ALBA-TCP rechaza la destitución de Pedro Castillo y exhorta al diálogo en Perú

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) manifestaron su repudio a la destitución de un gobierno elegido en las urnas en Perú e instaron a todas las partes al diálogo.

Los jefes de Estado y de Gobierno y los jefes de delegaciones de los países de ALBA-TCP, reunidos el 14 de diciembre para la XXII cumbre en La Habana, Cuba, expresaron «solidaridad con el hermano pueblo peruano, quien se ha visto afectado por una grave crisis institucional prolongada».

«Rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra el Presidente Constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo; repudiamos la represión por parte de las fuerzas del orden contra el pueblo peruano que defiende a un gobierno elegido en las urnas y hacemos un llamado al diálogo, el entendimiento y la cordura de todos los actores políticos, económicos y sociales de la República del Perú, así como alzamos nuestra voz para que se garanticen los derechos fundamentales de este pueblo hermano», dice uno de los puntos de la declaración publicada por el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.

En otro punto, ALBA-TCP manifestó su más firme rechazo a lo que calificó como «acciones judiciales políticamente motivadas» contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, «líder clave de los procesos de integración de América Latina y del Caribe».

El 6 de diciembre, Fernańdez fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por «administración fraudulenta en perjuicio del Estado», en una causa conocida como Vialidad, en la que a la exmandataria la acusaron de irregularidades en la concesión de medios centenar de proyectos de obra pública. Por su parte, la vicepresidenta atribuyó su condena «a un Estado paralelo y a la mafia».

El 7 de diciembre, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó cerrar el Congreso y establecer un gobierno de excepción, acción que fue calificada por todos los estamentos del Estado como un quiebre del orden constitucional o un golpe de Estado. Por la acción de Castillo, el Parlamento lo destituyó y nombró como nueva jefa de Estado, por sucesión constitucional, a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

Tanto Boluarte como el Congreso son resistidos por la mayoría de peruanos que se están manifestando en protestas que, hasta la fecha, han causado la muerte de ocho civiles en enfrentamientos con la policía.

Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y la salida de la presidenta Boluarte mediante el inmediato adelanto de elecciones generales. En menor medida, exigen la liberación del expresidente Castillo (2021-2022) y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Tomado de Sputnik / Foto de portada: AP.

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