Argentina: La lucha para que Cromañón sea un espacio de memoria

Por María Daniela Yaccar.

Brenda Re hace una pausa a su tarea de agrupar unos globos blancos que quedarán atados a la reja que rodea la Pirámide de Mayo. “Me gustaría que Cromañón se abra y se llene de luz. Que salga de la sombra”, expresa a Página/12. Tiene 38 años y es una de las sobrevivientes del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche de Once durante un recital de Callejeros. Ya pasaron casi 20 años y el inmueble sigue sin ser un espacio para la memoria, una lucha que comparten las nueve organizaciones de familiares de víctimas y sobrevivientes que surgieron luego del hecho. A un año de la ley que determinó la expropiación del lugar y su transformación para tal fin, convocaron en conjunto a un “No cumpleaños” porque la norma no se reglamentó y, por ende, no hubo avances.

Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria Los Pibes de Cromañón, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia tienen sus diferencias pero en esto coinciden: el edificio de la calle Mitre al 300 debe convertirse en un espacio para la memoria. Es, entre otras cosas, un modo de decir “nunca más”.

Este jueves, sus integrantes acompañan primero a las Madres de Plaza de Mayo en su ronda, gritan con ellas “¡Los pibes de Cromañón, presentes, ahora y siempre!”. Inflan y colocan globos y banderas alrededor de la Pirámide. También instalan unas mesas con 194 copas –mismo número para los globos: la cantidad de muertos– con los nombres y apellidos de las víctimas, para un “no brindis” de este “no cumpleaños”. Tres artistas que vienen acompañándolos en manifestaciones hacen un dibujo sobre el piso de la Plaza, con tiza. Representa el estancamiento del tiempo respecto de la mutación del espacio. Las zapatillas, símbolo esencial de la masacre, están en este dibujo y también en la mesa, al lado de las copas y junto a fotos de momentos emblemáticos de estos 19 años posteriores al incendio.

A fines de diciembre de 2018, el mismo Tribunal Oral Criminal 24 que en 2014 había condenado a cuatro años de prisión a los propietarios de Nueva Zarelux SA, sociedad offshore a nombre de Rafael Levy, dictó la restitución definitiva del local a sus dueños. “Supimos que todas las pertenencias y huellas tanto de fallecidos como de sobrevivientes fueron eliminadas por el mismo dueño”, dice Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, quien murió a los 18 años en Cromañón. Silvia, de Movimiento Cromañón, lee un documento consensuado por todos los grupos pasadas las 17.30. El texto repasa los detalles hasta la aparición de la ley y los problemas que aparecieron después.

En abril de 2019, el Movimiento presentó un proyecto de expropiación en la Legislatura porteña, iniciativa que no prosperó. A mediados de 2021, familiares y sobrevivientes de las nueve organizaciones pidieron apoyo a la Secretaría de Derechos Humanos para avanzar por la vía del Congreso. La ley tuvo la sanción definitiva en Senadores el 27 de octubre, con 60 votos a favor y sólo uno en contra. Declaró de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el edificio en donde funcionó el boliche. Se destinaría a la creación de un espacio dedicado a la memoria. 

La norma todavía no fue reglamentada. Los familiares y sobrevivientes tuvieron acceso a un borrador del Ejecutivo y manifestaron su desacuerdo: en el documento se ve reducida su participación en la gestión del espacio. No es lo acordado con la Secretaría. En junio presentaron un petitorio en Casa Rosada para tener una reunión con Alberto Fernández. No hubo respuesta. En medio de la movilización de este jueves hubo una convocatoria de la Secretaría de Derechos Humanos para retomar el diálogo. También, una promesa de que el Presidente firmaría un decreto para declarar al espacio como monumento histórico.

“Sin reglamentación no hay expropiación. Esa primera concreción debería abrir el camino para muchas otras acciones: tener la llave del boliche, tasar la propiedad, hacer una mensura, saber cómo está el lugar, organizarnos para determinar sus usos. La reglamentación tiene que definir quién es el sujeto expropiante y cuál será el papel de sobrevivientes y familiares en la gestión del lugar”, lee Silvia. “¿Está actuando en las sombras, otra vez, el empresario Levy y sus offshore? ¿Está intentando poner en marcha sus negocios sucios otra vez? ¿Quedará el espacio de memoria entrampado en disputas electorales?”: algunas preguntas del documento. Al final del acto, son leídos todos los nombres de las víctimas. Leen, entre otres, Lilian Sapiro –mamá tía de Silvina Ranieri– y Marisa Gómez –mamá de Gustavo Marchiano–. Se acercaron a compartir el encuentro la diputada Romina del Plá y la candidata a jefa de gobierno Vanina Biassi (ambas del FIT), Sergio Maldonado y madres de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.

Desde que el inmueble volvió a manos de Levy no sólo fueron tirados los objetos de los chicos y chicas y se taparon las huellas de las paredes. Las ventanas superiores fueron tapiadas. Hasta pusieron un sereno. “Tenemos incertidumbre estando tan cerca de una elección presidencial. El único interbloque de Diputados que no votó la expropiación fue el de La Libertad Avanza. Estuvo ausente. Su propuesta es la defensa irrestricta de la propiedad privada y la destrucción de la memoria”, advierte Nicolás Pappolla, sobreviviente, miembro de El Camino es Cultural. Y agrega: “El aporte más importante que podemos hacer es dejar testimonio, invitando al pueblo a generar su propia reflexión”. “Lo más importante de hacer memoria es escuchar a las víctimas. Tenemos la suerte de estar para contarlo. La mejor memoria es nuestra expresión de lo que vivimos”, define Brenda. No está segura de si se animará a entrar al lugar una vez que mute. No sabe qué podría pasarle. Pero tener las fuerzas para entrar y que se llene de luz son sus deseos.

Tomado de Página/12 / Fotos: Guadalupe Lombardo.