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Declaración de la Asociación Americana de Juristas en rechazo a la escalada de agresiones, sanciones y amenazas militares del gobierno de los Estados Unidos contra la República de Cuba

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denuncia la escalada de agresiones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra la República de Cuba, que ha pasado de la imposición de sanciones económicas a la amenaza directa de intervención militar, violando de manera flagrante el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que rigen las relaciones entre los Estados soberanos.

El 29 de enero de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando falsamente al gobierno cubano una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense e imponiendo aranceles a los países que, en ejercicio de su soberanía, suministran petróleo y combustibles a Cuba. El 1 de mayo de 2026, una nueva Orden Ejecutiva amplió y profundizó este régimen de sanciones, estableciendo el bloqueo de bienes y activos de personas y entidades vinculadas al gobierno cubano, la prohibición de transacciones financieras, la suspensión de entrada de nacionales cubanos a Estados Unidos y la imposición de sanciones a instituciones financieras extranjeras que operen con Cuba. Estas medidas coercitivas unilaterales de corte imperialista evocan la Doctrina Monroe y constituyen una nueva vuelta de tuerca en 67 años de bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano.

El mismo día, el presidente Trump declaró públicamente en West Palm Beach, Florida, que Estados Unidos tomará el control de Cuba «casi de inmediato» una vez concluidas sus operaciones militares en Medio Oriente, y sugirió el posicionamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln en aguas cercanas a la costa cubana. Estas declaraciones constituyen una amenaza directa, clara e inaceptable contra la soberanía e integridad territorial de un Estado miembro de las Naciones Unidas. No se trata de declaraciones aisladas: desde enero de 2026, Trump había advertido a Cuba que hiciera «un trato antes de que sea demasiado tarde» y había planteado una «toma de control amistosa» de la isla, en el mismo período en que fuerzas militares estadounidenses operaban en Venezuela capturando a su presidente.

Las consecuencias humanitarias de estas medidas son devastadoras. El bloqueo al suministro de petróleo —que ha interrumpido envíos desde Venezuela, México y otras fuentes— ha provocado apagones de más de diez horas diarias en muchos lugares de la isla y llegado a casi 18 horas en La Habana, afectando el acceso al agua potable, la conservación de alimentos y el funcionamiento de servicios esenciales. El sector sanitario sufre cancelaciones de procedimientos clínicos y amenazas al funcionamiento de unidades de cuidados intensivos y al suministro de medicamentos que requieren refrigeración. El transporte público y privado ha sido gravemente interrumpido, aerolíneas internacionales han suspendido vuelos y la producción agrícola y la seguridad alimentaria de la población se han visto profundamente afectadas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación por el impacto de estas medidas sobre los derechos fundamentales del pueblo cubano, incluyendo el derecho a la salud, al agua potable, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado.

El conjunto de estas acciones viola principios fundamentales del derecho internacional: el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado; el Artículo 2(1) sobre igualdad soberana; el principio de no intervención e injerencia en los asuntos internos de los Estados; la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz adoptada en 2014; las numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba»; los Artículos I.1, II y XI del GATT y las normas de la Organización Mundial del Comercio; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La aplicación extraterritorial de sanciones a terceros Estados y entidades financieras extranjeras que comercian legítimamente con Cuba agrava aún más estas violaciones.

En este contexto, resulta imperioso recordar que los Estados Unidos ocupa, contra la voluntad del pueblo cubano, el territorio de la Base Naval de Guantánamo, por lo que la AAJ reitera su exigencia de cierre definitivo y devolución a la República de Cuba.

La AAJ también hace un llamado a recordar la histórica contribución solidaria de Cuba a la humanidad: su asistencia médica gratuita a decenas de países, su presencia en catástrofes y crisis humanitarias, su aporte en vacunas y avances científicos, y su papel en la formación de profesionales de todo el mundo, incluso durante la pandemia de COVID-19. La comunidad internacional tiene una deuda de reciprocidad con el pueblo cubano que hoy no puede ser ignorada.

Ante esta grave y peligrosa situación que atenta contra Cuba, la paz del Continente y el orden internacional, la AAJ:

1. Condena en los términos más enérgicos las amenazas de tomar el control militar de Cuba expresadas públicamente por el presidente Trump el 1 de mayo de 2026, incluyendo el anunciado posicionamiento de un portaaviones en aguas del Caribe, actos que constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, y que representan un peligroso precedente para la estabilidad regional y mundial.

2. Solicita al Secretario General de la ONU, António Guterres, que en el ejercicio de sus buenos oficios exija el respeto de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y convoque de urgencia al Consejo de Seguridad ante las amenazas militares explícitas contra un Estado soberano miembro de la organización.

3. Exige al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato de las amenazas de uso de la fuerza contra Cuba, el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial que se extiende por 67 años, y el fin de todas las medidas coercitivas unilaterales y de su aplicación extraterritorial; asimismo, que abra un diálogo que lleve a la devolución del territorio cubano ocupado en Guantánamo y a la reparación por los daños causados al pueblo cubano.

4. Insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas, y en particular a los de América Latina y el Caribe —región declarada zona de paz—, a pronunciarse con firmeza ante las amenazas militares contra Cuba y a adoptar medidas coordinadas en los organismos internacionales para preservar la soberanía de los pueblos y el principio de no intervención.

5. Llama a la solidaridad internacional de Estados, juristas, organizaciones sociales, parlamentarios y académicos del derecho de todo el mundo para denunciar esta escalada sin precedentes de hostilidades, defender los principios del derecho internacional y contribuir a preservar la paz en nuestra región y en el mundo.

A 3 de mayo de 2026.

Claudia V. Rocca Presidenta AAJ Continental

Vanessa Ramos Secretaria General

Tomado de AAJ / Foto de portada: Victor Villalba.

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