Perú: Corte Suprema ratifica prisión preventiva para expresidente

La Corte Suprema de Perú ratificó hoy la prisión preventiva por 18 meses que desde el 7 de diciembre cumple el expresidente Pedro Castillo, al rechazar una apelación de la defensa contra esa medida.

La Sala Penal de la citada corte declaró infundada la apelación a la prisión que debe guardar Castillo mientras es investigado por los presuntos delito de rebelión o, alternativamente, de conspiración y contra la tranquilidad pública.

Según la Fiscalía, Castillo incurrió en esos delitos al anunciar, el mismo 7 de septiembre, sin lograrlo, la disolución del Congreso que se le oponía y la reorganización de los organismos de justicia, entre otras medidas.

La corte desestimó por otra parte en la misma audiencia la apelación de la Fiscalía que pretendía que el ex primer ministro de Castillo, Aníbal Torres, deje de mantenerse en libertad con restricciones (condicional), también por 18 meses, como presunto coautor de los citados delitos.

Los jueces dictaron esa modalidad teniendo en cuanta la edad, 78 años, y los problemas de salud de Torres, aunque agregaron a las restricciones la prohibición de salir de Lima sin permiso judicial.

Durante la audiencia de alegatos de ayer, Castillo negó haber cometido los delitos de rebelión, porque no se ha alzado en armas, y el de conspiración, y afirmó que el nuevo gobierno de Dina Boluarte cometió el primero por la muerte de manifestantes en las protestas en su contra y el Parlamento el segundo por conspirar con otras instancias para terminar con su gobierno.

Entretanto, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final contra Castillo y sus exministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, por los delitos de integrar una organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

La acusación, que incluye un pedido de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de funciones públicas, será sometida a la Comisión Permanente del Congreso para su aprobación y, si recibe luz verde, pasará a debate final en el pleno parlamentario.

Según el informe aprobado, los nombrados incurrieron en esos delitos mediante la adjudicación irregular de contratos de obras públicas con empresas determinadas, de lo que se declaran inocentes Castillo y Alvarado, mientras Silva está prófugo.

Tomado de Prensa Latina.

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