Desafíos de género desde el Parlamento cubano: Pistas para un enfoque integral
Por Ania Terrero
Un 55,74% por ciento de quienes integran la recién aprobada X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba son mujeres. El número, por sí solo, resulta alentador. Es el reflejo de cómo ellas, poco a poco, ganan protagonismo en los espacios de decisión política, económica, social y legislativa del país; pero está lejos de ser suficiente. No basta con que las mujeres estén ahí; también deben ocupar más puestos directivos dentro de esos escenarios. Y sobre todo, más allá de la representatividad, los desafíos de género deben ser cada vez más transversales al trabajo realizado desde el Parlamento como órgano nacional, y por sus diputados a partir de un vínculo más directo con las comunidades.
La aprobación de un documento con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) o de una disposición normativa como la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar son, sin dudas, pasos de avance en la lucha por la equidad de género en el país, pero no basta con que queden como tinta sobre un papel y el tiempo está corriendo. Garantizar su correcta y más ágil aplicación, a partir de procesos de seguimiento y control, y avanzar en otras iniciativas que contribuyan a desmontar patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos, es también asunto de quienes integran la Asamblea Nacional como órgano supremo del poder del Estado.
Precisamente por ello acciones como el I Taller Parlamentario por la Igualdad de Género “Adelanto de las Mujeres en Cuba: Desafíos desde el Poder Popular” constituyen un soplo de aire fresco; porque son una manera de conectar esfuerzos anteriores con el trabajo de la legislatura que recién comienza. Organizado este julio por la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer en alianza con el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, contó con la participación de cerca de 50 diputados, sobre todo de La Habana y Mayabeque, y se inscribió entre las acciones desarrolladas para avanzar hacia el logro de una cultura de igualdad.
Con la presencia de Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, el taller puso el foco sobre asuntos tan complejos como los nudos críticos para la implementación del PAM, los desafíos de la estrategia integral como política pública y los retos asociados al embarazo adolescente en Cuba.
Arelys Santana, titular de dicha Comisión, precisó que el perfeccionamiento del Poder Popular concibe la necesidad de un funcionamiento armónico del sistema de órganos que lo integran y dentro de él, el papel de las mujeres es cada vez más significativo. “De ahí el valor de la preparación de cada una de nosotras, para estar en condiciones de cumplir con nuestra misión legislativa y de control”, dijo.
Por su parte, Rosmery Santiesteban, segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), comentó que para esa organización constituye un privilegio poder compartir este espacio de trabajo, “que nos conducirá a escaños superiores en la gestión de Gobierno, para representar dignamente al pueblo y mantener las conquistas alcanzadas gracias a la vocación humanista de la mayor obra de justicia social: la Revolución Cubana”.
Mientras, Francisco Pichón remarcó que para Naciones Unidas, así como para los movimientos feministas y de mujeres a nivel mundial, es vital garantizar la paridad de género a nivel parlamentario, pero más allá de la representatividad surge cada vez más la urgencia de que la presencia de mujeres parlamentarias se acompañe de una verdadera conciencia de género.
“Necesitamos comprender a cabalidad que hay diferencias socialmente determinadas entre mujeres y hombres, basadas en un comportamiento aprendido y en un recorrido histórico y cultural que nos colocan en puntos de partida diferentes. Estas diferencias se expresan en todos los ámbitos de la vida, afectan la capacidad de las mujeres de acceder y controlar recursos, además de colocarlas en situaciones de inequidad, discriminación y violencias”, amplió.
Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, ¿qué viene ahora?
“En Cuba hemos conquistado muchas cosas, tenemos muchos avances, pero no podemos creer que todo está logrado en los temas de igualdad”, insistió Mayda Álvarez, investigadora del Centro de Estudios de la Mujer, durante el Panel “Miradas especializadas a desafíos de género en Cuba”, que centró los debates del Taller Parlamentario.
En ese camino, el PAM tiene como objetivo general promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades, refrendados en la Constitución de la República, así como profundizar en los factores objetivos y subjetivos que, como expresiones de discriminación, persisten en la sociedad cubana, y obstaculizan un mayor resultado en lo económico, político, social y familiar, a fin de su eliminación.
Para ello abarca siete áreas fundamentales: empoderamiento económico; medios de comunicación; educación , prevención y trabajo social; acceso a la toma de decisiones; legislación y derecho; salud sexual y reproductiva; y estadísticas e investigaciones.
