La entrega de un pasaporte al narco uruguayo Marset desata una crisis en el gobierno de Lacalle Pou
La entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset desató una grave crisis política en el gobierno de Luis Lacalle Pou: en pocos días, dos ministros y dos altos cargos dimitieron y trascendió que la Fiscalía podría investigar al presidente.
El escándalo trasciende las fronteras del país, porque Marset es señalado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido el año pasado en Colombia. Y el pasaporte le fue entregado mientras estaba encarcelado en Emiratos Árabes Unidos.
Lo que desató la crisis fueron las declaraciones a la Fiscalía de la exvicecanciller Carolina Ache, que motivaron la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro y viceministro del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, y el asesor de comunicación de la Presidencia, Roberto Lafluf.
Ache, que renunció en diciembre de 2022 porque según ella se negó a “cometer un delito”, entregó unos audios de una conversación, grabada por ella misma, con el entonces canciller.
En esos audios, él parecía querer ocultar a la Justicia un chat de WhatsApp en el que Maciel describía a Marset como “un narco muy peligroso”, reseña El Observador.
“Perder” el celular
La exvicecanciller dijo también que Bustillo le sugirió “perder” el celular, y que Labluf le propuso a ella y a Maciel que “borraran” los chats en una reunión que fue convocada a pedido de Lacalle Pou.
El tema era muy delicado, porque el chat era de noviembre de 2021, una época en la que se estaba tramitando el pasaporte uruguayo que Marset había solicitado, tras ser detenido en Dubái con un documento falso. La entrega de esa documentación habría facilitado su liberación.
Además, meses después, el canciller dijo en el Senado que en noviembre de 2021 desconocía quién era Marset. El propio Lacalle Pou aceptó la semana pasada las renuncias de Bustillo y Heber.
Declararía “por escrito”
El caso se complicó el lunes, cuando la Fiscalía confirmó que va a investigar “hechos de apariencia delictiva” en la entrega del pasaporte, basándose en la declaración y los audios de la exvicecanciller.
Y trascendió que, en medio de las pesquisas, podría ser citado a declarar el propio Lacalle Pou. En dichos a la prensa el miércoles, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Juan Gómez, señaló que en caso de que deba comparecer, lo hará por escrito.
El gobierno de Lacalle Pou defiende que, aunque hubiera sabido quién era Marset, habría tenido que concederle el pasaporte, porque un decreto de 2014 requiere tener en cuenta solo las causas penales abiertas en Uruguay -no en el exterior- para otorgarlo. En el momento del trámite, según el gobierno, todas las causas estaban cerradas.
Tomado de RT / Handout / Unitel / AFP
