Perú: TC archiva investigación contra Keiko Fujimori por financiamiento irregular de campaña
La resolución del Tribunal Constitucional anula diez años de proceso judicial en el caso ‘Cócteles’, que investigaba el presunto financiamiento irregular de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú resolvió anular la investigación fiscal y la acusación formal contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular (derecha), en el marco del denominado caso ‘Cócteles’. La decisión fue comunicada este lunes 20 de octubre y representa el cierre de un proceso judicial que llevaba más de una década en curso.
El dictamen se da en un contexto político marcado por una serie de cuestionamientos institucionales y una fuerte polarización social. El caso ‘Cócteles’ ha sido uno de los procesos judiciales más significativos en la historia reciente del Perú en relación con el financiamiento electoral.
El tribunal declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa legal de Fujimori, en la que se argumentaba que los hechos por los que se le investigaba no estaban tipificados como delito en el momento en que ocurrieron. En su sentencia, el TC concluyó que el principio de legalidad penal fue vulnerado, al imputarse conductas que no constituían ilícitos penales según la legislación vigente en los años 2011 y 2016.
El caso ‘Cócteles’ hacía referencia a una serie de eventos sociales organizados por Fuerza Popular como parte de las actividades de recaudación de fondos para financiar las campañas electorales de Fujimori. Según la Fiscalía, las cifras reportadas oficialmente no coincidían con los aportes reales, y se habrían utilizado intermediarios para canalizar fondos de origen no declarado.
Uno de los elementos centrales de la acusación era la presunta participación de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en la red de corrupción conocida como Lava Jato. La Fiscalía sostenía que esta empresa habría aportado sumas de dinero no declaradas a la campaña de Fujimori, lo que constituiría el delito de lavado de activos y justificaría una investigación por organización criminal.
Sin embargo, en su decisión, el TC indicó que no existían pruebas suficientes que acreditaran que Fuerza Popular hubiera funcionado como una organización criminal. Además, el alto tribunal subrayó que la tipificación penal de los aportes ilícitos a campañas políticas fue incorporada posteriormente a los hechos investigados, lo que impide su aplicación retroactiva.
La sentencia ordena archivar todas las actuaciones fiscales y judiciales vinculadas al caso, incluidas las resoluciones previas que habían dado pie a la acusación formal presentada por el Ministerio Público, que solicitaba 35 años de prisión para Fujimori. La decisión se extiende también a los demás implicados en el proceso, entre ellos exdirigentes y colaboradores del partido.
Según información de la prensa peruana, el fallo fue aprobado con el voto de cuatro de los seis magistrados del Tribunal Constitucional, en una sesión reservada. La resolución, de cumplimiento obligatorio, implica que no podrá abrirse una nueva causa judicial con base en los mismos hechos.
La defensa de Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, calificó la resolución como un acto de justicia constitucional y argumentó que su representada había sido objeto de una investigación prolongada basada en hechos que no correspondían a delitos. Por su parte, desde sectores críticos se cuestionó el impacto que este fallo puede tener en los estándares de lucha contra la corrupción en el país.
Fuente: teleSUR
Foto: Poder Judicial de Perú
