobre los precios de los commodities que exporta. No obstante, ese ingreso de capitales por la exportación de bienes por encima de sus importaciones no ha sido suficiente como para evitar los crónicos déficits de su cuenta corriente del balance de pagos de la última década. Las crecientes erogaciones al exterior por la contratación de servicios y pagos de rentas incidieron más.

El saldo de su balance de pagos ha tendido en la última década a ser superavitario como resultado básicamente del fenomenal flujo de inversión extranjera directa (IED). Por caso, solo en los primeros 9 meses de 2022, Brasil recibió 65.760 millones de dólares de IED, equivalente a cuatro puntos de su PBI. A pesar de ese ingreso de capitales, las reservas del Banco Central de Brasil, que se habían mantenido estables en la última década, en 2022 disminuyeron un 10 por ciento. La apreciación cambiaria real con elevadas tasas de interés para combatir la inflación potenció el gran negocio del carry trade y agudizaron el proceso de primarización de su estructura productiva.

Ahora bien, hacia delante, el triunfo de Lula provoca una expectativa de importantes cambios con políticas socialmente inclusivas, de estímulo al desarrollo productivo y mucho más favorables a la integración regional como plataforma de inserción internacional con más poder de negociación. Por su enorme peso, Brasil debe representar un liderazgo clave para la recuperación latinoamericana.

 

Ampliar el margen de acción/ Por Juan Manuel Padín

El triunfo de Lula inaugura un nuevo escenario político en la región tanto por el peso específico de Brasil en su carácter de potencia sudamericana como por el hecho de que las principales economías de América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile) cuentan en el vértice de sus poderes ejecutivos con líderes que comparten una visión similar acerca de los desafíos que enfrentan nuestros países en estos tiempos turbulentos.

El contexto internacional resulta, lamentablemente, una usina de malas noticias. Además de ser radicalmente diferente a aquel que impulsó las economías de la región durante la “ola progresista” de la primera década del siglo XX, tampoco permite vislumbrar condiciones esperanzadoras en el mediano plazo. Las perspectivas de crecimiento global así lo atestiguan. La expansión del 6 por ciento en 2021 fue sucedida por una desaceleración en 2022 (3,2 por ciento) y se prevé otro descenso en 2023 (2,7 por ciento). Luego de ello y hasta 2027 se pronostica un incremento promedio del 3, por ciento, que sería algo menor en el caso latinoamericano (2,5 por ciento) y todavía más reducido para la economía brasileña (2 por ciento).

El mundo atraviesa la mayor inflación en décadas; la duración y el alcance de la guerra en Ucrania es todavía una incógnita que agrega tensión sobre los precios de la energía y los alimentos; el endurecimiento de las condiciones financieras augura mayores condicionamientos para los países endeudados; y las secuelas de la pandemia de Covid-19 -incluyendo la posibilidad de eventuales disrupciones en las cadenas de suministro- aún se encuentran latentes.

Cumplir con las expectativas que despierta el tercer mandato del líder del Partido de los Trabajadores de Brasil bajo este panorama es una vara de por sí desafiante. A ello se le suman otros retos domésticos. Políticamente, el PT enfrenta una fuerte oposición que se refleja institucionalmente en la composición de un Congreso plagado de legisladores de centro-derecha y derecha, bien predispuestos a reducir la ambición de los proyectos del oficialismo; entre ellos, la reforma fiscal para dotar al sistema de mayor equidad y el aumento del gasto público para poder vigorizar las políticas sociales y de infraestructura. Eludir las negociaciones no es una opción en el primer caso, y mucho menos en el segundo, en tanto el techo del gasto es un mecanismo constitucional que impide su ampliación en términos reales. Nunca es gratis el neoliberalismo.

En el primer discurso luego del triunfo electoral, Lula llamó a “reindustrializar Brasil” y buscar un crecimiento económico compartido entre toda la población, porque “así debe funcionar la economía, como instrumento para mejorar la vida de todos, no para perpetuar desigualdades”. En la consecución de este objetivo el PT se jugará parte sustancial de su suerte. El hartazgo creciente con los oficialismos a lo largo y ancho de la región, más allá de su orientación ideológica, ha sido fuente de constantes derrotas electorales en los últimos años. Ante ello, crear un nuevo horizonte mejorando las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías no solo constituye una razón de ser elemental para todo gobierno popular sino hoy, más que nunca, un sendero para la supervivencia política.

Es claro que la fortaleza de las fuerzas conservadoras amenaza con detener todo programa de mayor radicalidad. No habría aquí una nota disonante. En rigor, ningún país de la región está implementando políticas tendientes a provocar un cambio profundo en los modelos de desarrollo. Pero es allí donde residen las posibilidades de una expansión económica sostenida y el cierre de la brecha social. Por eso, la habilidad que demuestren Lula y el PT para reconfigurar el escenario político y ampliar el margen de acción serán claves para evitar la trampa del inmovilismo, que redunda indefectiblemente en la deslegitimación social y la pérdida de atractivo electoral y potencia de los partidos populares, alejando así toda posibilidad de construir un mundo más justo y solidario.

 

Tomado de Página/12 / Foto de portada: NA.

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