Aplican medidas contra minería furtiva en Ciego de Ávila
Que nadie escarmienta por cabeza ajena, más que un refrán, es una realidad en Ciego de Ávila, donde el accionar de las autoridades contra quienes ejercen la minería ilegal, no ha impedido que otras decenas de individuos vayan por los mismo derroteros hasta terminar procesados por la ley.
Los últimos reportes del enfrentamiento de las fuerzas del orden y de organismos responsabilizados con el uso y explotación de suelos y minerales a quienes se dedican a la extracción furtiva del oro en el territorio, llegan a través de una nota del periódico Granma, que señala a más de 60 personas encausadas desde febrero hasta la fecha, por ese motivo.
La zona El Pilar, en el municipio de Baraguá, ha sido foco de atención de la actividad ilícita durante los últimos años, de modo creciente, en la medida en que avanzan los estudios y negociaciones para corroborar la presencia del mineral y su adecuada explotación.
Ya en el 2021 la extracción ilegal de oro involucró a unos 300 sujetos, lo que conllevó a la aplicación de multas o medidas profilácticas y decomiso de materiales, herramientas y vehículos utilizados en esas acciones.
Humberto González Figueroa, especialista en Derecho Penal y presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, explicó ahora a Granma que el Tribunal Municipal de Baraguá ha recibido en su sede 16 asuntos vinculados a la minería ilegal, entre ellos una denuncia por desobediencia, y tienen en trámite un proceso por el delito de cohecho, que prevé una pena de hasta ocho años de privación de libertad, según lo estipulado en el apartado cinco del artículo 194 del vigente Código Penal.
Añadió que se han celebrado cinco juicios por el delito de contaminación de suelos, en los que se ha sancionado a seis personas, tres a privación efectiva de libertad, dos a trabajo correccional con internamiento, como alternativa a la privación de libertad, mientras que a un joven de 18 años de edad y de normal conducta, se le alternó la pena de privación de libertad por trabajo correccional sin internamiento. Por el delito de desobediencia, se sancionó a 10 meses de trabajo correccional, sin internamiento, a otro individuo.
Los nueve juicios pendientes de juzgar por el referido Tribunal Municipal Popular, por el delito de contaminación de suelos, estaban señalados para su celebración entre septiembre y octubre. Los acusados se encuentran asegurados con la medida cautelar de prisión provisional y prohibición migratoria de salida del territorio nacional, salvo dos con fianza en efectivo, señala el rotativo.
En este tipo de delitos se han visto involucrados, en años anteriores, tanto residentes del lugar, como de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín, y testimonios de algunos detenidos in fraganti revelaron que las piedras extraídas eran trasladadas hacia el territorio camagüeyano, donde las comercializaban a 1000.00 pesos moneda nacional.
El plan de gobierno para la prevención y enfrentamiento a los hechos que afectan los recursos naturales es resultado de un estudio riguroso sobre las deficiencias en el manejo, a partir del cual se afianza la responsabilidad de los organismos encargados de la protección y el uso sostenible del medio ambiente.
Al respecto, la Ley 76 de Minas, promulgada en enero de 1995, en su artículo cuatro define que “al Estado le corresponde el dominio inalienable e imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, dondequiera que estos se encuentren, dentro de las regulaciones constitucionales”.
Y en correspondencia, el Código Penal, vigente desde el 29 de noviembre del año 2022, prevé para quien atente contra los recursos naturales de la nación un marco penal de uno a tres años de privación de libertad, según los artículos 251, 252 y 253.
Quienes se sientan animados por el enriquecimiento fácil y la conquista del oro, al estilo del Oeste norteamericano, deben tener presente, además, que están bien documentados por los especialistas, los efectos a corto, mediano y largo plazos de la exposición al mercurio y el polvo de sílice, no solo para ellos, sino también para sus familiares y hasta las poblaciones cercanas, lo cual debe llamarlos al comportamiento responsable y a la observancia de la legalidad, pues nada justifica lucrar con la salud de los demás.
Tomado de Invasor / Foto de portada: Román Romero /ACN
