Ecuador: un referendo constitucional o la destrucción de la democracia y el Estado

Por Gustavo Maranges / Corresponsal de Resumen Latinoamericano English en La Habana.

El próximo domingo 7 de febrero se realizarán en ecuador elecciones seccionales donde se elegirán a alcaldes, prefectos, concejales rurales o urbanos, juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al mismo tiempo el ejecutivo presidido por Guillermo Lasso ha hecho una fuerte presión para realizar un referendo constitucional en la misma fecha, lo cual ha levantado serias preocupaciones entre la oposición ecuatoriana.

El referendo consiste en 8 preguntas que entrañan profundas modificaciones al funcionamiento del estado.

El ejecutivo ha hecho una campaña que resalta los beneficios de dichas modificaciones mientras intenta ocultar el verdadero fin de las mismas: alterar el actual equilibrio entre los poderes del estado, los cuales son denominaos funciones según la constitución actual del país. Es por ello que, sin restar mérito a la elección de las autoridades locales, este es el elemento más importante de las elecciones del domingo próximo ya que implica cambios cuyo impacto en el largo plazo pueden ser nefastos para la ciudadanía.

Inicialmente se propusieron 11 preguntas de las cuales tres no fueron aprobadas por la Corte Constitucional. La Corte las rechazó alegando problemas en la formulación y en dos casos por tratarse de temas que no estaban comprendidos en la pregunta. Sin embargo, las tres desestimadas eran las más interesantes por los posibles beneficios sociales que implicarían, dígase empleo de los fondos decomisados al narcotráfico para la educación, tipificar el delito de extorsión con penas de 7 a 10 años (garantizaría mayor protección a los ciudadanos que deben pagar a las mafias por “protección”) y un incentivo fiscal para quienes empleen a personas mayores de 45 años, el grupo etario más afectado por el desempleo.

Las ocho restantes tienen muy pocos beneficios sociales y se concentran más satisfacer los juegos de poder en un país politizado al extremo que en mejorar el funcionamiento del Estado. Al analizar estas ocho interrogantes, es evidente el deseo del ejecutivo de limitar al máximo las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta institución fue creada por la Constitución de 2008, la cual fue impulsada por el ex Presidente Rafael Correa (2007-2017) y se convirtió en la base legal de la Revolución Ciudadana.

Según la Constitución, el CPCCS tiene el objetivo de garantizar la participación de los ciudadanos sobre las instituciones del Estado, al mismo tiempo que demanda la rendición de cuentas de estos ante el pueblo. Entre sus funciones está la elección de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la Contraloría General, el Consejo Nacional Electoral entre otras instancias de gran peso en el funcionamiento del Estado.

Se trata de la máxima representación del poder popular cuyos representantes son elegidos entre deben ser candidatos sin afiliación política durante los últimos 5 años y mediante el voto universal. Es una instancia con gran poder que busca alejarse de los intereses partidistas que dominan otros órganos representativos como la Asamblea Nacional y el ejecutivo. Por tanto, debilitarla, significa reducir el poder popular. Este es precisamente el objetivo del actual referendo.

Tres de las ocho preguntas están dirigidas en esta dirección. Una de ellas, la segunda, pretende quitar al Consejo de la Judicatura, el cual es dependiente del CPCCS, su potestad para nombrar y evaluar a los fiscales. El gobierno propone que esta función sea desempeñada por un Consejo Fiscal subordinado a la Fiscalía General, lo cual garantizaría una “mayor celeridad en el nombramiento de estos funcionarios.”

De implementarse la reforma no solo se debilitaría el CPCCS sino que complicaría el proceso de nombramiento y evaluación, según declaró la propia Fiscalía General. En tanto, se incurriría en el absurdo de hacer a la fiscalía juez y parte en el proceso de evaluación y rendición de cuentas.

Por otra parte, la quinta y la sexta pregunta son un ataque frontal al poder popular. La quinta pretende pasar a la Asamblea Nacional la facultad para elegir al contralor y fiscal general, defensores públicos y del pueblos, y a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En tanto, la sexta pretende que la CPCCS sea elegida por la Asamblea Nacional y no por voto universal como es actualmente.

El ejecutivo argumenta que se trata de reformas para optimizar estas funciones. Sin embargo, olvida mencionar que buena parte de los problemas de funcionamiento actuales de la CPCCS se deben a la guerra que se inició en 2019 contra esta institución. Desde entonces, sus consejeros han sido removidos una y otra vez bajo un sinnúmero de acusaciones que solo esconden la purga política contra los seguidores del ex presidente Rafael Correa.

