Cero trato con la trata de personas en Cuba

Por Liset García * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La política de tolerancia cero que mantiene Cuba respecto a cualquier modalidad de trata de personas e infracciones conexas, indica que quien cometa atrocidades como las tipificadas en esos delitos, no tendrá manera de escapar al peso de las leyes cubanas.

Así lo confirma el informe anual presentado por el país ante Naciones Unidas, recién publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), en el que da cuenta de que gracias al reforzamiento de la prevención y el enfrentamiento, fue posible detectar y sancionar a varios comisores de ese delito en territorio cubano con participación de nacionales y extranjeros.

De acuerdo con el mencionado informe, el país cuenta con un programa a corto y mediano plazo que incluye la atención y el seguimiento a las víctimas de esos delitos, identificadas el pasado año. Asimismo da cuenta de que en 2021 fueron juzgadas 12 personas (7 mujeres y 5 hombres) por los tribunales de justicia, con sentencias que oscilan entre 5 y 20 años de privación de libertad.

Como parte de esos procesos penales se comprobó su abominable participación en causas tipificadas como trata con fines de corrupción de menores y de proxenetismo.

Por ser signataria del llamado Protocolo de Palermo y otros instrumentos jurídicos, Cuba trazó una estrategia contra esos hechos, al tiempo que continuó la cooperación con organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y homólogos de países de la región y europeos, en aras de enfrentar a estos delincuentes.

En 2017 el país avanzó frente a ese flagelo tras aprobar un acuerdo de su Consejo de Estado, dado a conocer en la Gaceta Oficial Extraordinaria # 33, del 2 de agosto de ese año, que consiste en un Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2017-2020), luego extendido durante un año más.

El mencionado plan es la herramienta fundamental de actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para enfrentar ese grave delito, cuyo nuevo programa de trabajo para el período 2022-2024, ya está en curso.

La trata de personas ha sido entendida como explotación forzada, o explotación de menores de edad, y está tipificada en el Protocolo que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).

Una de las primeras acciones del gobierno cubano a  partir del 1ro. de enero de 1959, fue poner en marcha programas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, en especial, mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para ello, estructuró un ordenamiento jurídico y creó las instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de estas políticas.

De ahí que se prohibieran los burdeles o casas de prostitución, política que no ha variado en estos años en aras de impedir la existencia de sitios en los que de cualquier forma se promueva, facilite o ejerza la explotación, incluida la explotación sexual.

Gracias a esa temprana acción y la política de tolerancia cero, en Cuba, según refiere el informe del Minrex, no hay redes delictivas de trata de personas y se mantiene una estricta observancia de prevención para aumentar la percepción de riesgo, al tiempo que se reprime y sanciona a quienes transgredan las leyes del país y los acuerdos internacionales en ese ámbito.

 

(*) Periodista cubana. Colabora con Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Cancilleria Cuba/ Twitter.

 

 

 

 

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