La experta enumeró algunas de las dificultades identificadas a la hora de concretar el PAM en la práctica. Explicó que no todos los organismos han elaborado la Estrategia de Género con su plan de acción específico, ni el Protocolo para la prevención y atención a la violencia de género, como vías para su implementación. Pero además, aún no hay suficiente conocimiento entre los directivos sobre los documentos normativos, no hay seguimiento ni evaluación sistemática del cumplimiento de sus medidas y acciones y persiste una inestabilidad en el trabajo relativo a la igualdad de género. Poner el foco en esas limitantes y encontrar soluciones es parte del trabajo a desarrollar.
Álvarez resaltó que el PAM es un Decreto Presidencial, una agenda del Estado cubano con la participación de la FMC en su condición de mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, por lo que entre las funciones del Parlamento se encuentra darle seguimiento.
En función de ello, comentó, debe prestar atención a cuatro nudos estructurales: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos, la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados y finalmente, la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
Por una parte, son necesarias medidas específicas encaminadas al logro de la autonomía económica de las mujeres, la no discriminación en el ámbito laboral, la calificación y recalificación de las mismas, con miradas específicas y diferenciadas dirigidas al potencial de mujeres sin vínculo laboral, las jóvenes, las mujeres rurales, las que son el único sostén de sus hogares, amplió la investigadora.
Pero además, es necesario un cambio cultural, esa es una esencia transversal a todo el Programa, insistió. Por tanto, hace falta gestionar acciones vinculadas a la formación y capacitación en género de directivos, maestros y maestras, profesionales de la salud, operadores del derecho, dirigentes comunitarias y familias en general, y a la elaboración de productos comunicacionales que contribuyan a la eliminación de estereotipos.
También hay que incluir los temas de género en programas y planes de estudio de pre y posgrado, libros de texto y materiales didácticos; garantizar en la política de comunicación e información una cultura de igualdad, respeto a la diversidad y no discriminación; así como fortalecer la labor institucional dirigida a prevenir, atender y enfrentar la violencia de género e intrafamiliar, la prostitución, la trata de personas y todas las formas de discriminación.
Respecto al tercer nudo, Álvarez llamó a crear las condiciones para medir y valorar económicamente la contribución a la economía familiar y social del trabajo no remunerado de las mujeres; desarrollar alternativas para mejorar y ampliar los servicios relacionados con los cuidados y el trabajo doméstico y desplegar acciones de sensibilización y capacitación, particularmente encaminadas a la participación de los hombres en este tipo de tareas.
“La organización de dichos servicios debe basarse en el principio de la responsabilidad compartida entre el Estado, el sector no estatal, las comunidades ,las familias y entre el hombre y la mujer”, argumentó.
Finalmente, insistió en la necesidad de perfeccionar las políticas que posibiliten la promoción de las mujeres a todos los niveles de toma de decisiones, su empoderamiento e inclusión en el sistema de capacitación de dirigentes a todos los niveles y en los centros formadoras temas relativos a género, como forma de lograr la eliminación de patrones sexistas y discriminatorios.
Atención y prevención de la violencia de género, ¿qué papel juega el Parlamento?
La Estrategia Integral para la Prevención y Atención de la Violencia de Género y en el Escenario Familiar como política pública parte del reconocimiento y atención a las brechas de equidad de género en la sociedad cubana como parte de la voluntad política del Estado, de la creciente reflexión académica y del activismo comprometido de las mujeres, de organizaciones y actores sociales del país, indicó la investigadora y socióloga cubana Clotilde Proveyer en otro momento del Taller Parlamentario.
Sin embargo, persisten múltiples desafíos para garantizar su implementación y en ese camino, la Asamblea Nacional del Poder Popular puede jugar un papel fundamental. En primer lugar, indicó, es necesario perfeccionar y sistematizar una atención más integral de esta problemática basada en la intersectorialidad.
“El abordaje multidisciplinar del fenómeno resulta uno de los desafíos más importantes para el trabajo futuro, y en el mismo estamos comprometidos todos los actores sociales que por nuestro perfil y compromiso tenemos el encargo social de combatir la violencia de género. En este y en el resto de los desafíos tiene el Parlamento un papel crucial”, argumentó.
Como parte de la implementación de la Estrategia, hace falta priorizar el perfeccionamiento y la creación de servicios especializados que brinden una atención integral a las víctimas de la violencia, incluyendo una línea telefónica única. También se deben ampliar las acciones comunicativas sistemáticas de información, sensibilización y divulgación sobre el tema, mediante la acción especializada de profesionales capacitados, para desmontar del imaginario colectivo los “factores socioculturales de aceptabilidad”.
