Denuncia Frente Amplio decisión de que el puerto de Montevideo no sea uruguayo
Por Liset García * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
Senadores del Frente Amplio presentaron ante la Justicia una ampliación de la denuncia judicial en marcha desde el pasado año, en cuanto a la entrega por parte del Ejecutivo nacional del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.
Importantes pruebas complementarias agregaron ahora ante el deber moral, legal, y como funcionarios públicos, como legisladores, para que se tengan en cuenta los graves delitos del Gobierno contra el patrimonio público, aseguran en el comunicado emitido la pasada semana.
Destaca el texto que seguirán haciendo los máximos esfuerzos políticos, institucionales y legales para impedir la entrega del Puerto de Montevideo. La decisión del Ejecutivo despoja a la Administración Nacional de Puertos de un instrumento fundamental para cumplir sus funciones reguladoras y la soberanía sobre el Puerto.
Aclaran los frenteamplistas que su desacuerdo y la confrontación es con el gobierno, que guarda un llamativo silencio a sabiendas de la gravedad de su decisión. Denuncian que Lacalle y su equipo son los máximos responsables de una decisión que excede largamente su período de mandato. El contrato suscrito deja el puerto de Montevideo en manos de la mencionada empresa europea durante los próximos 60 años, hecho insólito para el país, con alta repercusión política y perjuicios a la economía.
Con anterioridad, el Frente había denunciado que los dos decretos del ejecutivo firmados en abril del pasado año para oficializar el acuerdo entre la multinacional belga y el gobierno, contaba con otro fuerte detractor, la empresa Montecon, competidora de Katoen Natie en el puerto de Montevideo, y se esperaba que también realizara una demanda.
En otro comunicado emitido entonces por el FA se esclarecía que un monopolio privado es de improbable regulación, por tanto el Estado se verá obligado a otras concesiones adicionales, perjudiciales para el país. Asimismo, denunció que es inadmisible que la relación con el sistema de puertos de la región quede subordinada a los intereses y la voluntad de una corporación extranjera, cuando debería estar siempre sometida al interés nacional.
La bancada del FA y otros legisladores uruguayos han cuestionado esa decisión del gobierno que impedirá al país usar ese enclave hasta el año 2081, fruto de un acuerdo que ata la política portuaria de pies y manos, y pone en tela de juicio la soberanía nacional.
Los frenteamplistas denunciaron que ese acuerdo es inconstitucional, ilegal e inconveniente. Según explicaron en el portal de ese Frente, es inconstitucional e ilegal porque viola normas de la Constitución y un conjunto de disposiciones como la Ley de Puertos, la de libre competencia y otras; e inconveniente porque afecta el comercio interno, a los exportadores e importadores uruguayos, y, “en definitiva, a nuestros bolsillos”.
En la denuncia se destaca que hay un conjunto de posibles ilícitos. “Hay un beneficio enorme para esta empresa privada por medio de este acuerdo, y hay un perjuicio enorme para la sociedad uruguaya en su conjunto”.
El puerto es la razón de ser del Uruguay, y su incidencia en la economía nacional, en lo social, en lo político, ahora se ve lacerada por este acuerdo, por lo cual el FA lo ha calificado como la mayor entrega de soberanía de la historia reciente del país.
(*) Periodista cubana. Colabora con Resumen Latinoamericano.
Foto de portada: Pedro Ugarte/ AFP/ Getty Images.
