«Sólo enjuiciando a todos los culpables se garantizará justicia integral para Berta»

Horas después, luego de que familiares de la luchadora social hondureña asesinada hace casi ocho años, miembros del Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras) y del equipo legal de la Causa Berta Cáceres formularan hipótesis sobre el posible nuevo involucrado, comenzó a circular copia de una orden de captura contra el ciudadano Daniel Eduardo Atala Midence, como supuesto responsable “a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Bertha Isabel Cáceres Flores”.

Al momento de caer bajo las balas asesinas de un comando criminal, hace 93 meses, un 2 de marzo de 2016, en su casa en la ciudad de La Esperanza, Berta Cáceres y el Copinh, organización de la cual fue cofundadora hace 30 años, estaban librando una larga y difícil batalla contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) sobre las aguas del río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

Daniel Atala Midence es miembro de la familia Atala Zablah, una de las más ricas y poderosas de Honduras, y fungió como gerente financiero de Desa. Desde su posición –asegura el Copinh– era el encargado de autorizar y administrar pagos de informantes para vigilar, perseguir, criminalizar y enjuiciar a sus integrantes.

Junto a David Castillo, presidente de Desa, dirigió las acciones ilegales para la construcción del proyecto Agua Zarca. También es hijo de José Eduardo Atala Zablah y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, todos ellos miembros de la junta directiva de Desa.

Desde esta estructura «familiar» se dirigieron ataques sistemáticos contra Berta y el Copinh, en medio de un clima de odio y persecución, que desembocaron en el asesinato de la coordinadora de la organización indígena Lenca y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, el mayor galardón para activistas de base en pro del medioambiente.

Siete meses después del crimen, familiares de Berta Cáceres entregaron al sistema de administración de justicia todas las pruebas que demostraban cómo Castillo y los ejecutivos de Desa generaron un patrón de persecución permanente que llevó al asesinato de Berta.

Es imposible entender su asesinato sin entender el contexto de ataques sistemáticos que le antecedió y que también son parte integrante del crimen. Sin embargo, todo quedó engavetado.

Hasta el momento, ha sido exclusivamente gracias a la tenacidad, la firmeza, el coraje y la total entrega de la familia de Berta y el Copinh, al trabajo invaluable del equipo legal y al clamor de la solidaridad nacional e internacional, si se han podido dar pasos importantes en aras de lograr verdad y justicia.

Manos asesinas y eslabón criminal

En diciembre de 2019 fueron condenados a penas de hasta 50 años de reclusión los siete autores materiales del crimen, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de Desa, ex militares y militares activos. Cuatro de ellos también fueron condenados por la tentativa de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y que logró sobrevivir al ataque.

En julio de 2021 fue hallado culpable como coautor del asesinato de Berta Cáceres, el ex presidente de Desa y ex oficial de la inteligencia militar hondureña, graduado de la academia de West Point, David Castillo. Un año después fue sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión. En la estructura criminal que organizó, financió y ejecutó el crimen, Castillo fungió como eslabón entre los mandantes y los autores materiales.

Lamentablemente, los dos casos aún no están cerrados y las sentencias no están firmes, ya que los recursos de casación presentados por las defensas de los imputados siguen pendientes de la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

También en el juicio denominado «Fraude sobre el río Gualcarque», que finalizó en marzo de este año y donde se demostró la responsabilidad penal de las seis personas imputadas, entre otros el mismo David Castillo y varios funcionarios públicos, en los delitos de fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documento, uso de documento falso y usurpación de funciones, el Tribunal de Sentencias del Circuito Anticorrupción aún no dicta sentencia.

Además, tanto la familia de la dirigente indígena asesinada, como el equipo legal y el Gaipe (Grupo asesor internacional de personas expertas) advirtieron que todavía faltaba traer al banquillo de los acusados a los autores intelectuales del crimen, y demás personas e instituciones involucradas.

En la misma sentencia contra los siete autores materiales, se dice que su asesinato fue perpetrado «con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desa, entre ellos el señor Sergio Rodríguez (uno de los siete sentenciados n.d.r) y otros más que no son parte de este proceso».

Faltan los mandantes

Para las víctimas, procesar y castigar a los mandantes del crimen es imprescindible si se quiere alcanzar la verdad integral del asesinato de Berta, que incluye también el crimen político de generar terror en las comunidades lencas y pretender aplastar la resistencia y la dignidad de los pueblos que luchan contra el extractivismo.

Para el Copinh, la familia de Berta y el equipo legal sólo habrá justicia completa, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron, cuando se haya capturado, enjuiciado y condenado a los que orquestaron y financiaron el asesinato.

Daniel Atala Midence es uno de ellos.

Durante siete años, prevaleció la impunidad. Ahora las nuevas autoridades (interinas) del Ministerio Público parecen querer ir a fondo de este y otros crímenes, que han quedado impunes por la falta de voluntad de un sistema de justicia corrupto y vendido a los grupos de poder económico y político.

«Tras el nombramiento de las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público, como Bufete Estudios para la Dignidad solicitamos una reunión urgente para abordar varios temas, en especial el de la Causa Berta Cáceres», dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal que representa a la familia de la lideresa indígena.

«Nos aseguraron que están comprometidos con el caso y finalmente nos llegó la noticia del requerimiento fiscal y orden de captura contra Daniel Atala. Si por un lado apreciamos tanto el interés como la determinación que están mostrando – continuó Fernández –, por el otro quisiéramos que esto se combinase con el mayor sentido de responsabilidad y rigor en la persecución de la autoría intelectual del asesinato de Bertita (Cáceres)».

Para el abogado y también coordinador del Madj (Movimiento amplio por la dignidad y la justicia) es importante que las nuevas autoridades tomen en cuenta también los diferentes eslabones de la Causa Berta Cáceres, como la responsabilidad de funcionarios públicos, actores financieros nacionales e internacionales que patrocinaron económicamente el proyecto Agua Zarca, grupos económicos vinculados con el modelo extractivo-energético que opera en el país, cruzado con las formas de corrupción y violencia.

«Los ejecutivos de Desa desarrollaron una conducta, un comportamiento propio de una asociación criminal. La nueva administración del Ministerio Público debe conducir un proceso judicial por esta vía.

Además –continuó Fernández– deben reconocer y tratar a las víctimas, a la familia de Bertita y al Copinh, como sujetos, como parte protagónica de este proceso, algo que siempre se les ha negado».

Para el abogado, es el momento de demostrar que se está dando un cambio trascendental en el sistema de justicia.

«La comunidad que demanda justicia en la Causa Berta Cáceres ha tenido que dar una gran pelea en contra de un sistema de justicia corrupto que genera impunidad. Se han logrado condenas a los autores materiales y a un autor intermediario del crimen a pura presión.

Ahora debemos pasar al nuevo eslabón. Sólo así se logrará no sólo garantizar justicia integral para Bertita, sino también abrir el camino para que se les garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición a las cientos de víctimas de este modelo extractivo criminal», concluyó Fernández.

Tomado de LINyM