Para Proveyer, otros retos pasan por promover el desarrollo de cultura jurídica en la población sobre esta materia, continuar el perfeccionamiento legal y garantizar que los profesionales de la atención social, sanitaria, de emergencia, policial o jurídica posean los conocimientos, las herramientas teórico – metodológicas y la imprescindible perspectiva de género para una adecuada atención y prevención y no revictimización. Es importante también perfeccionar y sistematizar la producción de datos estadísticos confiables para la elaboración de políticas y programas y ampliar la participación de los actores sociales comunitarios-
“La prevención y la atención de la violencia se gana con la cultura, con la educación, esa es la piedra angular. No quiere decir que no necesitemos leyes perfectas para atender estos conflictos, que no necesitemos servicios de atención a las víctimas, todo eso es importante. Pero esos son los remedios, los paliativos, cuando ya el problema existe. Hay que trabajar para evitar el problema y eso implica cultivar desde el principio una conciencia de equidad”, insistió la investigadora.
Fecundidad adolescente en Cuba, retos tras las cifras
Según datos recientes, en el 2022 la tasa específica de la fecundidad del grupo entre 15 y 19 años se ubicó en 50,60 hijos por cada mil mujeres, y representó el 17,91 por ciento de la fecundidad total del país. Las cifras muestran las complejidades de un problema latente: el embarazo adolescente.
Durante la fase final del panel, Matilde Molina, Subdirectora del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), identificó entre las particularidades de la fecundidad adolescente en Cuba su resistencia al descenso. Aunque la tasa en ese grupo disminuye lentamente, a la par aumenta su peso respecto a la fecundidad total del país. Además, se acrecenta y acelera el diferencial por zona de residencia, el cual había logrado distancias muy cortas.
“Durante los recorridos realizados por especialistas del CEDEM por distintas provincias y municipios del país, constatamos una frecuente ocurrencia de embarazos no planificados ni deseados en mujeres adolescentes. Este comportamiento está focalizado en las provincias orientales y en varios municipios de estas; pero se va extendiendo a otras zonas del país”, relató.
Identificaron también dificultades en el acceso a los servicios de anticoncepción, la regulación menstrual y el aborto, pues no se garantiza que las adolescentes y sus familias puedan llegar más fácilmente a las instituciones sanitarias, independientemente de la zona de residencia. Por otra parte, persiste un inadecuado uso de métodos anticonceptivos que conllevan a embarazos no deseados, y propician la utilización indiscriminada de la regulación menstrual como método anticonceptivo. “Se percibe una ausencia de la percepción de riesgo y de la cultura sobre el comportamiento sexual y reproductivo”, insistió.
Para Molina, entre los retos para gestionar este conflicto se encuentra garantizar servicios de Salud Sexual y Reproductiva amigables con los adolescentes, como, por ejemplo: “eliminar las barreras de acceso oportuno a la anticoncepción -incluida la de emergencia- y la insuficiente disponibilidad de los métodos anticonceptivos más eficaces”.
No obstante, agregó, este no es un problema solo del Ministerio de Salud, es multisectorial, comunitario y familiar. Entre otros desafíos, hay que analizar el matrimonio temprano como una quiebra en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, ampliar los programas de intervención comunitaria a niñas, niños y adolescentes y empoderar más a las niñas y mujeres, para que adquieran mayor autonomía física, económica y política.
En sentido general, en definitiva, urge eliminar los prejuicios, las desigualdades entre hombres y mujeres y contribuir a que la sociedad cubana sea cada vez menos machista, concluyó.
Tras la intervención de las especialistas, diputados y diputadas coincidieron en que la agenda de género debe ser transversal al trabajo del Parlamento. En ese camino, es necesaria más y mejor capacitación sobre los desafíos y documentos vinculados con el tema.
Además, abogaron por la articulación de las acciones realizadas desde los niveles nacionales hasta el ámbito comunitario, con la integración de actores diversos, así como por un seguimiento y control de las normativas aprobadas para garantizar su puesta en práctica. El espíritu del encuentro dejó una conclusión clara: efectivamente, los primeros pasos están dados; pero aún queda mucho por hacer. Avanzar hacia una comprensión desde el Parlamento de los retos inaplazables constituye un paso fundamental en el camino por delante.
Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: ANPP