Evidentemente al gobierno esta interesado en evitar por todos los medios posibles que cualquier representante de la izquierda obtenga algún tipo de poder y con ello peligre la arremetida neoliberal que lleva a cabo la oligarquía ecuatoriana personificada en el actual presidente Guillermo Lasso.

Las preguntas tercera y cuarta del referendo, aunque de naturaleza diferente tienen el mismo objetivo: reducir el poder de las minorías. La tercera pretende modificar las bases sobre las cuales se determina la cantidad de diputados a la Asamblea nacional, mientras que la cuarta establece un límite mínimo de personas que deben integrar un movimiento político para que este sea institucionalizado. Según el ejecutivo ambas medidas intentan evitar el sobredimensionamiento de estos espacios.

De aprobarse las reformas, las provincias más pequeñas, coincidentemente las más pobres o las más ricas en recursos como las de la región amazónica quedarían en desventaja. Del mismo modo, los movimientos políticos serían supervisados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual comprobaría que su membresía es superior al 1.5% del padrón electoral de su jurisdicción. Esto significaría la desaparición de decenas de movimientos políticos locales y el consecuente debilitamiento de las luchas comunitarias y su capacidad para influir en la política nacional o hacer frente a las grandes corporaciones.

La séptima pregunta aparenta no tener cuestionamientos, pero un análisis en profundidad revela algunos peligros a tener en cuenta. Crear un subsistema de protección del agua implicaría un riesgo alto de que el estado controle los recursos hídricos del país en detrimento de las Juntas Comunitarias del Agua. Estas juntas aseguran que los recursos sean empleados en beneficio de las comunidades, algo que los sucesivos gobiernos neoliberales no fueron capaces de garantizar ya que solo respondían a los intereses de las corporaciones. Por tanto, aprobarla sería retroceder en las luchas sociales en defensa del medio ambiente y de las comunidades indígenas que en Ecuador representan alrededor del 7% de la población.

La octava pregunta también tiene un carácter ambientalista. El gobierno propone asegurar compensación económica a quienes realicen algún tipo de actividad beneficiosa para el medio ambiente. Si bien, es la menos cuestionable de todas las reformas, su éxito o beneficio real dependerá del mecanismo de implementación de dicha medida. De ser aprobada, se corre el riesgo de que el Estado se desentienda de su responsabilidad directa con el medio ambiente o que las compensaciones terminen en manos de las propias empresas que son responsables de la contaminación y a destrucción del medio ambiente como sucede en no pocos países actualmente.

Por último, la primera pregunta está referida a la deportación de personas vinculadas al narcotráfico, lo cual está prohibido en la actual Constitución. Este tema es una de las demandas de Estados Unidos al gobierno de Lasso, quien lo ve como una vía intimidatoria para disminuir las redes criminales asociadas al narcotráfico.

Las estadísticas y la experiencia demuestran que esta medida tiene poco impacto en la reducción del crimen.

México y Colombia son dos buenos ejemplos esto, a tal punto que el actual presidente colombiano Gustavo Petro se ha cuestionado mantener esta práctica. Además de poco efectivo como medida de control, se trata de un proceso con altos índices de violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, lo que pocos señalan es que para Lasso sería muy beneficioso ya que ha debilitado las instituciones estatales encargadas de la seguridad. Una muestra de ello son los sangrientos y sucesivos motines en las cárceles o el hecho de que Ecuador haya pasado de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a ser el tercero más violento en solo 5 años. Para un gobierno neoliberal es más fácil este tipo de descargos que invertir en las políticas sociales y de seguridad, las cuales han demostrado ser la solución más eficiente para este tipo de flagelos.

Quizás en un análisis por separado, las reformas propuestas por Lasso tengan una apariencia superficial e intrascendentes. Sin embargo, en conjunto representan un intento por desmantelar buna parte de los logros de la Constitución de 2008. Consciente del poder de la derecha en las instancias políticas, Lasso pretende subordinar a estas la mayor cantidad de cuestiones de peso posibles en detrimento del poder popular. Es evidente que la élite está ansiosa por restaurar sus mecanismos de control sobre el Estado y la sociedad, los cuales fueron disminuidos considerablemente luego de 10 años de Revolución Ciudadana.

Lo que votarán lo ecuatorianos el próximo domingo no es un referéndum constitucional cualquiera, sino una verdadera capitulación ante la oligarquía y sus representantes políticos. Básicamente deben elegir entre continuar luchando o ser cómplices de la destrucción de la democracia.

Foto de portada: Josep Vecino?